Derogar la reforma laboral es un uno de los compromisos incluidos en el pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Y al Gobierno le quedan dos meses para ultimar esa reforma en los términos que exige Bruselas.
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La crisis abierta en el Gobierno de coalición por la reforma laboral tiene que ver con dos aspectos importantes que afectan a los convenios. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por recuperar la ultraactividad, de forma que los convenios sigan en vigor cuando caduquen, y por la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, para que los sindicatos ganen poder de negociación. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño habla de buscar un equilibrio entre la necesaria flexibilidad interna de las empresas y la minimización de los procesos de reducción del empleo. Además, Trabajo propone limitar al 15 por ciento la temporalidad de las plantillas, establecer el contrato indefinido, fijo, discontinuo para trabajos estacionales, reducir la duración de los contratos de formación y cambiar la regulación de las empresas de trabajo temporal. La patronal recela de muchas de estas propuestas y desde Economía no quieren entrar en detalles e insisten en que el objetivo es alcanzar una posición común en el seno del gobierno.
Héctor Gómez, portavoz del Grupo Parlamentario socialista ha mantenido que ha sido una reunión "constructiva" y para "seguir avanzando". "Coincidimos en la necesidad de tener un nuevo marco de relaciones laborales", ha destacado en 24 horas de RNE, donde ha señalado la obligación del Gobierno de cambiar las relaciones laborales. "Es normal tener que sentarnos para buscar soluciones, es sano hacerlo", ha sostenido y ha negado que sea una situación "extrema". "Confiamos en que alcanzaremos un entendimiento", ha indicado Gómez.
La formación morada solicitó este quinto encuentro de la mesa el pasado viernes, cuando trasladó su malestar por el papel que estaba jugando la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la negociación de la reforma laboral, que en el último año ha liderado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sofía Castañón, portavoz adjunta del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha sostenido que "no hay otro escenario posible que el cumplimiento del acuerdo de Gobierno" y ha añadido que, "no se debe demorar más derogar la reforma laboral". "Europa nos pide ser garantistas y no repetir lo que hizo el Partido Popular", ha mantenido en 24 horas de RNE, donde ha destacado la "determinación" de Yolanda Díaz y ha descartado votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado.
"La actuación de Batet no ha sido la adecuada", ha señalado Castañón, que ha explicado que el caso de Rodríguez "le afecta a la democracia": "No ha habido pruebas, la condena que se impone afecta a un plazo de 45 días y a un sufragio pasivo y no a la retirada del acta".
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha preguntado "por qué no va a hablar el Ministerio de Economía" sobre la reforma laboral. "La reforma laboral, el mercado laboral afecta a la Economía. Tiene toda la lógica que pueda opinar, aunque a mí no me ha llamado para hablar de nada", ha declarado, en respuesta a los medios sobre el choque entre los socios del Gobierno de coalición, Unidas Podemos y PSOE.
UP ha pedido la convocatoria "urgente" de la mesa de seguimiento del pacto de coalición por la "injerencia" de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la negociación del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, para derogar la reforma laboral del PP.
"Creo que la vicepresidenta primera [Calviño] no ha dicho más que lo que está pasando, que vamos a hablar".
Garamendi también ha advertido que Yolanda Díaz no puede dar aún por cerradas las negociaciones. "Si estoy sentado a la mesa y la vicepresidenta segunda [Díaz] dice que ya está acordado el tema, que lo diga, porque entonces no sé a qué voy a sentarme (...) Que me den el papel y ya está".
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Radio Nacional ha tenido acceso al borrador del documento de la reforma laboral que maneja el Gobierno. Trabajo mueve ficha en la mesa de reforma laboral y presenta un nuevo documento a los agentes sociales en el que propone que los temporales no representen más de un 15 por ciento en los puestos estructurales de las empresas. Además, los temporales que se contraten tendrán que responder a razones de carácter organizativo o productivo. Más allá la nueva propuesta, busca cambiar la legislación de las empresas de trabajo temporal para que puedan contratar de manera indefinida. También se incluye un ajuste para los contratos fijos de obra, mayoritarios en el sector de la construcción. Las empresas tendrán que ofrecer un contrato en una nueva obra a estos trabajadores cuando concluya en la que están. Novedades también en lo que respecta a los contratos de los más jóvenes: en los de prácticas y formación. Estos últimos pasarán a tener un máximo de dos años, actualmente están en 3. En el caso de los de prácticas, pasarían de dos a uno, en el caso de los trabajadores con título universitario, y a 6 meses en el caso de los que lleguen de la formación profesional. También se delimita lo que será el mecanismo de sostenibilidad del empleo, es decir, las empresas que por razones económicas o formativas podrán acudir a los ERTE más allá de la pandemia, aunque la limitación de jornada nunca será total, según lo que hoy ha propuesto Trabajo a los agentes sociales.
El presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda han dado una imagen de unidad antes de aprobar las cuentas públicas en un Consejo de Ministros extraordinario.
En España quedan 239.230 personas en ERTE, según el ministerio de Seguridad Social. Pueden seguir acogidos a ese paraguas gracias a la última prórroga pactada entre Gobierno y agentes sociales, vigente hasta el 28 de febrero y que incluye cambios. Desde noviembre las empresas deberán volver a inscribir a los trabajadores. Si no reciben respuesta de la Seguridad Social se entenderá que continúan en ERTE. También obtendrán mayor ahorro en cuotas las que ofrezcan formación a los trabajadores. Trece meses después de la puesta en marcha de este salvavidas, en 24 horas de RNE paramos a preguntarnos quién sigue ahí, en qué condiciones y qué posibilidades tiene de volver a la actividad laboral.
Un trabajo del área de Economía de Radio 5.
A pesar de que se van acortando las listas de parados y de empleados en ERTE a quienes hay que gestionar ofertas y prestaciones, las oficinas del servicio público de empleo, el SEPE, siguen desbordadas por el final de los contratos extra ante la pandemia.
En plena pandemia se contrataron 1.500 interninos para el SEPE. De ellos, 1.000 ya han terminado su contrato y en diciembre lo harán los 500 que quedan. Un recorte de plantilla que, según los sindicatos, hace muy difícil compaginar la gestión de los ERTE con la de otras tareas como las prestaciones por desempleo. Una saturación que notan quienes acuden al SEPE.
Es el caso de Víctor. El 23 de septiembre no renovó su contrato en la hostelería y decidió formar su propio negocio. Necesita solicitar la capitalización del paro, es decir, recibir de golpe toda la prestación que ha acumulado. Más de 10 días después no es capaz de concertar una cita con el SEPE. Los sindicatos CSIF, UGT, y CCOO han pedido una reunión urgente con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz para evitar el colpaso del SEPE.
Los empleados de la administración general del Estado se reincorporan hoy al trabajo presencial tras varios meses en los que se ha consolidado el el teletrabajo. Cerca de 230.000 empleados públicos que a partir de este viernes solo podrán fichar un día desde casa, como máximo. Un modelo insuficiente y precipitado para Carlos Martínez, presidente del Sector Nacional de Administración General del Estado (AGE) de CSIF.
El Consejo de Ministros dará hoy, previsiblemente, luz verde a la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022, después de que el Gobierno y los agentes sociales llegasen este lunes a un principio de acuerdo, que aún tiene que ser ratificado internamente por patronal y sindicatos.
Gerardo Cuerva, presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa, CEPYME, se ha mostrado satisfecho en Las mañanas de RNE, afirmando que este acuerdo supone "subir otro peldaño de la larga y difícil escalera que está atravesando el mundo empresarial", aunque ha matizado que "no es bueno apurar tanto los plazos".
Además, se ha mostrado esperanzado con que la recuperación económica permita "desempeñar nuestra actividad de forma regular" y, por tanto, una nueva prórroga no sea necesaria, pero insiste en que son una figura a la que que se puede seguir recurriendo en ciertos casos. Cuerva también ha advertido que "si la empresa no tiene prórroga de ERTE, necesitará flexibilidad para adaptarse a la situación que tenga en ese momento", en referencia a los posibles despidos que puedan producirse.
Gobierno y agentes sociales han llegado a un acuerdo para extender los ERTE hasta finales de febrero de 2022. La sexta prórroga del plazo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo llegaría hasta finales de febrero de 2022. Los trabajadores sujetos a regulaciones no consumirán paro hasta finales de 2022, los fijos discontinuos recuperan la prestación extraordinaria. Habrá ahorros de cuotas para las empresas de más de 10 trabajadores: un 40 por ciento de exoneración, en caso de no impartir formación y hasta un 80 por ciento en caso de que sí la impartan. Informa Esperanza Martín.
