El Congreso aprueba que los secretarios judiciales también puedan celebrar bodas y divorcios

• El Gobierno ya había extendido esta atribución a notarios y registradores
• La ley aprobada por el PP eleva de 14 a 16 la edad para contraer matrimonio
• Los jueces de paz podrán seguir ejecutando actos de conciliación

El Congreso aprueba que los secretarios judiciales también puedan celebrar bodas

La Comisión de Justicia con competencia legislativa plena ha aprobado con el voto del PP el Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria que permitirá a los notarios celebrar matrimonios y separaciones y divorcios de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores de edad ni personas con discapacidad, y que también eleva la edad mínima para casarse de 14 a 16 años.

El texto que sale del Congreso poco tiene que ver con el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, que ampliaba el catálogo de actos hasta ahora a cargo de los jueces que debían desempeñar en exclusividad otros operadores jurídicos, principalmente notarios y registradores.

Esta exclusividad ha desaparecido, modificada a través de las 82 enmiendas introducidas por el PP y destinadas a ampliar estas atribuciones a los secretarios judiciales, como alternativa a los anteriores, "para evitar situaciones de imposibilidad de ejercicio de un derecho, que hasta ahora era gratuito, por falta de medios".

De esta forma serán competentes para celebrar el matrimonio el alcalde del municipio o concejal en quien este delegue, el notario, el secretario judicial, el encargado del Registro Civil así como el funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el extranjero.

La ley eleva, además, de 14 a 16 años la edad para contraer matrimonio, de acuerdo con la propuesta realizada por los Ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De esta forma, se equiparan en la legislación española la edad de consentimiento sexual, fijada en 16 en la última reforma del Código Penal, con la de contraer matrimonio.

Además, la ley introduce el reconocimiento de efectos civiles de los matrimonios celebrados por los ritos budista, mormón, ortodoxo y de los testigos de Jehová, que se unen así a la católica, musulmana y judía.

Superada la votación, con el voto en contra del PSOE, UPyD e Izquierda Plural y la abstención de CiU y PNV, la norma pasará directamente al Senado, sin necesidad de ser elevada antes a Pleno. Si allí se introduce algún cambio, el texto volverá al Congreso para que este decida en Pleno si ratifica o no estas modificaciones. Si mantiene el texto enviado por el Congreso, quedará aprobado como ley.

Ampliar competencias para liberar a los jueces

En líneas generales, la norma trata de liberar a los jueces de tareas que no son estrictamente jurisdiccionales en las que no haya litigio entre partes, con el fin de descongestionar la Administración de Justicia, para que determinados asuntos sean resueltos por otros operadores como notarios, registradores y secretarios judiciales.

Así, por ejemplo, un ciudadano podrá optar por casarse de forma gratuita ante un secretario judicial o acudir a un notario mediante pago, en caso de que prefiera ganar tiempo en la tramitación de su expediente de matrimonio.

Entre otras novedades, la nueva ley permitirá celebrar a los jueces de paz actos de conciliación cuando la cantidad no supere los 6.000 euros, y establece la necesidad de que abogados y procuradores estén presentes en aquellos asuntos en que exista controversia entre las partes.

La votación de esta cuestión ha provocado una confrontación en la Comisión ya que los 'populares' que se habían mostrado en un inicio favorables a respaldarla han anunciado al diputado catalán Jordi Jané que retiraban su apoyo. Finalmente, el PP ha modificado esta postura, por lo que la iniciativa ha salido adelante.

Nuevas funciones

La reforma aprobada amplía a los secretarios judiciales otras atribuciones conferidas en un inicio a notarios y registradores de la propiedad. Por ejemplo, se ocuparán de autorizar a reclamar créditos vencidos que formen parte de un usufructo y de los expedientes de deslinde de fincas que no estén inscritas en el registro de la propiedad. También dependerán de ellos las subastas electrónicas.

El Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno ya les capacitaba para nombrar defensores judiciales, declararán ausencias y fallecimientos, actos de conciliación y nombrarán al administrador, liquidador o interventor de entidades. Intervendrán también en otros actos como la renuncia o prórroga del cargo de albacea, la designación de éste y la aprobación de la partición de la herencia.

La Jurisdicción Voluntaria será de aplicación en algunas materias del orden civil y mercantil, ya que serán los jueces quienes resuelvan los expedientes en materia de personas y familia, como los derechos de menores o las donaciones de órganos, al tiempo que se ocupará también a varios asuntos en materia mercantil y de derecho sucesorio.

La norma establece que el fiscal deberá intervenir en los asuntos de menores, personas con capacidad judicialmente modificada y cuando lo justifique el interés público. Los beneficiarios de la justicia gratuita contarán con una bonificación del 80% en estos expedientes notariales y registrales.

El PSOE critica una ley "privatizadora"

En el debate parlamentario, todos los grupos han defendido la necesidad de regular la jurisdicción voluntaria en el ordenamiento jurídico, si bien la oposición ha denunciado la "excesiva" atribución de funciones a registradores y notarios, así como las "numerosas autoenmiendas" del PP que han creado un "texto nuevo".

El representante del PSOE Gabriel Echávarri ha denunciado que el texto supone un "fraude de ley", ya que los populares han enmendado la mayoría de su propio articulado, al tiempo que ha señalado que la reforma "privatiza" la Jurisdicción Voluntaria, haciendo que cuestiones que antes se ventilaban en los juzgados pasen ahora a otros operadores jurídicos "bajo pago", para "beneficiar a notarios y registradores".

Más crítico ha sido que Gaspar Llamazares (Izquierda Plural), que ha señalado que la norma responde a "una opción política concreta y no al interés general" y ha advertido de que "no debería llevarse a cabo sin la redefinición de notarios y registradores como funcionarios públicos".

La diputada del PP Beatriz Escudero ha asegurado que la nueva norma es "puro procedimiento que nace para dar respuesta a los problemas de las personas". "Racionaliza el sistema, conecta con la realidad social", ha precisado y ha agregado que busca un procedimiento garantista, desjudicializado en algunos ámbitos y con redistribución de competencias, y alternatividad con carácter preferente.