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Educación reunirá a las comunidades para regular el acceso a la Universidad

  • Definirá la prueba de acceso a la universidad, que será parecida a la actual
  • El Gobierno reformará la Lomce para suspender los efectos de las reválidas
  • Méndez de Vigo apuesta por la "autonomía de los centros" sobre los deberes

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El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo
El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. REUTERS

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado este viernes que este mes convocará a las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial para tratar el tema de las reválidas y dar "tranquilidad" a los estudiantes que este curso deben realizar las citadas pruebas, particularmente los de Bachillerato.

El departamento de Educación tiene que establecer las características de estas evaluaciones, especialmente necesario en el caso de Bachillerato, porque serán las que van a sustituir este curso a la antigua PAU (Selectividad). Los alumnos de 2º de Bachillerato todavía no saben en qué van a consistir exactamente estas pruebas para acceder a la Universidad, dos meses después del arranque del curso académico, pero el ministro ha subrayado que va a ser "similar" a la que había hasta ahora.

Méndez de Vigo ha asegurado que el jueves firmó la orden para que se reúna la Comisión General de Educación, previa a la Sectorial de noviembre, con el fin de "dar tranquilidad a todos los estudiantes, especialmente los que tengan que hacer ingreso en la facultad". El Gobierno tiene de plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar esta orden ministerial. Además de pasar por la Sectorial de Educación tiene que ser dictaminada primero por el Consejo Escolar del Estado, que actualmente está bloqueado sin altos cargos que lo puedan convocar.

Además, en su primera rueda de prensa como portavoz del nuevo Ejecutivo, ha anunciado también una "modificación legislativa" de la ley educativa, la LOMCE, con el fin de suspender los efectos académicos de estas pruebas finales de 4º de la ESO y de segundo de Bachillerato.

El Gobierno da así curso a lo que prometió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el transcurso del debate de investidura, a petición de los socialistas y al día siguiente de una huelga secundada por miles de estudiantes para que estas pruebas fueran suprimidas. Rajoy aseguró que las reválidas no tendrían efectos académicos hasta que se alcance un nuevo pacto educativo, que pretende construir en los próximos meses.

A la espera de un pacto educativo

Méndez de Vigo, que es partidario de las evaluaciones finales para conocer el éxito del sistema educativo, asumirá así este mandato, que figura en el pacto de investidura con Ciudadanos, y que además responde al propio calendario de aplicación de la Lomce, que establecía que en este curso 2016-2017 las pruebas de ESO y Bachillerato no son necesarias para obtener el título de la etapa. Sin embargo, la de Bachillerato si servirá para acceder a la Universidad porque sustituye a la Selectividad.

Aunque la ley y el decreto que regulan estas pruebas prevén que estas pruebas no impidan tampoco a los alumnos de la ESO pasar a una etapa superior en caso de suspenso, el Ministerio de Educación quiere con esta norma que sigan sin tener consecuencias académicas en los siguientes si no se ha alcanzado el consenso en Educación.

La mayor parte de los grupos parlamentarios son partidarios de la derogación de la LOMCE y de aprobar una nueva ley en base al pacto, pero Rajoy subrayó durante su discurso de investidura que las modificaciones no harán en ningún caso que se cambie la normativa actual por otra nueva.

La huelga de deberes, una "mala idea"

Por otra parte, el renovado ministro de Educación también ha valorado la huelga de deberes que plantea para este fin de semana la Confederación Española de Padres y Madres (CEAPA) como una "mala idea", aunque se ha mostrado dispuesto a abordar el debate "que está en la sociedad" sobre la carga de tareas para los escolares.

Con todo, Méndez de Vigo ha manifestado su preferencia por "la autonomía de los centros escolares" y la confianza en el criterio de profesores y responsables educativos para decidir sobre los deberes de los alumnos y ha pedido "tranquilidad, sosiego" y "espíritu colaborativo".

En su opinión, el tema podría abordarse dentro del futuro Pacto de Estado por la Educación, cuyos trabajos comenzarán próximamente con la creación de una subcomisión en el Congreso.

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