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TVE ha tenido acceso a las declaraciones de los consejeros catalanes cesados que comparecieron el 2 de noviembre en la Audiencia Nacional. Solo respondieron a sus defensas, que se centraban en preguntar si promovieron la violencia con sus actuaciones. Allí, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, contestó que él es "creyente" y, en consecuencia, le parece "fuera de lugar" "cualquier cosa relacionada con la violencia". Por su parte, Joaquim Forn, exconsejero de Interior, aseguró que no tenía intención de poner a los Mossos en contra de los mandatos judiciales, porque estos "tenían que cumplirse".

El constructor David Marjaliza ha asegurado que hubo chivatazo de un guardia civil al exconsejero del PP de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y reconoce que destruyó pruebas porque él se lo pidió y que le dijo incluso como hacerlo, aprovechando un día de niebla para que no le vieran. El primer juicio por la trama Púnica ha quedado visto para sentencia.
 

Los ocho exmiembros del Gobierno catalán que permanecen en prisión estudian declarar ante la Justicia de forma expresa que van a actuar dentro del marco constitucional -para así demostrar que el riesgo de reiteración delictiva se ha minimizado- y recuperar su libertad. Según cuentan a RNE fuentes de sus defensas, los abogados buscan una estrategia común, como la que siguieron los miembros de la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo, si bien hay aún diferencias.

Algunos letrados creen que los exconsellers deben pedir cuanto antes a la juez que les envió a prisión, Carmen Lamela, que les cite a declarar. Sin embargo, otros consideran más conveniente a que el Tribunal Supremo asuma la causa de la Audiencia Nacional como solicitó este viernes el abogado Carme Forcadell, Andreu Van Den Eynde, el mismo que representa a Oriol Junqueras, Dolors Bassa (ambos de ERC) y a Raül Romeva.

Según fuentes fiscales consultadas por RNE, el Ministerio Público valorará si suaviza su criterio y solicita otras medidas que permitan a los ocho exmiembros del Gobierno catalán salir de prisión. La Fiscalía advierte que la posición de los exmiembros del Govern debe quedar suficientemente acreditada: no es lo mismo un arrepentimiento instrumental, con el único fin de salir de prisión, que mostrar esa actitud desde el inicio del procedimiento.

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