El Gobierno estudia una reforma legal que ampare las devoluciones sobre la marcha de inmigrantes

• El Gobierno ha creado un grupo de trabajo con este objetivo
• No se descarta un protocolo de actuación para los agentes en frontera
• Pretende hacer el marco jurídico compatible con la normativa comunitaria

El Gobierno estudia una reforma legal que ampare devoluciones sobre la marcha de inmigrantes

El Gobierno estudia una reforma legal que garantice la legalidad de las devoluciones sobre la marcha de los inmigrantes que intentan introducirse de forma irregular en España, como es el caso de aquellos que llegan desde sus países de origen intentan entrar en Ceuta y Melilla a través de Marruecos, según fuentes oficiales recogidas por Efe y Europa Press.

Las devoluciones son ya práctica habitual en Ceuta y Melilla por medio de un  convenio de readmisión suscrito con el reino alauí que no está  recogido en la normativa actual. De hecho, se puso en práctica en el asalto frustrado del pasado 6 de febrero en Ceuta, en el que 15 inmigrantes murieron, cuando un grupo de ellos fue devuelto a las autoridades marroquíes después de alcanzar la playa de Tarajal.

Precisamente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido por primera vez a este asunto para asegurar que "determinados sectores" quieren hacer "sospechosos" a los guardias civiles sobre "no sé qué comportamientos" y "yo me niego a eso".

Según han explicado las fuentes oficiales "se ha  creado un grupo de trabajo embrionario que está en fase muy  incipiente" con objetivo de encontrar "la fórmula para modificar el  marco jurídico haciéndolo compatible con el derecho comunitario para  que estén contemplados los rechazos en frontera".

Un protocolo de actuación

La reforma en estudio, según las mismas fuentes, "no significa necesariamente"  modificar la Ley de Extranjería, sino que puede implicar "alguna  pequeña modificación" en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del  Estado. En este sentido, no se descarta la redacción de un protocolo  específico que defina la forma de actuar en estos casos, tal y como  venían demandando las asociaciones de guardias civiles.

No obstante, una de las posibilidades objeto de estudio es  extender la figura del "rechazo en frontera", que se utiliza en  puertos y aeropuertos, a zonas como el litoral de Ceuta y Melilla.

Esta fórmula permite a los agentes de puestos fronterizos como  Barajas embarcar de vuelta al país de origen a los extranjeros que no  tengan autorización, pues se entiende que no han entrado en el país  al no haber superado el control de pasaportes. Aplicarlo en la costa  permitiría devolver 'en caliente' a Marruecos a los recién llegados.

Normativa sobre devoluciones

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha afirmado que  la intención va más en sentido de tocar la Ley de Extranjería, pues,  según ha dicho en rueda de prensa en la Cámara Baja, le "consta que  se está estudiando" modificar la normativa en relación a dichas  devoluciones en caliente, dado que la aplicación del convenio con  Marruecos puede llevar a "puntos no resueltos" en la normativa  actual. Su grupo parlamentario también está analizando esta  cuestión.

"Cómo se lleva a cabo y qué requisitos tiene está regulado en el  reglamento y parece que da lugar a problemas y eso sí se quiere  revisar para tener una garantía de que en cualquier caso pueda  funcionar bien. El tratado se firmó hace años para hacer inútil el  esfuerzo de las mafias. Está bien que se estudie para que haya más  seguridad", ha dicho el portavoz 'popular'.

En este punto, ha insistido en que es necesaria la colaboración  tanto de la UE como de otros partidos políticos para proteger la  frontera. La vicepresidenta del Gobierno señaló el pasado viernes la  existencia  de "deficiencias" en la aplicación de la legislación en  las ciudades  autónomas.

Acuerdo de readmisión con Marruecos

En la actualidad, no hay un protocolo que  establezca oficialmente si debe aplicarse el acuerdo de readmisión  con Marruecos o la Ley de Extranjería y en la práctica, muchos  inmigrantes acaban siendo entregados a las fuerzas marroquíes sin que  haya mediado ninguna de estas herramientas.

La Ley de Extranjería, reformada cuatro veces desde el año 2000,  establece que ante la entrada de un inmigrante sin autorización en  territorio nacional por un puesto no habilitado, debe ser trasladado  a dependencias policiales, donde contará con un intérprete y  asistencia letrada. Después será identificado, se le ofrecerá la posibilidad  de pedir asilo y se tramitará si es el caso, el correspondiente  expediente para proceder a su devolución al país del que salió.

Mientras, el acuerdo de readmisión con Marruecos, que data de 1992 pero no  ha entrado en vigor hasta octubre de 2012, permite que los recién  llegados desde su territorio sean directamente entregados a las  fuerzas marroquíes de las que se zafaron, eso sí, previo paso por  dependencias policiales donde, de nuevo, se les tratará de  identificar para entregar cuanta información sobre ellos sea posible  al reino alauí.

De hecho, el tratado da diez días de margen a las  autoridades españolas desde que se produce la entrada ilegal para  poder recabar todos estos datos. Marruecos, además,  debe certificar que ha recibido a cada una de  las personas que España entregue y será responsable de su  deportación, asegurándose que "son enviados lo antes posible a su  Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje, en la medida  en que no tengan derecho a permanecer" en su territorio.

No fueron identificados ni llevados a comisaría

Las ONG, como Prodein, vienen documentando en vídeo que ninguna de estas  previsiones se cumple en la frontera de Melilla.

El propio ministro  del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras admitir que podría  incumplirse la legislación "en casos puntuales", dijo en sede  parlamentaria que en la tragedia de Ceuta, donde 23 inmigrantes  consiguieron alcanzar la playa en un intento que se cobró la vida de  al menos 15 personas, tampoco se acató: los extranjeros no fueron  identificados ni trasladados a comisaría.

El ministro argumentó que esta práctica era "política de Estado"  desde el año 2005, que se trata de un "concepto operativo" por el que  se "retrotrae" a la orilla del mar la línea imaginaria que separa las  aguas marroquíes de las españolas para no tener que rechazar a los  inmigrantes dentro del mar.

Así, cuando llegan a la playa y mientras no superen el cordón  policial desplegado sobre la arena, no se considera que han entrado  en España, como se hace en los aeropuertos antes del control de  pasaportes, y son devueltos sobre la marcha sin aplicarles la  legislación. Para la Abogacía española esto es "una barbaridad" desde  el punto de vista jurídico que no tiene ningún amparo legal en  España.