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La ONU pide a Francia que evite las expulsiones masivas de gitanos rumanos

  • Ha criticado la manera de actuar del gobierno francés
  • Ha aconsejado al país que respete plenamente los derechos humanos
  • Francia responde que "respeta escrupulosamente las leyes"

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La policía francesa revisa los papeles de una comunidad romaní en la ciudad norteña de Lille.
La policía francesa revisa los papeles de una comunidad romaní en la ciudad norteña de Lille.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) ha criticado a Francia por las repatriaciones colectivas de gitanos rumanos, y ha aconsejado al país que actúe sobre el pleno respeto de los derechos humanos.

"Recomendamos a Francia que evite las repatriaciones colectivas (de gitanos a Rumanía)" y que vele por que todas las políticas respecto a los romaníes sean conformes a la Convención Internacional de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, afirma el Comité en sus conclusiones, divulgadas este viernes tras estudiar el caso de Francia.

El organismo de las Naciones Unidas también ha mostrado su inquietud ante el repunte de "las manifestaciones violentas de carácter racista contra los romaníes" en territorio francés.

 "Hay informaciones que apuntan que los romaníes han sido enviados de manera colectiva a sus países de origen, sin que se haya obtenido el libre consentimiento de todos los individuos afectados", ha remarcado el CERD.

Por su parte, París ha respondido en un comunicado que "sobre las  cuestiones de las comunidades romaníes, Francia se ajusta plenamente a  la legislación de la UE y a los compromisos internacionales en materia  de derechos humanos"

Sin embargo la ONU considera que estas deportaciones forzadas contradicen las declaraciones de la delegación gala en su diálogo de hace dos semanas con el CERD, en las que afirmó que "se había establecido un marco que rigiera el retorno voluntario de los romaníes a su país de origen".

Difícil acceso a derechos básicos

Igualmente, el Comité ha resaltado su preocupación por la "difícil situación de la comunidad romaní en cuanto al ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales".

Por ello, ha invitado "encarecidamente" al Estado francés a que "garantice el acceso de los romaníes a la educación, a la sanidad, a la vivienda, y a otras infraestructuras temporales dentro del respeto del principio de la igualdad".

El organismo ha aumentado un aumento reciente de actos y manifestaciones de carácter racista y xenófobo en el territorio francés, así como un desarrollo de los discursos racistas en internet.

También, ha recomendado que los censos que incluyen cuestiones étnicas sean voluntarios y anónimos, y se ha mostrado "muy preocupado" por que cualquier medida que se adopte en el terreno de la ciudadanía no tenga efectos discriminatorios contra ninguna nacionalidad.

Francia responde que respeta "escrupulosamente" las leyes

El Gobierno francés ha respondido a las críticas de un Comité de la ONU a su política de expulsiones de gitanos asegurando que esa política respeta "escrupulosamente" la legislación europea y sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Los gitanos rumanos o búlgaros son ciudadanos de la Unión Europea (UE) y disfrutan, como los demás, de la libertad de circulación en el territorio de los Estados miembros pero no gozan de "un derecho incondicional de estancia", precisó hoy el portavoz del ministerio galo de Exteriores, Bernard Valero.

Eso es lo que estipula la normativa europea, según Valero, quien recordó que, tras la adhesión de un nuevo socio, el derecho comunitario "prevé dos límites" a la prolongación de la estancia en otro país de la Unión: "el respeto del orden público" y contar con "recursos suficiente para no representar una carga excesiva al sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida".

Estos límites se aplican o no, agregó, en función de los resultados de "un examen particular de cada situación individual".

En el caso de los gitanos que está expulsando Francia, Valero incide en que estaban residiendo de forma ilegal en territorio francés y precisa que, en la gran mayoría de los casos, aceptan voluntariamente volver a su país con "una ayuda específica" de 300 euros por adulto y 100 euros por menor.

Tras la visita esta semana a París de dos secretarios de Estado rumanos, el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, y el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, se desplazarán a Rumanía los próximos 9 y 10 de septiembre para seguir avanzando en esta cooperación.

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