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Uruguay vota a favor de mantener la ley que amnistía los crímenes de la dictadura

  • La iniciativa para eliminar la ley no ha salido adelante por un solo voto
  • Las violaciones de derechos humanos entre 1973-1985 quedarán impunes

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Los ciudadanos presentes en la Cámara uruguaya, decepcionados con el resultado de la votación.
Los ciudadanos presentes en la Cámara uruguaya, decepcionados con el resultado de la votación. REUTERS REUTERS/Andres Stapff

La Cámara de Diputados de Uruguay ha rechazado con 49 votos sobre 98 el plan del oficialista Frente Amplio (FA) de eliminar la ley de Caducidad, que evitó juzgar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

Después de catorce horas de acalorado debate el diputado oficialista Víctor Semproni cumplió su promesa de abstenerse y el FA se quedó a un voto de lograr la mayoría necesaria para llevar adelante la iniciativa. 

La votación parecía una formalidad después de la aprobación en primera lectura del proyecto en la Cámara de Diputados el pasado octubre, a la que siguió una votación similar en el Senado en abril, que invalidó la ley de Caducidad y la declaró inconstitucional.

Como el proyecto sufrió algunas modificaciones menores en el Senado, la norma debía ser ratificada por la Cámara Baja en lo que en un primer se consideró un mero trámite.

Sin embargo,  un miembro de la coalición de izquierda en el poder ha cambiado de opinión y su decisión de no participar en las votaciones ha provocado que el resultado de la votación fuera un empate técnico, lo que según el reglamento legislativo se considera como un rechazo.

Desobediencia en el partido gobernante

El FA, el bloque de izquierdas que gobierna desde 2005, cuenta con 50 de los 99 diputados de la Cámara Baja y había exigido a todos sus parlamentarios que respaldaran el proyecto, que la oposición rechazaba en pleno.

A pesar de la orden de su partido y los ruegos del mismísimo presidente del país, José Mujica, Semproni decidió no respaldarlo por considerarlo inconstitucional y porque vulnera dos referendos que en 1989 y 2009 ratificaron la Ley de Caducidad, aprobada en 1986.

El legislador, un ex guerrillero que sufrió torturas durante la dictadura, ha declarado estar "totalmente de acuerdo y en pie de lucha para borrar definitivamente la Ley de Caducidad del sistema legal uruguayo" pero consideraó la iniciativa "poco segura y efectiva, y generadora de mayores dificultades".

Desde su aparición el año pasado, la propuesta generó una fuerte división en el seno del partido gobernante y concitó el rechazo incluso de Mujica, que llegó a pedir a los diputados que no la votaran aunque siempre mantuvo que no iba a vetar la medida si se aprobaba en el Legislativo.

Concentración de activistas

La sesión parlamentaria, que comenzó el jueves por la tarde y se ha prolongado  hasta este viernes por la intervención de decenas de diputados de uno y otro bando, concitó un gran interés entre los medios de comunicación uruguayos, que siguieron el debate en su integridad.

Cientos de defensores de los derechos humanos se concentraron infructuosamente a las puertas del Palacio Legislativo al inicio de la reunión para pedir a los diputados que aprobaran el proyecto.

La ley de Caducidad obliga a los jueces a pedir permiso al Gobierno uruguayo para poder procesar a los miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de haber violado los derechos humanos durante la dictadura.

Cualquier juicio fue rechazado hasta la llegada de la izquierda al poder en 2005. Desde entonces, el nuevo Ejecutivo ha autorizado a varias investigaciones y los principales líderes de la dictadura han sido condenados, como el dictador Juan María Bordaberry (1973-1976).

Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, durante la dictadura uruguaya murieron cerca de cien personas en cárceles y cuarteles, mientras que al menos 34 personas quedaron en paradero desconocido tras ser detenidas por fuerzas policiales y militares.

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