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En libertad con cargos cinco de los detenidos en los incidentes del Parlament

  • Están acusados de delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad
  • El 30 de junio declararán como testigos los mossos a los que se enfrentaron
  • Se pueden enfrentar a penas de entre tres y cinco años de cárcel

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El juzgado de instrucción de guardia de Barcelona ha dejado en libertad provisional a los cinco detenidos durante los incidentes ocurridos este miércoles ante el parque de la Ciutadella de Barcelona, acusados de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, puestos este viernes a disposición judicial por enfrentarse a los Mossos d'Esquadra.

Según han informado fuentes judiciales, igual que el detenido por desobediencia que este jueves pasó a disposición judicial, los cinco detenidos que han comparecido este viernes en el juzgado han quedado en libertad con cargos, sin que la Fiscalía haya solicitado ninguna medida cautelar para ellos. Un séptimo detenido durante los altercados, menor de edad, ya pasó también a disposición de la Fiscalía de Menores.

En principio, la Fiscalía incoará diligencias previas contra los seis detenidos ante el juzgado de instrucción por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad y, en el marco de esa causa, está previsto que el próximo 30 de junio acudan a declarar como testigos los mossos a los que supuestamente se enfrentaron los imputados.

Tratan de identificar a quienes agredieron y amenazaron a los diputados

Paralelamente a esta causa contra las personas acusadas de desobediencia a las autoridades policiales, el ministerio público mantiene abierta otra investigación para identificar a las personas que, mediante amenazas graves o el empleo de violencia contra diputados, trataron de impedir la actividad parlamentaria.

Fuentes del Departamento de Interior han explicado que ya se ha presentado el atestado básico que contiene sucintamente el relato de los incidentes relacionados con los artículos 494 y 498 del Código Penal, que castigan con penas de entre tres y cinco años de prisión a las personas que intentaran entorpecer las actividades parlamentarias.

No obstante, los Mossos mantienen abierta su investigación para identificar a las personas que protagonizaron actos violentos contra los diputados que trataban de entrar en la cámara y aportarán al juzgado y a la Fiscalía los informes complementarios que elaboren sobre los hechos.

Para ello, la policía catalana está recabando imágenes de los incidentes ocurridos en el parque de la Ciutadella, tanto las difundidas en los medios de comunicación como a través de Internet, y ha conseguido identificar ya a varios de los violentos.

El propósito del Departamento de Interior, han añadido las mismas fuentes, es presentar acusaciones "sólidas" contra los violentos, para que la investigación judicial prospere con indicios suficientes y puedan depurarse las responsabilidades penales que correspondan.

De tres a cinco años de prisión

En principio, los detenidos están acusados de delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad y también de daños, aunque fuentes de los Mossos han precisado que la investigación sigue abierta para acabar de determinar las responsabilidades de los detenidos y de otras personas que participaron en los hechos.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado que en las próximas horas se producirán nuevas detenciones de los violentos que llevaron la "kale borroka" a las puertas del Parlament, contra los que espera que los tribunales dicten un "castigo ejemplar".

En este sentido, el conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, indicó este jueves en rueda de prensa que, además de los siete detenidos durante el pasado miércoles, la Policía ya ha identificado a una decena de violentos y adelantó que esta cifra va a aumentar en el transcurso de la investigación.

El conseller de Interior de Cataluña, Felipe Puig, ha hablado de "guerrilla urbana en Cataluña", de nuevos métodos de violencia urbana, de "iniciativas de desobediencia civil" y de "atentado contra el funcionamiento democrático".

La Fiscalía estudia si se puede aplicar a alguno de los responsables de los incidentes el artículo 498 del Código Penal, que castiga con penas de hasta cinco años de prisión a "los que emplearan fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones".