El gobierno británico ha puesto en marcha una extensa campaña mediática para explicar su polémica política migratoria, que prevé expulsiones a Ruanda o vetar de por vida la nacionalidad británica a quien cruce de forma ilegal el Canal de la Mancha. El primer ministro, Rishi Sunak, la mantiene a pesar de las críticas de la oposición y de la ONU.
Para la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, la ley es una violación clara de la Convención de los Refugiados. De hecho, la propia ministra del Interior, Suella Braverman, reconocía en una carta a los diputados conservadores, que existe más de un 50% de posibilidades de que su ley no sea compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos.
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