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Los británicos residentes en la UE no podrán usar servicios financieros en Reino Unido en caso de 'Brexit duro'

  • El Gobierno de Londres ha publicado las 25 primeras medidas de contingencia para preparar a ciudadanos y empresas

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El ministro británico para la Salida de la Unión Europea, Dominic Raab,
El ministro británico para la Salida de la Unión Europea, Dominic Raab, ha asegurado que su Gobierno trabaja para minimizar los efectos de un Brexit sin acuerdo. PETER NICHOLLS / POOL / AFP

Los clientes de bancos establecidos en Reino Unido que residan fuera de ese país no podrán acceder a servicios financieros de esas entidades si se produce un Brexit duro, es decir sin acuerdo con la Unión Europea. Eso sucederá -si la UE no toma alguna decisión para evitarlo- tanto a los particulares y empresas del Espacio Económico Europeo como a los de nacionalidad británica con residencia en el exterior.

Ésa es una de las advertencias recogidas en las 25 medidas técnicas publicadas este jueves por el Gobierno de Reino Unido para señalar cómo deben preparse tanto los ciudadanos como las compañías ante la creciente posibilidad de que las negociaciones de Londres sobre la salida de la UE terminen sin acuerdo.

Las medidas conocidas son las primeras de las 80 que el Gabinete de Theresa May se comprometió a publicar a finales del verano, e incluyen advertencias en distintos campos, como el sector financiero, el comercio y las aduanas, o la energía nuclear.

"Si la UE no hace algo para remediarlo, los clientes residentes en el Espacio Económico Europeo (EEE) de entidades de Reino Unido que ahora cuentan con autorización en el EEE, incluyendo los ciudadanos británicos que viven en el EEE, pueden perder su capacidad de acceder a servicios actuales de depósito y préstamo, así como a contratos de seguros (como seguros de vida y anualidades), debido a que las entidades de Reino Unido perderán sus autorizaciones dentro del EEE", señala el documento gubernamental.

Esta recopilación de consecuencias esconde también un intento de presión de Londres, que busca desde hace meses que la UE convalide las actuales autorizaciones que permiten actuar en la UE a los bancos británicos.

Así, el documento recuerda que "Reino Unido es un importante centro de la banca de inversión de Europa" y que "los bancos británicos proporcionan servicios de financiación e inversión a través de los mercados de capitales a empresas de toda la UE", para a continuación añadir que, "en ausencia de una actuación por parte de la UE, los clientes europeos no podrán utilizar más los servicios de bancos de inversión establecidos en Reino Unido, y esas entidades tampoco podrán cumplir los actuales contratos fuera de las fronteras" británicas.

Encarecimiento del pago con tarjeta

Entre las consecuencias de una salida sin acuerdo para los ciudadanos y empresas que destaca el Gobierno de May también aparece el incremento de costes en el uso de tarjetas de crédito y débito en transacciones entre Reino Unido y la UE.

"Los proveedores de servicios de pago establecidos en Reino Unido perderían el acceso directo a las infraestructuras centrales de pagos -como el sistema TARGET2 y el Single Euro Payments Area (SEPA)-, lo que significa que los clientes (incluidos empresas que utilizan esos proveedores para procesar pagos en euros) podrían enfrentarse a mayores costes y tiempos más largos de gestión de las transacciones en euros", explica el documento sobre el sector financiero.

Además del aumento de los costes por esa pérdida de acceso a los sistemas europeos, el Gobierno británico reconoce que "los pagos transfronterizos con tarjetas dejarán de estar cubiertos por el veto a las comisiones" aprobado este año por la UE y que prohíbe a las empresas que carguen a los consumidores por utilizar un determinado método de pago.

El fin de la libre circulación de bienes

Respecto al comercio, el documento señala que "se acabará la libre circulación de bienes entre Reino Unido y la UE", con lo que las empresas que comercien con Europa desde Reino Unido tendrán que realizar los mismos trámites burocráticos -incluyendo el cumplimiento de exigencias de seguridad y certificados- que ahora realizan con compañías de fuera de la UE.

Por añadidura, esas empresas deberán pagar por adelantado el IVA de las operaciones con la UE, lo que repercutirá en sus flujos de tesorería. Para las transacciones en Reino Unido, Londres ya confirma que mantendrá un sistema de IVA, ya que es un recurso fundamental para la financiación pública.

En cuanto al sistema arancelario, Londres advierte que creará uno nuevo para los países de la OMC, que será distinto al de la UE y que se aplicará también a los miembros del club europeo.

Además, asegura que tratará de replicar todos los acuerdos de comercio firmados por la UE con otros países para evitar "problemas a la exportación" e intentará mantener las preferencias comerciales que ofrece de forma unilateral a países en desarrollo.

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