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La reforma de los delitos que restringen la libertad de expresión ha sido el último tema en sumarse a la lista de asuntos que agrietan la relación entre PSOE y Unidas Podemos. La formación de Pablo Iglesias asegura que, horas después de que 200 artistas firmaran un manifiesto pidiendo la libertad del rapero Pablo Hasél, avisó a La Moncloa de su intención de registrar hoy en el Congreso una proposición de ley para reforzar la libertad de expresión. Pero poco después, el ministerio de Justicia anunció que prepara cambios en el Código Penal para minimizar esos delitos. La campaña electoral en Cataluña parece haber agudizado estos ambos socios que también hemos visto en materia de vivienda o igualdad.

En la misma semana en la que el rapero Pablo Hasél tiene que entrar en prisión, condenado por tweets y canciones contra la corona y la Policía, Justicia anuncia que propondrá una revisión de las penas a delitos relacionados con la libertad de expresión. Solo se castigarán conductas que supongan un riesgo claro para el orden público o incitaciones de orden violento, pero no estarán penados con cárcel, como sucede en la actualidad.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el Gobierno planteará la iniciativa de la reforma sobre los delitos de libertad de expresión y que su objetivo es incluirlos en la reforma que prepara el Ministerio de Justicia del Código Penal, la cual será preparada conjuntamente con el Ministerio de Interior.

“El Gobierno ya expresó la voluntad de plantear una iniciativa que permita justamente garantizar la proporcionalidad en la aplicación de esta norma y por tanto aportar un marco más seguro de mayor capacidad de defensa de la libertad de expresión”, ha recalcado.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo ha apuntado que desconoce que su socio de Gobierno haya presentado una iniciativa similar en el Congreso. Foto: EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

El "Caso Hasel" ha puesto sobre la mesa la reforma del Código Penal sobre los delitos de expresión. En víspera del ingreso en prisión del rapero por un delito de enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, el Ministerio de Justicia daba un paso al frente.
Moncloa anunciaba anoche que planteará una revisión de los delitos relacionados con "excesos" en el ejercicio de la libertad de expresión para que "sólo" se castiguen conductas que supongan "claramente" la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de conducta violenta.
Tratamos de analizar qué significa esto con José Eugenio Soriano, Catedrático de derecho de administrativo de la Universidad Complutense.

El Gobierno tiene previsto plantear la revisión de delitos relacionados con la libertad de expresión. En concreto, el ministerio de Justicia no quiere que los excesos verbales cometidos en un marco artístico, cultural, o intelectual conlleven un castigo penal.

Apuntan que, en estos casos, "la cárcel ni es la herramienta más útil, ni necesaria ni proporcionada". La cartera de Juan Carlos Campo estudia reformar el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas; el de odio; también los delitos de injurias a la corona y otras instituciones, o los delitos contra los sentimientos religiosos.

Señala Justicia que "es preciso concretar estos delitos de forma más precisa respecto al derecho de la libertad de expresión". De este modo, se evitarían condenas como la del rapero Valtonyc o Pablo Hasel.

Este anuncio del Gobierno coincide en el tiempo con dos aspectos: Por un lado, varias personalidades del mundo de la cultura han exigido la libertad de Hasel y, por otro, que Unidas Podemos presentará este martes 9 de febrero unaLey de Protección de la Libertad de Expresión pidiendo derogar, precisamente, estos delitos.

Zhang Zhan ha sido condenada a cuatro años de prisión acusada de "provocar altercados y de difundir información falsa". Varias ONG dicen que el juicio es una farsa, mientras que la ONU también ha mostrado su preocupación y ha pedido su liberación. Zhan, de 37 años, no es una profesional de la información sino que ejerce lo que se denomina "periodismo ciudadano": viaja con su teléfono a distintos lugares y luego cuelga los vídeos que graba en plataformas y redes sociales. Así accedió, por ejemplo, a la zona de emergencias de un hospital de Wuhan, en lo más duro de la pandemia de coronavirus. Y documentó con sus grabaciones el aspecto de lo que aquellos días era una ciudad fantasma. Sus crónicas, que daban una imagen muy alejada de la oficial del Gobierno chino, la pusieron en el punto de mira de las autoridades. La fiscalía la acusaba de" publicar informaciones falsas" y aceptar entrevistas con medios extranjeros para "exagerar maliciosamente" la situación del coronavirus en Wuhan. La bloquera lleva semanas en huelga de hambre. Naciones Unidas ha pedido su liberación y lamenta las "restricciones excesivas a la libertad de expresión" vinculadas con la COVID-19.  [Última hora coronavirus]

Un tribunal de Shanghái ha condenado a cuatro años a la periodista Zhang Zhan por "provocar altercados y buscar problemas". La periodista llegó a Wuhan a principios de febrero para informar de cómo se estaba luchando contra la pandemia en la zona cero del coronavirus. Denunció la mala situación de los hospitales, con camas instaladas en los pasillos y pacientes en el suelo, y criticó la caótica respuesta de las autoridades locales y el acoso sufrido por familiares de víctimas, así como la detención de varios periodistas y ciudadanos que intentaron documentar lo que se estaba viviendo en Wuhan. Zhang Zhan inició en septiembre una huelga de hambre para denunciar su arresto, y se encuentra en un estado muy débil según sus abogados.

El presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Armada, defiende que "la libertad de prensa es la mejor vacuna contra la desinformación" y que 2020 deja 387 periodistas encarcelados en todo el mundo por ejercer su labor informativa. En una entrevista en TVE, Armada alerta de que "China es la principal cárcel de periodistas" con 117 reporteros encarcelados por publicar noticias que no le han gustado al Gobierno sobre todo en lo referente a la pandemia de coronavirus. El periodista sostiene que frente a la inmediatez de las pantallas hay que apostar por las crónicas y "acercarse a los hechos con los cinco sentidos", apunta que hay "demasiado ruido en la red" y recuerda la importancia de ser "impecables con los códigos deontológicos".

FOTO: Cati Cladera/EFE