El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que, además de poner límite a la privatización de la gestión de los hospitales públicos, pretende reforzar el control del gasto de los centros públicos que están gestionados por compañías privadas.
El nuevo texto establece un marco más restrictivo para la externalización de servicios sanitarios y busca garantizar una mayor supervisión económica y asistencial en aquellos hospitales cuya gestión esté en manos de compañías privadas. El objetivo, según el Gobierno, es reforzar el carácter público del sistema sanitario y asegurar un uso más eficiente de los recursos.
La Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud limitará la colaboración público-privada, con el fin de "poner coto al ánimo de lucro". Este texto derogará la ley de 1997 que aprobó el Gobierno de José María Aznar y que permitió el desarrollo de modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que, con su anteproyecto, el Gobierno quiere "acabar con la sanidad" en la Comunidad de Madrid y llevarla "a la revolución" para "que nada funcione".
La norma exhibe, a su juicio, la "absoluta obsesión" del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid, que muestra "amenazando, mintiendo e imponiendo", y ha asegurado que en otras regiones como Cataluña se trabaja "mucho más" con empresas sanitarias privadas. Díaz Ayuso ha augurado que el anteproyecto de ley no saldrá adelante, "pero ya está el daño hecho" al mandarse un mensaje "azuzando el miedo y la revolución".
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