El Gobierno envía al Congreso su rechazo a la consulta soberanista pero no se opone a tramitarla

• El Ejecutivo recuerda que la Constitución no prevé "consultas especulativas"
• Artur Mas reprocha al Gobierno español su posición de "dureza"

El Gobierno envía al Congreso su rechazo a la consulta soberanista catalana

El Gobierno ha enviado al Congreso de los Diputados un documento  en el que pone de manifiesto su rechazo a la resolución del  Parlamento catalán sobre la celebración de la consulta, pero no se  opone a tramitarla, según recoge el documento elaborado por la  Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

Así, el Gobierno traslada a la Cámara Baja que "la Proposición de  Ley Orgánica de delegación en la Generalitat de Cataluña de la  competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre  el futuro político de Cataluña, presentada por el Parlamento de  Cataluña no supone aumento de créditos o disminución de ingresos que  afecten a los Presupuestos Generales del Estado", por lo que no se  opone a tramitarla en el Congreso.

No obstante, el Ejecutivo de Mariano Rajoy recuerda que los  referendos consultivos están previstos en la Constitución "sola y

únicamente para someter a consulta de los ciudadanos decisiones  políticas de especial trascendencia". "Sólo puede consultarse lo que  se va a decidir: no caben consultas meramente especulativas",  agrega.

"Y si Cataluña sola, de manera unilateral, no puede decidir  jurídicamente su separación de España, tampoco lo puede técnicamente  consultar. Y si no puede consultarlo, no puede delegársele la  facultad correspondiente, pues estaríamos ante una de las facultades  que con arreglo al mismo artículo 150.2 de la Constitución, por su  propia naturaleza no sería susceptible de transferencia o  delegación", explica el Gobierno en este documento, firmado por el  secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

Según el Gobierno, "conviene advertir que ni el aspecto formal -la delegación de la competencia-, ni el fondo del asunto -el  objeto del referéndum que se pretende convocar-, tienen cabida en  nuestro marco constitucional".

En este sentido, indica que el referéndum está "claramente"  configurado en la Constitución como una "manifestación del derecho de  participación política", que goza del carácter de "derecho  fundamental", por lo que "la regulación de las condiciones básicas  que garanticen la igualdad de todos los españoles en su ejercicio  corresponde exclusivamente al Estado".

Competencia estatal

Además, destaca que el artículo 150.2 de la Constitución "prevé  sólo la transferencia de facultades correspondientes a materia de  competencia estatal,  pero no la competencia estatal, toda ella, en sí  misma". "Se pretende como objeto de delegación una facultad que  supondría un vaciamiento completo de la competencia del Estado",  subraya.

"La eventual aprobación de la iniciativa en los términos  propuestos podría suponer una vulneración de la Constitución en la  medida en que con ella se pretende la delegación de una facultad o  competencia que por su propia naturaleza no es susceptible de  transferencia o delegación", añade.

Por otra parte, afirma que el objeto de la consulta al que se  refiere la iniciativa legislativa "se concreta en la decisión de los  catalanes sobre el futuro político colectivo de Cataluña, sin tener  en cuenta que, de acuerdo con el artículo 1.2 de la Constitución, la  soberanía nacional reside en el pueblo español".

"La consulta, cuya celebración se pretende, es también  inconciliable con el artículo 2, al oponerse frontalmente al propio  fundamento de la Constitución, la indisolubilidad de la Nación y la  indivisibilidad de la patria de todos los españoles", remarca.

El Ejecutivo considera que "debe tenerse en cuenta que las  comunidades autónomas carecen, desde la perspectiva constitucional  misma, de competencia para adoptar decisiones políticas que afecten  directamente en el plano jurídico al conjunto del Estado".

Por ello, considera que "admitir la delegación de la facultad de  autorización de un referéndum que tiene por objeto que los ciudadanos  de Cataluña se pronuncien sobre el futuro político de Cataluña,  equivaldría a proclamar que, por su sola decisión unilateral, puede  disolverse lo que la Constitución proclama indisoluble y dividirse lo  que la Norma Suprema declara indivisible".

"La pretensión última, lo que se reclama a través del ejercicio de  la competencia cuya delegación se solicita, es transferir una  decisión que afecta al conjunto de los españoles a una parte de  ellos. Ni este Gobierno, ni las Cortes Generales, ni el Parlamento de  Cataluña pueden legítimamente privar de manera unilateral al conjunto  del pueblo español, único titular de la soberanía, de su derecho a  decidir sobre su futuro colectivo", zanja.

Mas reprocha la "posición de dureza" del Gobierno español

Poco después de conocerse el contenido del escrito, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha reprochado al Gobierno español su "posición de dureza, basada en el 'ordeno y mando', y muy 'hard'" para oponerse a la consulta que se desea hacer en Cataluña, y la ha contrapuesto con los valores catalanes 'soft' basados "en el trato y el pacto".

Aunque Mas no se ha referido de forma explícita a este escrito enviado por el Gobierno central al Congreso, sí que ha hecho una referencia indirecta a la forma de actuar del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

Según Mas, en la "dialéctica" entre los gobiernos español y catalán "estamos viendo un enfrentamiento entre dos sistemas de valores distintos", algo que según él se refleja en el proceso de convocatoria de la consulta soberanista catalana "con la reacción de Madrid, muy basada en el orgullo propio, en la dureza de la posición, en el 'ordeno y mando', muy 'hard'".

"En contraposición -ha añadido-, en Cataluña los valores están muy marcados por la forma de hacer durante muchos años de los comerciantes y la industria", que han determinado que siempre "se busque el trato y el pacto, que son valores muy 'soft'".

Según el presidente de la Generalitat, "tenemos la oportunidad de construir un país nuevo, aunque somos un pueblo muy antiguo con una historia milenaria, pero ahora podemos renovar Cataluña" y "quizás este país pueda hacer una Constitución propia".

"¿Os imagináis que podamos hacer esto?", ha preguntado Mas al público asistente al acto, compuesto mayoritariamente por mujeres, antes de añadir que si Cataluña puede plasmar en su propia Constitución su "sistema de valores" y "sus raíces" puede encarar "un futuro con muchas oportunidades".