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En el deporte, históricamente, se han tolerado y amparado conductas sexistas, e incluso agresiones silenciadas. Muchas deportistas han sufrido discriminación y abusos, mientras todos miraban para otro lado. Pero eso empieza a cambiar. Ahora todas las instituciones deportivas están obligadas a tener protocolos contra el acoso sexual.
- Una de cada tres deportistas sufre violencia sexual en su carrera
- Hablamos con varias expertas sobre el incumplimiento de los protocolos para prevenir la violencia sexual
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Programa 39. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos habla sobre la detención en Panamá del sospechoso fugado desde hace 16 años por el crimen de dos mujeres chinas en Pontevedra. Francisco Herrero, comisario principal y jefe de la División de Documentación de la Policía Nacional, analiza la evolución del Documento Nacional de Identidad y el DNI digital. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual nos explica qué son las agresiones sexuales a menores, la pornografía infantil y el caso Asencio. Neus Sala dedica su Archivo criminal, en colaboración con el Archivo RNE, al primer capítulo sobre el mayor asesino en serie de España, Manuel Delgado Villegas, más conocido como El Arropiero.
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El excirujano Joël Le Scouarnec, considerado el mayor pederasta de Francia, ha sido condenado este miércoles a 20 años de cárcel por violación y agresión sexual a 299 menores. Le Scouarnec abusaba de sus pacientes bajo los efectos de la anestesia. El Tribunal de lo Criminal de Vannes (en Bretaña, al oeste del país) ha declarado a Le Scouarnec, de 74 años y especialista en el aparato digestivo, culpable de prácticamente todos los cargos y le ha sentenciado a la máxima pena posible en Francia por delitos de violación.
Foto: REUTERS/Stephane Mahe
- Joël Le Scouarne recibe la máxima pena posible en Francia por delitos de violación
- El tribunal ha declarado al excirujano, de 74 años, culpable de prácticamente todos los cargos
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- Los primeros estudios encargados por las Comunidades Autónomas revelan datos alarmantes
Los últimos casos de menores tuteladas víctimas de explotación sexual han reabierto el debate sobre qué está fallando en su protección. En España hay 35.000 menores en el sistema de acogida, la mitad de ellos en centros. Los expertos subrayan la importancia de invertir y cuidar los perfiles de los educadores. RTVE ha hablado con jóvenes que vivieron esta realidad muy de cerca. El Gobierno prepara un decreto para garantizar unos estándares mínimos de calidad. Hoy la mitad de los 35.000 menores acogidos en sistema de protección vive con familias. La otra mitad, todavía lo hace en centros. FOTO: GETTY IMAGES
La acusación ha pedido 108 años de cárcel para el hombre que violó y prostituyó a una menor en Barcelona, cuando estaba bajo guarda de la Generalitat. En el escrito se explica que el acusado grabó al menos una veintena de violaciones cometidas por él y por otras personas.
El escrito de acusación recoge que el procesado, de 40 años, contactó con la menor con claro ánimo lascivo y, presuntamente, la violó en numerosas ocasiones entre 2020 y 2021. Asimismo, se hizo pasar por ella creando un perfil en redes y páginas de citas con su nombre y sus fotos en ropa interior, para así concertar encuentros entre ella y otros pederastas en su piso del Raval, en Barcelona. Ante esta situación, la menor se escapaba del centro de menores para acudir a esas citas. En el escrito, la víctima le acusa de aprovecharse de su vulnerabilidad.
Por su parte, la consellera de Derechos Sociales promete que llegarán hasta el final para aclarar el caso. También trabajan en una remodelación profunda del sistema de atención a la infancia y adolescencia.
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La Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente informativo a la Dirección General de Atención a la Infancia para averiguar si hubo errores en el caso de la niña de 12 años que fue violada y explotada sexualmente, durante al menos dos años, por un pederasta, mientras estaba bajo su protección. La Consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez, va a comparecer en el Parlament. La adolescente de 12 años era extremadamente vulnerable: sufría acoso escolar, tenía problemas de autoestima, su madre estaba enferma y vivía en un centro tutelado por la Generalitat. En 2020, el electricista de 40 años contacta con la menor a través de una aplicación, ganándose su confianza. También la grabó en vídeo y la ofreció a otros hombres a través de redes sociales. La víctima denunció en 2021 y el año pasado el juez decretó prisión provisional sin fianza, a la espera de un juicio, que será en 2026. El hombre se enfrenta a 107 años de cárcel.
¿Cómo termina una menor bajo la tutela de una comunidad autónoma, en este caso de la Generalitat, siendo víctima de un pederasta? ¿Dónde falla el sistema? Lo analizamos con Noemí Pereda, catedrática de Victimología de la Universidad de Barcelona, y con Esther Giménez-Salinas, síndica de Greuges de Cataluña.
"El tema de la explotación es un tema invisibilizado porque incomoda y plantea cuestiones de cambio dentro del sistema de protección", explica Pereda. La catedrática critica que los centros no son el lugar más idóneo actualmente para que los niños y niñas crezcan y se desarrollen y añade que lo que más se encuentran son niños "altamente vulnerables". Es precisamente en los centros residenciales donde Pereda resalta que hay personas "que se aprovechan de estas necesidades emocionales de los niños y se producen este tipo de casos, tanto en Cataluña como en el resto de comunidades autónomas". La experta insiste en la importancia de investigar cuántos menores en centros estarían siendo víctimas de explotación sexual en nuestro país y reclama más formación "respecto a estas cuestiones de riesgo" para los profesionales que trabajan con los menores.
Por su parte, la defensora del pueblo catalán indica en RNE que que los niños crezcan en una institución "es un riesgo altísimo". "Cuantos más niños hay en instituciones, más alto es el riesgo" de que puedan suceder cosas así, explica y añade que las estancias de los menores "se eternizan" en los centros. Señala Giménez-Salinas que uno de los principales problemas reside en que no se hayan detectado antes los abusos a esta menor, que se prolongaron durante dos años.
Ambas coinciden en la necesidad de trabajar con las familias de origen y los padres, en los casos que no son graves. La síndica de Greuges apunta que, en muchos casos las "actitudes negligentes" por parte de los partes se mezclan con situaciones complicadas, como pobreza o dependencias: "Ayudando a la familia e intentando prevenir, probablemente no habría que retirar el niño, porque retirar el niño es el último recurso. Debemos montar un sistema de ayuda y de protección de verdad". "Hay solo un camino para la protección de la infancia, que es que el niño crezca en una familia que pueda permitirle desarrollarse en todo su esplendor", asegura Noemí Pereda. Entrevista en RNE Audio
- François Bayrou fue ministro de Educación en la época en la que se cometieron los abusos
- Su hija ha relatado una brutal paliza que recibió por parte de un sacerdote del internado Notre-Dame de Bétharram
¿Qué falló para que una niña de 12 años, que estaba bajo la guarda de la Generalitat de Cataluña, fuera violada en múltiples ocasiones? El gobierno catalán ha abierto una investigación interna, mientras se van conociendo más datos de un caso que algunos ya llaman el "Pelicot catalán".
El presunto agresor, la ofrecía en redes sociales y grababa sus agresiones sexuales y las de otros hombres. Mientras ocurría, sus padres mantenían la tutela, aunque vivía en un centro de la Generalitat. La menor denunció en 2021 junto a su familia y acompañada del personal del centro.
Ahora falta averiguar qué ha fallado. La Generalitat dice que si hay denuncia y posteriores detenciones es "gracias a la intervención del personal educativo del centro, que detectó indicios de abusos y activó los protocolos pertinentes". La consellera responsable no ha hecho declaraciones este miércoles y sus conclusiones preliminares se explicarán en el Parlamento catalán.
La fiscalía pide, para el presunto agresor, 107 años de condena, acusado de pederastia y prostitución y agresión sexual continuada a una menor. Entre las miles de imágenes pedófilas que almacenaba, han encontrado las de más menores. Ahora, el agresor está en prisión provisional.
- La Fiscalía de Barcelona ha solicitado 107 años y medio de prisión para un acusado de agredir sexualmente a una menor
- La víctima estaba bajo la guarda de Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia
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- No ha acudido a la lectura del veredicto por estar de rodaje fuera de París
- Se le imputa por delito de tráfico sexual con drogas y se enfrenta, como mínimo, a 15 años de prisión
- Combs se mantiene como inocente y la defensa argumenta que las actividades sexuales eran consentidas
Magnate del hiphop, creador de la discográfica Bad Boy Records y acusado de tráfico sexual. Este lunes ha comenzado el juicio contra el rapero Sean Combs, conocido como "P. Diddy", acusado de cinco delitos, entre los que se incluyen la coacción para satisfacer sus deseos sexuales.
Desde la acusación, la fiscal Ashley Johnson ha alegado que Combs "atacó con saña" a las víctimas de las fiestas conocidas como freak offs si se negaban a participar o reproducían una mínima queja.
Por su parte, la defensa ha declarado que "solo llevaba una vida mundana, al que gustaban las fiestas y los intercambios de parejas. Sin embargo, las acusaciones y la fiscalía hablan de él como un auténtico depredador sexual". Combs es la última de las grandes personalidades estadounidenses que han caído tras el movimiento del #Metoo.
La Sala del Supremo ha absuelto a un joven condenado a siete años de prisión por violación. La argumentación de la absolución se basa en que la víctima no expresó claramente su negativa. Tras conocer la sentencia, la ministra de Igualdad ha recordado que "la ley actual pone el consentimiento en el centro". Además, ha reafirmado su confianza en el sistema como sistema "aunque a muchos jueces les falta formación". La ministra "cree que hay recorrido para el recurso".
Por otro lado, Laura Esteve, magistrada de primera instancia y doctora en Derecho Penal, asegura que "esta sentencia no cuestiona el relato de la víctima, pero los magistrados han entendido que puede haber una duda razonable".
Objetivo Igualdad