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En 24 Horas, hablamos con Ana Giménez, presidenta de AMYTS, quien ha resaltado que tener un estatuto propio para los médicos es fundamental dadas las características especiales de la profesión, como la alta responsabilidad, la atención al paciente y las guardias obligatorias. Reclaman una jornada ordinaria de 37 horas a la semana y que las horas extras sean consideradas y retribuidas como las del resto de trabajadores: "Muy por encima de la hora ordinaria".

Giménez hace hincapié en que las mejoras de las que habla la Ministra de Sanidad, no son tal, ya que considera que no tener que devolver las horas de descanso, tras guardias de 24 horas, no es ningún avance, a los médicos les obligan "a trabajar mucho más que al resto de trabajadores" y añade: "Lo que no puede ser es que las condiciones laborales de los médicos se negocien con gente que no son médicos (...) no somos ni el 3% de los presentes".

Para finalizar, la presidente advierte que los médicos más jóvenes: "No están dispuestos a soportar el maltrato secular reconocido por todos los partidos políticos que ha sido la base de nuestro sistema nacional de salud".

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha dicho en 24 Horas que el procedimiento contra el fiscal general del Estado: "Nunca debió llegar a sentencia", ya que "no tenia carácter de secreto". Pallín hace referencia a las "incongruencias" que encuentra en la sentencia a lo largo de la página 18 y a tenor de la información recopilada en el correo electrónico, estima que "el propio interesado se confesó autor de los hechos delictivos y pidió que se llegase a una conformidad para reducir la pena".

Para el magistrado, "es un día muy lamentable para la justicia en España" y añade que el tribunal se ha dejado "influenciar descaradamente por la presión política", lo que supone un claro caso de "lawfare": "Se ha convertido en un caso contra el Gobierno (...), se ha utilizado como arma o munición política". Pallín se reafirma en que la sentencia es "absolutamente incongruente" y "vulnera el derecho del fiscal al principio acusatorio": "Nunca supo de qué se le acusaba".

Para terminar, abre la posibilidad de que se presente un recurso en el Tribunal Constitucional ya que aclara: "Nunca he visto una sentencia que vulnere tantos derechos fundamentales como esta".

La Inteligencia Artificial está suponiendo toda una revolución en la que las batallas ya no se libran solo en la vida real y en el campo militar, también lo hace en el ciberespacio. Esta revolución se ha extendido a la vida civil, a lo cotidiana y a cada rincón del ciberespacio.

Este es el caso de Indra, la multinacional de Defensa, Consultoría y Tecnología de la que es accionista principal el Estado, con un 28%. La empresa ha presentado hace unas semanas una nueva división, IndraMind. Esta se ha definido como un cerebro digital para combatir la guerra híbrida.

Según el director general de Indra, Ignacio Martínez, las amenazas híbridas como drones en aeropuertos o el corte de cables submarinos son las principales problemáticas. Es aquí donde "infraestructuras civiles responden a retos de índole militar, para lo cual no están preparadas" y ahí aparece Indra con su nueva división que tiene el objetivo de "proteger y empoderar a todos los ciudadanos".

Sus clientes son del "entorno de defensa, pero también en el entorno institucional, agencias gubernamentales o diferentes actores institucionales", empresas privadas como bancos u otras que tengan información sensible de la ciudadanía.

Imagen: EUROPA PRESS

El Consejo de Ministro ha anunciado este martes que avalará a los propietarios que tengan a inquilinos de hasta 35 años o familias vulnerables que no puedan pagar el alquiler. Todavía están por conocerse muchos detalles.

Según el profesor de Economía de la Universidad de Comillas, Leandro Escobar, "esto no significa que vayan a bajar los precios, pero sí va a cambiar el riesgo en el mercado". Escobar añade que "hay muchos pisos que no se movilizan por temor de sus propietarios al impago y a la ocupación", lo cual contribuiría a aumentar la oferta.

A esta medida le ha seguido el anuncio de la transformación de Sepes en Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años. Según Escobar, este tipo de medidas crean "dos mercados en paralelo, uno de lo que se llama renta antigua y otro de lo que llama renta de mercado".

El profesor afirma que es una situación "muy compleja" al tratarse de "situaciones especialmente vulnerables y también de personas jóvenes que no pueden acceder a otro tipo de solución habitacional".

Imagen: EUROPA PRESS

El Supremo publica la sentencia contra el fiscal general. Considera probado que Álvaro García Ortiz o alguien de su entorno con su conocimiento filtró el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Dice que hay pruebas sólidas y coherentes, y entre los argumentos de los jueces: que no existe otra explicación alternativa razonable a quien lo hizo.

El Tribunal no pone en duda lo que dijeron los periodistas, pero al mismo tiempo asegura que el secreto profesional les ampara para hacer declaraciones que no sean totalmente fieles a la realidad.

Foto: Eduardo Parra / Europa Press