El caso Montoro llega a pocos días de que se cumplan dos años de las últimas elecciones generales. Feijóo pide investigar hasta el final y reclama el mismo rasero para todos los casos de corrupción. Para el PSOE, Montoro representa la forma de actuar del PP y dicen que Feijóo haría lo mismo si llegara al poder.
El sumario del caso Montoro detalla cómo operaba el entramado que investiga la justicia. Sugerían a las empresas contratar al despacho que fundó el exministro en 2006, junto a ex altos cargos de Hacienda. A cambio de sumas importantes, ese despacho actuaba como intermediario y conseguía leyes a medida para ahorrarse impuestos.
En el caso de las empresas de gas, dos operaciones clave tuvieron éxito: una reforma en 2014 que redujo un 85% el impuesto de electricidad. Las arcas públicas perdieron así 59 millones en plena crisis, y otra rebaja fiscal en 2018, por un cambio en el Impuesto de Actividades Económicas. Estas medidas levantaron fricciones incluso dentro del Gobierno de Mariano Rajoy.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en una entrevista publicada por La Voz de Galicia que en 30 años en política no ha nombrado "a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción".
El PP insiste en que Feijóo no tiene nada que ver con el caso Montoro. Y lo contraponen con el caso Koldo, donde acusan a Sánchez de responsabilidad política. El PSOE, por su parte, señala el silencio de Feijóo y defiende que no todos los partidos reaccionan igual ante la corrupción.
RTVE ha accedido al sumario de la investigación a Cristóbal Montoro por beneficiar a empresas gasistas, eléctricas y renovables cuando era ministro de Hacienda. La presunta trama se recoge en 18 tomos de sumario que dan cuenta de la "compleja" investigación realizada durante siete años.
En los escritos, el juez pone en el centro a la empresa Equipo Económico —vinculada a Montoro y otros cargos de responsabilidad en el Ministerio entonces— la cual "mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".
El origen y piedra angular de la investigación es un correo electrónico entre dos altos directivos de la gasista Messer Ibérica, Rubén Folgado y Karl Hauck, en el que hablan de cómo influir en el Congreso de los Diputados para lograr una modificación legislativa que les beneficie fiscalmente. "La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", afirma Folgado.
Montoro y 13 de sus altos cargos con los Gobiernos de Rajoy y Aznar están imputados en el caso, además de empresarios, hasta un total de 28 personas. Dos de ellos han sido cesados este viernes de sus cargos actuales en Hacienda. Óscar del Amo, subdirector general de tributos locales, y el director económico financiero de Loterías y Apuestas del Estado, Rogelio Menéndez.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que lo que se está conociendo "en el caso Montoro pone de manifiesto que al PP siempre le acompaña de manera íntima la corrupción sistémica".
Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido que su partido "está dando la cara" y está dando explicaciones tras la imputación del exministro Cristóbal Montoro. Alberto Núñez Feijóo "no se ha escondido nunca", ha asegurado.
El vicesecretario general del PP, Juan Bravo, ha asegurado este viernes que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, “no ha tenido a ninguna persona imputada” en los equipos que ha gestionado en las últimas décadas. También ha negado que se “esconda” ante el caso de corrupción que afecta al exministro ‘popular’ Cristóbal Montoro, imputado por beneficiar presuntamente a empresas gasistas a cambio de retribuciones al despacho de abogados que fundó.
En una entrevista en La Hora de la 1, Bravo ha recordado que lo que se investiga relativo a Montoro corresponde a su gestión como ministro de Hacienda de hace casi una década. En cambio, ha subrayado que Feijóo, durante todo el tiempo que ha sido presidente de la Xunta de Galicia, que ha ocupado cargos en la misma o que fue presidente de Correos y trabajó en el INSALUD no ha tenido “ninguna persona imputada” en sus equipos.
La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.
El Gobierno se ha mostrado convencido de que "la verdad" sobre el caso "saldrá al final", mientras el Partido Popular enmarca esta cuestión en "la vida privada" de Ayuso y pide dejar actuar a la justicia. El jefe de Gabinete de la presidenta, además, dice que será el fiscal general el que acabe en la cárcel.
Tras su imputación, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha comunicado al PP que se da de baja como afiliado del partido.
El Gobierno reprocha a Alberto Núñez Feijóo que no dé explicaciones. Los 'populares', por su parte, defienden que este caso no es comparable con los que afectan al PSOE y aseguran que la información que tienen la han conocido por la prensa.