Estudiantes y trabajadores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid están convocados a la huelga el 26 y 27 de noviembre. Exigen al Gobierno de Díaz Ayuso acabar con la LESUC, la futura ley de universidades. Dicen que el actual borrador asfixia económicamente a la universidad pública y piden un plan de financiación estable que evite los recortes año tras año. Esta noche unas 300 personas han protagonizado un encierro en la Facultad de Bellas Artes.
Alba Lirón, portavoz de la plataforma UCM Por la Pública, ha reclamado en RNE: "La situación que estamos viviendo en las universidades públicas madrileñas es el fruto de muchos años de privatización del sistema público madrileño. Estamos en una situación de completa asfixia económica". Mientras con una mano "nos asfixian", con la otra "hinchan las universidades privadas", denuncia. En estos momentos, Madrid tiene más del doble de universidades privadas (13), que públicas (6). Lirón critica que actualmente es "insostenible impartir docencia y hacer investigación" en un situación en la que falta material para hacer prácticas o salidas de campo y en la que "no se están cubriendo las jubilaciones del profesorado".
Desde la Plataforma UCM por la Pública se muestran dispuestos a sentarse a negociar con la Comunidad de Madrid: "Niegan completamente la situación y no se nos reconoce como un agente negociador. Estamos pidiendo que se tenga en cuenta a la comunidad universitaria para el anteproyecto de ley, que se ha hecho completamente a espaldas nuestras", apunta la portavoz. "El proyecto que tiene la Comunidad de Madrid es la asfixia económica y el control político y presupuestario que quiere establecer con este anteproyecto de ley. Es dejar la universidad anémica por una falta de financiación para después llegar y controlarla con un mando a distancia. Además del régimen sancionador que incluye esta ley". Entrevista completa en RNE Audio.
La periodista Maribel Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana, abandonó el aparcamiento donde había aparcado su vehículo después de las 19:47, una hora después de salir del restaurante El Ventorro. Así figura en el justificante de pago aportado a la jueza de instrucción, lo que deja un vacío temporal en las versiones expuestas por ambos.
Según contó la periodista a la jueza, tardó unos diez minutos en sacar el coche desde que se despidió de Mazón. La diferencia horaria que arroja ahora el ticket coincide con el tramo de 37 minutos en el que el presidente valenciano ahora en funciones no atendió llamadas.
Foto: Europa Press/Rober Solsona.
Romper el silencio que rodea a la violencia de género siempre es difícil, pero lo es más en entornos rurales. Ninguna de las asesinadas el año pasado en municipios de menos de 5.000 habitantes había denunciado a sus agresores. El miedo al estigma, los prejuicios del entorno o la dificultad para acceder a recursos de apoyo son algunas de las barreras.
Una víctima de violencia de género, Raquel, en un municipio de apenas 7.000 vecinos, explica que "hay mucho machismo, la gente no te apoya nada y piensan que es tu culpa, algo que tenía que esconder, que la mala era yo, la gente decía que algo le harías". El miedo a las críticas hace que muchas mujeres no lo cuenten.
Según la experta en violencia de género, Marta Torres, "familias, amigos entornos que dicen esto hay que esconder y no digamos ya del entorno del maltratador".
El silencio también hace que les cueste más acudir a denunciar. De media, las mujeres permanecen 20 años en una situación de violencia de género, antes de poder verbalizarlo.
Además, faltan recursos especializados y atención psicológica tanto para las víctimas como para sus hijos. Henar, también víctima, quiso romper el aislamiento al que la empujaba su entorno. Este año, 12 de las 38 mujeres asesinadas vivían en municipios que no llegaban a 20.000 habitantes.
Imagen: EUROPA PRESS / EDUARDO MANZANA
El menú del día se implementó en los bares hacia los años 60 por ley y lo siguen eligiendo cuatro millones de personas para comer cada día. El precio va subiendo cada año y a día de hoy cuesta, de media, unos 14 euros. Se trataba de un menú turístico, genuinamente español que en breve conquistó a la clase trabajadora.
Según explica desde Hostelería de España, Emilio Gallego, "se puede incorporar como una herramienta de contraprestación social, en la negociación de los convenios colectivos".
Se trata de un producto muy sensible al precio porque sube cada año, un 21% en la última década y desde 2024, 20 céntimos más. Según el dueño de la Cafetería Balmes de Girona, Joan Cuervas, la materia prima ha subido, "la luz, el gas" y sentencia que se han visto obligados a aumentar su precio, aunque "lo menos posible".
Los precios varían según el lugar. Los menús más baratos se encuentran en Canarias, Asturias, Murcia y Andalucía. Por otro lado, los más caros, en País Vasco y Baleares.
Su precio sube menos que la inflación general y que, según la patronal, son imbatibles y no tienen parangón en el entorno europeo.
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