España ha tardado once años en ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para mejorar los derechos de las empleadas del hogar. Una medida que el país estaba obligado a cumplir tras la sentencia sobre este tema dictada por el Tribunal de Justicia Europeo. Tal y como anunció ayer Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, el Gobierno tiene previsto hacerlo hoy, en el Día Internacional de este colectivo, que reúne en nuestro país a más de medio millón de trabajadoras. Su principal reclamación es lograr el derecho a prestación por desempleo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este martes cuáles son las medidas con respecto a la protección social y el empleo del plan de choque que ha elaborado el Gobierno para hacer frente a los daños económicos derivados de la guerra en Ucrania.
Ha asegurado que el plan de choque tiene como objetivo asegurar la empleabilidad, especialmente de jóvenes y mujeres. Por ello, ha incorporado dos nuevas situaciones en las que estará prohibido despedir. Así, no podrán hacerlo las empresas que han acudido a los ERTE ni tampoco los empleadores con la excusa del encarecimiento de la energía. Ha asegurado que, en estas situaciones, el tejido empresarial dispone de ayudas públicas para evitar los despidos.
En esta línea, ha recordado la eficacia de las medidas tomadas durante la pandemia, como los ERTE. Ante la actual situación, ha mandado un mensaje a los empresarios y empresarias del país: “En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir”.
El sector de la pesca lleva amarrado desde el lunes 21 de marzo, y este miércoles tiene un encuentro con el Ministerio de Trabajo: “Tenemos muchas esperanzas en esta reunión y esperamos que nuestra ministra entienda que la sostenibilidad del sector está en sus manos. Le pedimos que no nos deje ir a pique”, ha explicado José Basilio Otero, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores.
Los pescadores amarraron sus barcos este lunes por los elevados precios del gasoil, que supone entre el 20 y el 30% del gasto mensual de la flota en situación normal, con un precio de 40 céntimos por litro. Sin embargo, ahora, pagándolo a 1,25 euros, supone hasta el 80% del gasto. Así, ante este encarecimiento, demandan medidas inmediatas, como han hecho en Francia, porque “no pueden esperar más”. “Estamos con el agua al límite y este miércoles tenemos que poner el tapón definitivo para no ir a pique”, ha aseverado.
Con respecto al tema del Sáhara Occidental, están “expectantes” sobre los posibles efectos que pueden tener sobre el sector de la pesca, si les afecta o no.
Ha abogado por concienciar a la población y “hacer más divulgación” sobre la labor de los pescadores y el riesgo que supone su profesión. Por otro lado, “es prioritario y urgente arreglar el problema del transporte”, ha asegurado. De este modo, ha hecho una petición unánime del sector pesquero al Gobierno y ha solicitado que les escuche: “Al final, son trabajadores como nosotros; a nosotros nos gusta ir a la mar, y a ellos, conducir su camión”.
Los inspectores de Trabajo han protestado este martes para exigir al gobierno más medios técnicos y un incremento de la plantilla. Denuncian que en España hay un inspector por cada 15.000 trabajadores, la mitad que la media europea y tres veces menos que en países como Francia. Para el próximo 30 de marzo han convocado la primera huelga de 24 horas de la historia de todo el colectivo.
Desde Trabajo y Hacienda insisten en que todo está en marcha para que esas mejoras lleguen, pero que el proceso es lento, pero se han cansado de esperar. Califican la situación de insostenible y por eso, una plataforma sindical compuesta por ocho organizaciones ha convocado la primera huelga de la historia de todo el colectivo de la inspección de trabajo para el próximo 30 de este mes.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por aplicar un impuesto inmediato y extraordinario a los beneficios de las eléctricas para hacer frente a la crisis que va a provocar la guerra. Una crisis que, reconoce, tendrá unas consecuencias económicas y sociales profundas. “Las tres grandes eléctricas han incrementado sus beneficios un 47%. Me parece que deben contribuir en la crisis (…) Ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario a las eléctricas para compensar lo que estamos viendo hoy: pequeñas empresas, electrointensivas, familias. Piensen que la inflación repercute en nuestra vida”. Hace también referencia al resto de empresas del IBEX: “En el año 21, las empresas en bolsa alcanzaron beneficios por un importa de 64 mil millones de euros. Esos enormes beneficios deben redistribuirse, porque son quienes más tienen”. Por eso, al impuesto de las eléctricas añade dos medidas más: congelar la revalorización de las rentas de arrendamiento y actuar en impuestos concretos para aquellos que menos tienen. Confía en llegar a un acuerdo con el presidente del Gobierno y, aunque descarta ningún tipo de veto, vuelve a exponer su oposición a que España aumente su gasto en defensa: “Mi país necesita incrementar los presupuestos en algunas materias: investigación, sanidad, educación y dependencia. Creo que con la pandemia hemos visto el mal estado en el que se encuentra la sanidad pública. Esto es prioritario”. Apuesta por llegar a acuerdos con los grupos sin “pensar en siglas, sino en medidas eficaces” y califica de inadecuada la receta del PP de la bajada de impuestos. Sobre su futuro político, se mantiene en lo anunciado hace unas semanas en RTVE: empezará un proceso de consulta y a partir de ahí tomará decisiones: “Ahora voy a escuchar”.
El paro bajó en febrero, que cerró con un descenso de algo más de 11.000 desempleados. El mes pasado se volvió a crear empleo: aumentó en más de 67.000 el número de afiliados. Todo ello ocurre en un mes en el que la contratación indefinida sigue creciendo y marca un nuevo récord.
Foto: Una oficina de empleo en Las Palmas de Gran Canaria EFE/ELVIRA URQUIJO A.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que en primavera iniciará el proceso de escucha activa para impulsar un nuevo proyecto de país "amplio, novedoso, moderno, democrático y diferente", que aporte un "horizonte de esperanza".
Así lo ha detallado en una entrevista en 'La Noche en 24', para recalcar que esta fase de escucha durará aproximadamente seis meses y luego, a raíz de sus conclusiones, tomará una decisión sobre su andadura.
Por otro lado, ha indicado que aún no ha decidido si será candidata y ha agregado que el impulso de este proyecto tendrá un carácter ciudadano, donde la sociedad será la "protagonista" y los partidos, y ella misma, tendrán un rol "secundario".
También ha avanzado que realizará en breve una gira por Andalucía, invitada por el sindicato CC.OO., y que en abril desplegará una agenda intensa, que incluirá también una esfera internacional.
El nuevo sistema de políticas activas que diseña España atiende al dictado de la flexiseguridad: pagas por desempleo generosas, mercado laboral flexible e itinerarios para los parados. El referente en esto es Dinamarca. Un estudio del National Bureau of Economic Research muestra que los ingresos de las personas que pierden el empleo en España es un 30% más bajo que antes incluso 5 años, frente al 10% de Dinamarca. Eso obedece, concluye el estudio, a la efectividad de las políticas activas de empleo.
El 75% de los trabajadores con jornada reducida en España son mujeres. No por elección, sino por la dificultad que les supone encontrar un trabajo un empleo a jornada completa. Esto explica la mitad de la brecha salarial en nuestro país, según un informe publicado por CC.OO. Unai Sordo, secretario general de CC.OO., asegura que “después de tener un niño/a la brecha salarial se incrementa un 11%”. Gran parte de las mujeres del país, trabajan menos horas de las que desearía, un 25% de ellas tienen contrato a tiempo parcial frente al 7% en el caso de ellos. Junto a la temporalidad, los complementos salariales explican cerca del 40% de las diferencias retributivas.
Cerca de dos millones de trabajadores se van a beneficiar de la subida del salario mínimo pactada por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Recibirán 1.000 euros brutos al mes, 35 euros más que ahora y con carácter retroactivo. La patronal, sin embargo, no lo apoya.
A falta de que el Gobierno y el Congreso aprueben esta subida, el SMI este año será 264 euros más alto al mes que hace cuatro años y 359 euros más que hace una década. Con esta subida, España sigue siendo el séptimo país de la UE con el salario mínimo más alto, según Eurostat. Si la comparamos en doce pagas, como se abona en casi todos los países de la Unión, el más alto es el de Luxemburgo que dobla al de nuestro país. El más bajo, el de Bulgaria. Entre los países de nuestro entorno, nos supera Alemania y Francia, y en Portugal es algo más bajo. Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo
Gobierno y sindicatos estiman que la subida del SMI afectará a cerca de 2,5 millones de personas, aunque parece que las más beneficiadas van a ser las mujeres jóvenes, con contratos temporales y que se dediquen al sector servicios, la agricultura, la industria o la construcción.
Las trabajadoras agradecen la subida, pero consideran que se queda corta comparada con el aumento de los precios. Solicitan también que se realicen más inspecciones para comprobar que se cumple con lo establecido, ya que, según comentan, hay muchas ocasiones en las que los empresarios obvian estas subidas. Informa Guillermo Hernández.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido en rueda de prensa este miércoles tras la firma del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022, un acuerdo en el que no está la CEOE. Díaz ha manifestado su agradecimiento a las patronales CEOE y CEPYME su participación en la Mesa de Diálogo Social, y a los sindicatos UGT y CC.OO. su "capacidad" para alcanzar un acuerdo.
Foto: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EFE/Juan Carlos Hidalgo
