El juez investigará al embajador en Kabul por el atentado en el que murieron dos policías españoles

• Familiares de un fallecido se querellaron por falta de medidas de seguridad
• El juez Pedraz la admite a trámite por presuntos delitos de homicidio imprudente
• Los informes revelaron escasas condiciones de seguridad, según el juez
• Tales como garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera

Agentes afganos custodian el lugar dónde se ha perpetrado el ataque en Kabul

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra el embajador y el segundo embajador de España en Afganistán, Emilio Pérez de Agreda y Oriol Solá, respectivamente, por falta de medidas de seguridad en el atentado contra la Embajada en Kabul, Afganistán, en 2015, en el que murieron dos policías españoles.

El juez Pedraz abrirá una investigación a raíz de la querella que presentó la familia de uno de los policías fallecidos por falta de medidas de seguridad en el atentado, y el juez solicita la declaración en calidad de responsabilidad civil subsidiaria del ministerio del Interior, así como la del Ministerio de Asuntos Exteriores en calidad de responsabilidad delita por un presunto delito de homicidio imprudente y siete de homicidio imprudente en grado de tentativa en relación con la falta de medidas de seguridad en el citado atentado.

El atentado tuvo lugar en diciembre del pasado año, cuando un grupo talibán perpetró un ataque junto a la embajada de España de la capital afgana, en el que resultaron muertos un agente de Policía nacional español, el agente Isidro Gabino Sanmartín Hernández y posteriormente el subinspector de la Policía nacional Jorge Garcia Tudela.

En el ataque murieron diez personas, entre ellas los dos policías españoles y cuatro agentes afganos, y otras nueve resultaron heridas.

Días después, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aclaró que el asalto no fue contra la embajada española como se había informado en un primer momento. Además, los talibanes reivindicaron la autoría del ataque al anunciar que algunos de sus militantes habían accedido a una "casa de huéspedes" en la capital afgana.

Garitas de paja, ventanas de plástico o puertas de madera

El juez Pedraz sostiene en el auto con el que admite a trámite la querella a que, en los inicios, ya se intentó dejar constancia tanto al embajador español en Afganistán como al ministerio de Exteriores de las carencias en materia de seguridad de las instalaciones.

En dicho auto, el magistrado indica que en los años 2012 y 2013 "se sustituyó la vigilancia y protección de los GEO por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía", lo que hizo aumentar los informes sobre "ausencia de seguridad y riesgo para las vidas de los allí destinados"; informes, además, que hacían llegar al embajador al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Dichos informes señalaron que las instalaciones eran deficientes para el lugar donde se encontraban, y el juez nombra algunos detalles como "garitas de paja", "ventanas de plástico" o "puertas de madera", entre otros, contando además con una partida en los presupuestos de tan solo 5.000 euros en el año 2011, lo que hizo solamente que "se cambiasen las puertas de madera por puertas de latón".

Además, tales informes reflejaron que el edificio principal del consulado español no cumplía el perímetro de seguridad de la calle, al encontrarse además en un barrio rodeado por casas de militares así como por 'señores de la guerra'.

El embajador "nunca atendió" las peticiones de seguridad

"A pesar de las recomendaciones y peticiones de dotar de mayor seguridad a la sede diplomática", sigue razonando el juez en su auto, "el señor Pérez de Agreda nunca las atendió", dice Pedraz, ni sobre las deficiencias de las estructuras, ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un "mutismo absoluto" ante el Ministerio de Exteriores, pese a los informes del Cuerpo de Seguridad sobre estos asuntos.

El segundo embajador español en Afganistán, el también querellado Oriol Solá Pardel, tampoco respetaba ninguna medida de seguridad, según el juez, que añade en el auto que "ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio", al permitir el trasiego de mercaderes que paseaban por la embajada, consintiendo la "entrada de coches, furgonetas y camiones con joyas, alfombras y otros enseres, sin avisar con tiempo suficiente a los equipos de custodia y seguridad para identificación de personas y cosas".

Francia alertó esa mañana de riesgo de atentado

Otro de los razonamientos jurídicos que expone Pedraz en su auto es que, en la mañana de ese 11 de diciembre de 2015 -fecha en la que se perpetró el ataque- los servicios secretos franceses alertaron de riesgo de atentado contra la embajada española.

En esta línea, Pedraz denuncia que este hecho "debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad, y que hubiera evitado que esa tarde un coche bomba hiciera explosión contra los muros de la legación española".