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La Mesa del Congreso estudiará en septiembre el documento de la Marcha Popular Indignada

  • El documento es un diagnóstico  de la situación económica y social de los pueblos
  • El texto cumple los  requisitos formales que fija el Reglamento del Congreso

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La Mesa del Congreso estudiará el próximo mes de septiembre, en su  primera reunión del próximo periodo ordinario de sesiones, el  documento que el miércoles 27 de julio, presentó en el Registro de la Cámara un  representante de la Marcha Popular Indignada, vinculada al Movimiento  15-M.

Según han avanzado fuentes del órgano de gobierno  de la Cámara, tras analizar que la documentación cumple los  requisitos formales que fija el Reglamento del Congreso,  previsiblemente se les dará el visto bueno y serán remitidos a los  grupos parlamentarios.

El documento, de un total de ocho páginas, recoge un diagnóstico  de la situación económica y social de los pueblos por los que ha  transcurrido la Marcha Popular Indignada que finalizó en Madrid el  pasado fin de semana.

Zapatero ya tiene el documento

Este texto se registró en el Congreso con la petición que fuera  recibido por la Mesa de la Cámara, la Junta de Portavoces, la  Diputación Permanente y las distintas comisiones legislativas. Los  'indignados' consiguieron que el texto llegase a José Luis Rodríguez, ya que se las hizo llegar  el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares.

La Mesa del Congreso será la encargada de decidir si califica o no  el texto y, previsiblemente dé traslado del mismo a todos los grupos  parlamentarios, pero no a todos los órganos que habían propuesto sus  promotores. No se descarta que por cortesía remita también el texto a  la Presidencia del Gobierno, aunque lo adecuado hubiera sido que esa  documentación se entregase directamente en el Palacio de La Moncloa.

El documento de los 'indignados' no tendrá en principio más  recorrido parlamentario a no ser que alguno de los grupos lo  convierta en una iniciativa susceptible de ser tramitada. De hecho,  en el texto no se incluyen peticiones concretas, sino únicamente un  análisis de la situación que viven distintas localidades de España en  ámbitos como la administración local, la economía, la agricultura y  la ganadería, los servicios públicos, la cultura, las  infraestructuras o el medio ambiente.