Nueva jornada de protestas, disturbios y enfrentamientos con la policía en Colombia, cuando se cumple un mes del estallido social en el país. Hay al menos 4 fallecidos. El presidente, Iván Duque, ha ordenado la militarización de Cali, epicentro de las protestas. Las negociaciones entre el Gobierno y el comité de paro siguen estancadas.
En la imagen, enfrentamientos con la Policía en Medellín, Colombia. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado movilizaciones contra los indultos a los líderes del 'procés' y mociones en los 8.000 ayuntamientos de España, sostiene que este país "no puede ser extranjero de sí mismo" y que hay que respetar las decisiones de la justicia.
Este martes se ha cumplido un año de la muerte del afroamericano George Floyd, asfixiado por un policía que ahora espera condena por asesinato. Aquel suceso desencadenó en Estados Unidos una oleada de manifestaciones, protestas y disturbios. Para este aniversario el presidente Biden pretendía tener ya aprobada la reforma policial, pero la ley sigue atascada en el Congreso.
Protestan contra el ERE del BBVA, que, además de cerrar oficinas, dejaría a 57 trabajadores extremeños en la calle. Aunque sigue la negociación, los sindicatos ya han convocado huelga para el 2 de junio.
Los profesionales de la salud se han concentrado este martes frente al Ministerio de Sanidad para protestar contra la adjudicación telemática de las plazas MIR. Los estudiantes se quejan de que van a tener que elegir entre 8.000 opciones sin saber cuáles son las plazas que quedan libres y denuncian que el sistema pasa de ser "una elección transparente, presencial y con garantías, a una adjudicación opaca".
En Ceuta, la policía ha cargado contra las personas que se habían concentrado para protestar por la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal. Permanecían a las puertas del hotel en el que el político ha convocado a la prensa. Los manifestantes han bloqueado la puerta por la que debía salir el líder de Vox y los agentes ha disparado salvas de aviso para dispersarlos.
Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, explica en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso cuáles son los motivos por los que regantes de Murcia, Alicante y Almería, agrupados en la organización 'Círculo por el Agua', van a manifestarse esta mañana frente al Ministerio para la Transición Ecológica. "Espero que reine la cordura", ha dicho, en referencia a los nuevos criterios propuestos por el Gobierno para el trasvase del Tajo al Segura, entre los que está previsto que se recorte el volumen transferible.
Preocupa el excesivo uso de la violencia por parte de los agentes de la policía contra los manifestantes en Colombia. Es el caso del hijo de Laura, Nicolás, de 26 años. Había vuelto a su país tras un tiempo en España. Solo quería "un mejor país" para que su hija pudiera vivir aquí, explica su madre. El periódico The Washington Post ha investigado cuatro de los vídeos de los manifestantes fallecidos, uno de ellos es el de Nicolás. El medio estadounidense concluye lo mismo que denuncia su madre: "No falleció. A mi hijo lo asesinaron". Entre el arsenal de los antidisturbios los vídeos revelan un uso abusivo de lanza proyectiles de gases y granadas de alta capacidad, incluso atropellos y hasta aturdidoras. A pesar de que el presidente, Iván Duque, ha anunciado que se perseguirán los abusos, las asociaciones internacionales denuncian que se están vulnerando los Derechos Humanos. Además, Colombia fue el segundo país en América Latina que más dinero invirtió en la compra de armas durante la pandemia: 9.000 millones de dólares. Foto: Luis Robayo / AFP.
Han pasado 15 meses desde que se derrumbó el vertedero de Zaldibar. Hoy aquí en Zalla la plataforma Zaldibar Argitu se ha vuelto a manifestar para exigir que se depuren responsabilidades por el derrumbe del vertedero y, también, para apoyar a la familia de Joaquín Beltrán. Vecino de Zalla estaba trabajando cuando quedó sepultado bajo toneladas de basura. Su cuerpo no ha aparecido y las labores de búsqueda se han suspendido por falta de resultados. Zaldibar Argitu a la que se ha unido la Carta de Derechos Sociales denuncian que además de la empresa el Gobierno vasco es responsable por no controlar la gestión del vertedero.
Hay más de 600.000 trabajadores temporales en el sector público. Suponen más del 18% del total, un porcentaje que el Gobierno se ha comprometido a reducir.
Foto: Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal/Twitter/@ceppt2021
Los empleados públicos temporales piden al Gobierno que se excluyan de las convocatorias de oposiciones todas las plazas ocupadas actualmente por personal interino.
Foto: Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal/Twitter/@ceppt2021