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El exviceconsejero de Empleo Barberá, último alto cargo que declarará ante la juez de los ERE

  • Prestará declaración como imputado este viernes
  • El exviceconsejero de 2004 a 2010, el quinto alto cargo que comparece
  • Está imputado porque conocería la "falta de legalidad" de los procedimientos
  • Han declarado un consejero, un viceconsejero y tres ex directores generales

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La juez que investiga los ERE fraudulentos toma declaración mañana viernes como imputado a Agustín Barberá,  viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, con quien cerrará las comparecencias de cinco ex altos cargos que participaron en las ayudas investigadas.

Según el auto de imputación de Barberá, emitido en febrero pasado, el exviceconsejero "habría tenido conocimiento a la vez que el consejero Antonio Fernández -encarcelado desde el 24 de abril- de la falta de legalidad de los procedimientos seguidos para la concesión de las ayudas directas a empresas".

Además, Barberá estaría informado de la "ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía", según la juez Mercedes Alaya.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su último informe sobre la tramitación de las ayudas, afirmó en junio pasado que ni Antonio Fernández ni Barberá, pese a ser conscientes de las irregularidades, "trasladaron los hechos al juzgado ni a la Fiscalía, a pesar de su gravedad".

Un consejero y tres ex directores generales

Con la imputación de Barberá, la juez Alaya cierra una ronda de declaraciones de altos cargos, de los que fueron encarcelados Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo en prisión desde marzo pasado, para los que la juez decretó libertad bajo fianza de 450.000 euros para el primero y de 250.000 euros para el segundo.

Además fueron imputados de presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad pero quedaron en libertad los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez (2009-2010) y Daniel Alberto Riveras (2010-2012), para quienes la Fiscalía pidió una fianza de responsabilidad civil de 205 millones de euros y 57 millones, respectivamente.

Barberá va a acudir ante Alaya defendido por el abogado Pedro Apalategui, el mismo que asistió al exdirector de Trabajo Rivera.

Se da la circunstancia de que el exdiputado socialista Ramón Díaz Alcaraz, también imputado pero sin fecha de declaración, será representado por el bufete de Fernando de Pablo y Manuel Navarro Lledó, el mismo que asesora al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero.