El catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense y subdirector de Fedea, Ignacio Conde-Ruiz, nos visita una mañana más para hablarnos del plan de subida del salario mínimo interprofesional.
El Gobierno ha logrado la subida del Salario Mínimo Interprofesional que alcanza ya los 1.000 euros, gracias al apoyo de los sindicatos. El ala de los empresarios, tal y como habían anunciado, se ha opuesto al incremento. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, habla de "diálogo social" y celebra que nos encontremos un poco más cerca de Europa en este sentido. El Gobierno niega que la subida del SMI pueda afectar directamente a la agricultura y los autónomos y espera negociar un aumento para 2023 que equivalga al 60% del sueldo medio.
Informa Esperanza Martín.
El Ministerio de Trabajo ha iniciado este lunes una nueva negociación con sindicatos y patronales para intentar acordar la subida que debe experimentar en 2022 el salario mínimo interprofesional (SMI). El Gobierno ha propuesto subirlo a 1.000 euros mensuales en catorce pagas, en línea con lo que piden los sindicatos, pero los empresarios lo rechazan.
Para calcular el salario mínimo se toma como referencia el salario medio. El Telediario de TVE ha querido profundizar a través de un nuevo bloque especial en cuál es ese salario medio en nuestro país, cómo se adapta a los niveles de vida de diferentes ciudades y cuáles son las propuestas de los expertos ante un escenario de inflación.
El Ministerio de Trabajo propone subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 € mensuales, repartidos en 14 pagas y con efecto retraoctivo desde el mes de enero de este año. A pesar de que la cifra inicial que había tarscendido de la negociación con los agentes sociales eran 996 euros, finalmente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, ha confirmado que su intención es que se llegue a los 1.000 €. Con todo, afirma que escuchará todas las posturas y que espera poder llegar a un acuerdo antes del miércoles, cuando hay prevista una nueva reunión con patronal y sindicatos.
Informa Esperanza Martín
El Gobierno ha planteado en su reunión con Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme subir el salario mínimo de 965 a 1.000 euros. Sindicatos y empresarios tienen dos días para estudiarlo. El Ministerio de Trabajo les ha convocado el miércoles a una nueva reunión.
Los sindicatos apuestan por la subida, mientras que desde la CEOE la rechazan porque podría provocar una "contracción importante del empleo", pues aún hay empresas que no se han recuperado de la crisis.
Foto: Un repartidor entrega unas cajas en un comercio. REUTERS/JON NAZCA
Con un debate tenso y una votación polémica se convalida en el Congreso el real decreto de la nueva reforma laboral, pactada entre Gobierno y agentes sociales. El Gobierno contaba con los dos votos de UPN para lograr su mayoría, pero los navarros votaron no. Aún así la reforma se aprobó por solo un voto: un diputado del PP se equivocó al votar telemáticamente. PP habló de fallo informático y pidió que el diputado pudiese volver a votar. Los populares y VOX han anunciado que recurrirán la votación ante el Constitucional.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado este lunes quehacer depender la votación de la reforma laboral de los dos diputados de UPN era "extremadamente peligroso" y ha lanzado un mensaje a ERC, que votó en contra: "Con las cosas de comer, no se juega".
Así lo ha asegurado en declaraciones a la prensa en la rueda de prensa tras la reunión con patronal y sindicatos para abordar la subida para 2022 del salario mínimo interprofesional (SMI).
FOTO: Yolanda Díaz, en la reunión con la patronal y sindicatos. EFE/Ministerio de Trabajo
Entrevista a Manuel Fernández-Fontecha, letrado en las Cortes Generales, tras la polémia por el voto de Alberto Casero, diputado del Partido Popular, en la convalidación del decreto de la reforma laboral. Para Fontecha, la cuestión no es si fue un error humano o informático. El letrado explica que, en el año 2012, se introdujo una reforma en la normativa que permite acogerse a la modalidad telemática en determinadas ocasiones. Añade, asimismo, que cualquier parlamentario puede solicitar el cambio del voto telemático al presencial antes de que empiece la votación y que la Mesa estaría obligado a concedérselo, ya que esta es la opción "más garantista, tanto para los diputados como para los ciudadanos".
La votación deja una unión de fuerzas muy diferente a la habitual ante una medida del Gobierno. A favor ha votado, por ejemplo, Ciudadanos, mientras que ERC y otras fuerzas han votado en contra. La clave está en Unión del Pueblo Navarro. El partido dijo que votaría sí, pero sus diputados se han rebelado y han votado en contra. Al margen del resultado final, la votación deja a la vista las fricciones en el llamado bloque de investidura.
En Moncloa quieren pasar página y defienden que todavía hay mucho por hacer y que lo de este jueves no quiebra la relación con sus socios habituales. Las negociaciones con ERC no han sido fáciles. Los independentistas admiten que ha habido momentos desagradables, pero Rufián le resta trascendencia. En términos similares se ha pronunciado EH Bildu, que critica la reforma laboral, pero promete seguir trabajando para cerrar el paso a la derecha.
Foto: EFE/Kiko Huesca
Polémica en el Congreso después de que un voto telemático de un diputado del PP salvara la reforma laboral del Gobierno. Sin ese voto no habría salido adelante. El problema es que el PP lo atribuye a un fallo informático y culpa a la presidenta del Congreso de incumplir el reglamento por no comprobarlo cuando le avisaron.
El Gobierno, por su parte, ha pasado del estupor inicial, cuando la presidenta del Congreso se ha equivocado y ha dado por derogado el decreto, a la euforia al darse cuenta de que la suma sí les daba la mayoría. Los dos diputados de UPN han votado en contra, a pesar de que el miércoles la dirección de su partido decidió apoyar la reforma.
Foto: La portavoz del PP en la cámara, Cuca Gamarra (c) [EFE/Kiko Huesca]
El decreto de la reforma laboral ha sido convalidado ahora en el Congreso de los Diputados, pero lleva en vigor desde el 28 de diciembre, cuando el Consejo de Ministros lo aprobó tras llegar a un acuerdo con la patronal y los sindicatos. ¿Qué cambios comporta para empresas y trabajadores? El principal objetivo es reducir los contratos temporales, que se limitan para casos muy concretos. Se trata de promover la figura del fijo-discontinuo, que se contabiliza con indefinido a efectos estadísticos. También aumentan las multas que puede imponer la inspección de trabao a los empresarios que se salten la norma. En el campo de la negociación colectiva, los convenios no caducarán hasta que no se vuelvan a renovar y los sectoriales priman sobre los de empresa. Sin embargo, se mantienen los descuelgues salariales, lo que significa que las empresas pueden incumplir el convenio salarial si lo justifican. Tampoco cambian las condiciones de despido, abaratado en anteriores reformas, aunque se incorpora como permanente un mecanismo similar al de los ERTE de pandemia.
Informa Guillermo Hernández
El Congreso de los Diputados ha convalidado la reforma laboral. El decreto, aprobado el 28 de diciembre en el Consejo de Ministros tras el acuerdo con patronal y sindicatos, ha recibido en la cámara baja con 175 votos a favor y 174 en contra, por lo que se mantiene en vigor. Aunque estaba previsto que saliera adelante con 176 apoyos, finalmente los dos diputados de Unión de Pueblo Navarro (UPN) han votado en contra, mientras que uno de los votos telemáticos del Partido Popular ha apoyadocel decreto. Los populares han reclaman que el voto positivo de su diputado Alberto Casero se debe a un error informático. El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, asegura que el voto telemático nunca ha fallado.
Informa Javier Álvarez
El Gobierno ha salvado este jueves en el Congreso y por un voto de diferencia su reforma laboral con el apoyo de Ciudadanos, entre otros partidos minoritarios. Con 175 votos a favor y 174 en contra, ha sido convalidada la norma consensuada previamente con los agentes sociales y que ya entró en vigor el pasado 31 de diciembre con el objetivo de cumplir así con el compromiso adquirido con Bruselas en el marco del plan de recuperación.
