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La Abogacía del Estado pedirá al Tribunal Supremo que liquide los bienes de la ilegalizada ANV

  • También pide al Constitucional que no suspenda la sentencia de ilegalización
  • ANV ha presentado un recurso de amparo que ha sido admitido por el Constitucional
  • Mientras estudia el recurso, el TC podría dejar en suspenso la ejecución de la sentencia
  • Si lo suspende, ANV podría presentarse a las elecciones autonómicas de 2009

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Al Supremo le pide que liquide los bienes de ANV y al Constitucional, que no suspenda la ejecución de la sentencia que ilegaliza a la formación mientras resuelve el recurso de amparo.

La Abogacía del Estado pedirá en los próximos días al Tribunal Supremo que liquide los bienes de Acción Nacionalista Vasca en ejecución de la sentencia de ilegalización.

Ésta será la primera de las medidas que solicitará la Abogacía del Estado cuando inste al Supremo la ejecución de la sentencia por la que esta formación fue ilegalizada el pasado mes de septiembre, según han informado a Efe fuentes del Ministerio de Justicia.

La sentencia ha sido recurrida por ANV en amparo ante el Tribunal Constitucional, al que la Abogacía del Estado ha pedido también que no suspenda su ejecución mientras resuelve sobre el asunto. El Constitucional admitió a trámite el pasado 3 de diciembre el recurso de amparo presentado por ANV.

A pesar de que todavía no se ha ejecutado la sentencia del Supremo, los bienes de ANV están bloqueados por efecto de la suspensión de actividades por tres años de esta formación y del EHAK-PCTV decretada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el pasado mes de febrero.

Entre los efectos de esta suspensión figuraba el embargo y bloqueo de sus cuentas, depósitos y demás activos financieros, entre otras medidas.

Fuentes del Tribunal Supremo han asegurado que la única medida que ha adoptado la sala 61 en ejecución de las dos sentencias de ilegalización de ANV y EHAK-PCTV es la cancelación de la inscripción de ambas formaciones del registro de partidos políticos.

Las demás medias, según las mismas fuentes, tienen que ser solicitadas por las partes que instaron la ilegalización: la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Desde la Fiscalía, sin embargo, se señala que debe ser el tribunal que ha dictado la sentencia "el que haga ejecutar lo juzgado" sin necesidad de que nadie le inste a ello.

Alegaciones ante el Constitucional

Además, la Abogacía del Estado presentó el miércoles alegaciones ante al Tribunal Constitucional para pedir que no suspenda la sentencia mientras resuelve el recurso de amparo que ha presentado ANV contra la sentencia de su ilegalización.

Si se supendiera la ilegalización podría concurrir a las elecciones que se convoquen mientras se resuelve el recurso como las autonómicas de 2009.

La ilegalización de ANV no impide que sus cargos electos sigan ejerciendo. Así, la formación gobierna en 42 municipios de Navarra y el País Vasco, entre ellos Azpeitia, la localidad donde la semana pasada ETA asesinó al empresario Ignacio Uría, sin que la alcaldía haya aún condenado el atentado.

Esta situación ha llevado al PP a pedir al Gobierno que se saque a ANV de los consistorios.

Los argumentos de la Abogacía

Los servicios jurídicos del Estado afirman que si se concede la suspensión y luego se confirma la ilegalización "el daño a los intereses generales (...) y a los derechos y libertades de terceros serían evidentes".

"La suspensión permitiría que el partido siguiera ejerciendo su labor de fomento de la violencia y apoyo y justificación política de un grupo terrorista que ha matado hasta ahora a casi novecientas personas y que sigue haciéndolo cada día y lográndolo en ocasiones, como acaba de suceder con el infortunado Ignacio Uría", señala el escrito.

Por el contrario, si no se concediera la suspensión y luego el Constitucional diera la razón a ANV y anulara su ilegalización, los servicios jurídicos del Estado creen que los efectos negativos para el partido serían muy pocos.

La Fiscalía se pronunció el pasado martes en el mismo sentido que la Abogacía del Estado, pidiendo al Constitucional que no suspenda la ilegalización de ANV.

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