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El juez investiga a Narcís Serra y a otros 14 ex altos cargos de Catalunya Caixa por un agujero de 720 millones

  • Indaga una presunta administración desleal en operaciones inmobiliarias
  • Entre 2000 y 2013 compró terrenos cuyos proyectos nunca se llevaron a cabo
  • La Fiscalía observa inversiones con "riesgo" y créditos "desporporcionados"
  • También contempla conflicto de intereses y otras irregularidades

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Fotografías de archivo del expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y el exdirector general, Adolf Todó.
Fotografías de archivo del expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y el exdirector general, Adolf Todó. EFE/ARCHIVO

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido investigar al expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, al ex director general Adolf Todó y a otros 13 altos cargos por presunta administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones de euros, según el auto del titular del juzgado central de Instrucción número 2 al que ha tenido acceso Efe fechado el pasado 1 de marzo y que ha sido adelantado por La Vanguardia

En el documento, Moreno responde a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que inició las diligencias a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y deja en sus manos la opción de ejecutar acciones civiles o penales en su calidad de entidad pública que compró la caja.

Entre los directivos investigados también figura Antonio Llardén, vicepresidentes de la caja en 2007 y actual presidente de Enagás, relacionado -al igual que los otros catorce- con una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013 en las que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50% junto con otros socios y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM).

Inversiones con "riesgo" y créditos "desporporcionados"

La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España, Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión", para, finalmente, no poder desarrollar los proyectos comprometidos.

De este modo, la entidad habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y habría concedido créditos "desproporcionados". De acuerdo con la valoración de la Fiscalía, el consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta seis millones, elevó estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente; posteriormente, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real.

En su investigación, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos: el primero, entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos "relevantes"; y el segundo, entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.

Entre los años 2001 y 2007 se acometieron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos. Por estos motivos, la Fiscalía considera que no se protegían los intereses de la entidad con cláusulas al efecto, y cuando si se incluían estas cláusulas, no fueron ejecutadas o se mostraron inútiles.

Conflicto de intereses e irregularidades en la separación de socios

También se ha detectado la existencia de conflicto de intereses, ya que algunos de los terrenos eran propiedad de alguno de los socios, y, en algunos casos, las operaciones inmobiliarias se llevaron a cabo sin la pertinente autorización de la Comisión Ejecutiva.

Por otra parte, la Fiscalía también ha detectado irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales. El escrito fiscal apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria "fue un error" que supuso un mayor perjuicio.

Serra y Todó tienen otra causa pendiente, por los sobresueldos que cobraron a partir de 2010, después de que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitara el pasado 27 de febrero la apertura de juicio oral contra ambos.

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