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Una hija del líder de Aralar ha sido imputada por colaborar con ETA en la publicación 'Gaztesarea'

  • El juez la ha dejado en libertad pero está acusada de un delito de colaboración con ETA
  • Ell portal Gaztesarea ofrecía compra de bonos de ayuda a la banda terrorista
  • La Audiencia Nacional impone comparecencias semanales a Rufino Etxebarria
  • Prorrogan dos años el encarcelamiento de Permach,  Alvarez y Aldasoro

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El juez Fernando Andreu ha dejado en libertad a Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, acusada de un delito de colaboración con organización terrorista por su presunta relación con el portal de internet juvenil Gaztesarea, vinculado a la ilegalizada Segi.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía de este tribunal, que no ha reclamado ninguna medida cautelar para la joven.

Además de Zabaleta, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha tomado declaración también a Jon Maia, Arkaitz Estiballes y Aitziber Martínez de Lago, imputados todos ellos por un delito de colaboración con banda armada por apoyar a la asociación juvenil.

En esta misma causa, Andreu mantiene imputados a Haritz Garrido, Mikel Zenigaonaindia y Gorka Urbizu, que se encuentran en libertad tras comparecer el lunes ante el juez y para los que el Ministerio Fiscal tampoco solicitó medidas cautelares.

El pasado 31 de julio, Andreu dejó en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado al campeón de España de surf Iker Acero, Alberto Martínez Guitérrez-Barquín y Arkaitz Artola, que fueron detenidos por su vinculación con Gaztesarea, en cuya página web se ofrecía la compra de bonos de ayuda a ETA.

La detención de estos tres jóvenes es fruto de una investigación abierta hace años en el juzgado de Andreu cuando la Unidad de ciberterrorismo del Servicio de Información de la Guardia Civil detectó que, a través de esa web, se estaban realizando sorteos y rifas entre simpatizantes del entorno de la banda terrorista.

Rufino Etxeberria deberá comparecer semanalmente

La Audiencia Nacional ha retirado el pasaporte al histórico dirigente de Batasuna Rufino Etxeberria, al que el lunes dejó en libertad al cumplir el límite máximo de cuatro años de prisión preventiva en casos de terrorismo, y le ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.

Así lo ha acordado la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal, que además ha prorrogado otros dos años la prisión de Joseba Permach, Joseba Álvarez y Juan Cruz Aldasoro, detenidos en 2007 y que se encuentran, al igual que Etxeberria, pendientes de ser juzgados en relación con la financiación de ETA a través de las herriko tabernas.

Etxeberria, que el lunes por la tarde abandonó la madrileña cárcel de Aranjuez, ingresó en prisión por primera vez el 2 de mayo de 2002 y estuvo en la cárcel hasta el 22 de abril de 2004, cuando la abandonó tras pagar una fianza de 30.000 euros.

Posteriormente, el 4 de octubre de 2007, Etxeberria fue arrestado mientras participaba en una reunión celebrada en Segura (Guipúzcoa) para renovar la Mesa Nacional de Batasuna.

Permach y Aldasoro también fueron detenidos en esa reunión, mientras que a Álvarez lo detuvieron dos días antes, por lo que estos tres dirigentes llevan en prisión preventiva dos años y la sala ha decidido ahora prorrogarlo otros dos hasta que se celebre el juicio por riesgo de reiteración delictiva.

41 procesados en la causa


Los 41 procesados en esta causa, entre los que destaca Arnaldo Otegi, se encuentran pendientes de juicio desde que el juez Baltasar Garzón concluyera, el 1 abril del pasado año, este sumario (el 35/02), que abrió en 2002 para investigar la sumisión de Batasuna a ETA y que derivó en la ilegalización de la formación abertzale.

Para la celebración del juicio, que se calcula pudiera celebrarse antes de finalizar el año, falta todavía la presentación del escrito de acusación de la Fiscalía y los de las defensas, lo que impide que la sala señale el comienzo de la vista oral, en la que los acusados se enfrentarán a penas que pueden oscilar entre 10 y 14 años de cárcel por integración en ETA.

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