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La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha acusado este martes al PP y Vox de "instrumentalizar la religión" en la localidad murciana de Jumilla para "que haya un enfrentamiento y romper la convivencia", algo que a su juicio es "muy peligroso".

"Es lamentable que en democracia veamos cómo la convivencia y el respeto lo están utilizando de esa manera para llegar a negociaciones entre estos dos partidos", ha criticado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, un día después de que el Gobierno presentara un requerimiento al Ayuntamiento para que anule el acuerdo que prohíbe los actos religiosos en centros deportivos de la localidad, que acogían celebraciones islámicas, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa.

Foto: EFE/ Marcial Guillén

Mariola Guevara, delegada del Gobierno en Murcia, ha calificado en una entrevista en 'La Hora de la 1' de “despropósito” lo que se está viviendo en Jumilla. Para la delegada, la prohibición de actos religiosos en centros deportivos, que acogían celebraciones islámicas, en la localidad tiene un “efecto discriminatorio claro” y asegura que a algunos pueblos de la Región de Murcia los están utilizando, haciendo referencia a Vox y al PP, como “conejillos de indias”. “Somos un laboratorio de la extrema derecha donde quieren confrontar, donde quieren romper nuestra convivencia, algo que no podemos permitir en una democracia como la que tenemos”, ha dicho Guevara.

La alcaldesa de Jumilla, Seve González, ha dicho este jueves que las limitaciones en el uso de los espacios deportivos aprobadas en el pleno del 28 de julio no afectan al resto de instalaciones municipales, y estarán a "disposición de toda la sociedad, incluida la musulmana, para cualquier actividad o acto siempre que se cumpla la normativa".

González, que ha leído el contenido del texto aprobado a instancias de su partido, el PP, como enmienda a la moción de Vox que pedía la prohibición de actos religiosos de la comunidad islámica, ha insistido en que solo se autorizó una modificación de la ordenanza reguladora de las instalaciones deportivas, "sin vetos ni prohibición a nadie por su origen religioso".

"Cada espacio es para lo que es, e igual que si quiero rezar voy a la iglesia, si quiero jugar al tenis, voy a las pistas o si quiero celebrar una reunión iré a la sala de concejales", subraya por su parte el portavoz de Vox en Jumilla (Murcia), Juan Agustín Carrillo.

Foto: EFE/Marcial Guillén

El acuerdo entre PP y Vox en Jumillas, Murcia, que prohíbe la celebración de actos religiosos, sociales y culturales en centros deportivos de la localidad ha generado críticas por parte de la oposición.

Desde el Ministerio de Migraciones e Inclusión han dejado claro que van a estar muy vigilantes a las posibles consecuencias que tenga esta iniciativa, que, consideran, atenta contra la libertad y la dignidad de las personas.

El Ministerio, que ha activado al Observatorio contra el racismo para evaluar si la medida puede alimentar discursos de odio, ha recordado que la libertad religiosa está protegida por la Constitución.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enmarcado su polémica frase de que "las vacaciones están sobrevaloradas" en el sentido del humor. Y, aprovechando su presencia en la Fiesta del Albariño de Cambados, ha tirado de nuevo de ironía y ha dicho: "al que no sabe aguantar una broma, le digo, tómate un albariño y descansa". Foto: César Arxina / Europa Press

El consejero de la Junta de Extremadura Ignacio Higuero ha comunicado oficialmente su dimisión al frente del departamento de Gestión Forestal y Mundo Rural tras admitir que no dispone de la certificación de la licenciatura que indicaba en su currículum.

La portavoz del gobierno autonómico, Elena Manzano, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo Extraordinario convocado este viernes para tratar su cese que la situación era "incompatible con la continuidad del ya exconsejero" y que él mismo ha dado un paso al lado por iniciativa propia, asumiendo "toda la responsabilidad".

Imagen: EFE/ Jero Morales

La acogida de menores en la Península es otro de los asuntos sobre los que mantienen un pulso PP y Gobierno. Este jueves, la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) el decreto que lo regula.

Por otro lado, el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón, gobernado por los 'populares', ha ordenado cerrar su centro de acogida de menores migrantes por no contar, según dice, con la licencia necesaria.

FOTO: GETTY IMAGES