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Imagen de archivo de Ignacio González en la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid)
Imagen de archivo de Ignacio González en la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). EFE Santi Donaire

El juez decreta libertad bajo fianza de 400.000 euros para Ignacio González

  • El expresidente de Madrid tendrá que entregar el pasaporte y no podrá salir de España

  • El juez instructor del caso Lezo le impone también comparecencias semanales

  • El magistrado ve disminuido el riesgo de fuga y de reiteración delictiva

  • La decisión se toma con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional

  • Lee el auto en el que el juez deja en libertad bajo fianza a Ignacio González [.pdf]

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El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo ha acordado, con el visto bueno de la Fiscalía, libertad bajo fianza de 400.000 euros para Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP. Ignacio González, en prisión desde el pasado 21 de abril, está siendo investigado por el presunto desvío de fondos del Canal Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en la región.

El instructor de Lezo, Manuel García Castellón, le ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias semanales una vez que deposite la fianza.

El magistrado ha tomado esta decisión al disminuir "considerablemente" el riesgo de fuga por el avance de la instrucción y reducirse el riesgo de que vuelva a delinquir "en cuanto al posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá".

En su auto de 14 páginas [.pdf], el juez señala que en el momento actual "procede adecuar proporcionalmente las medidas cautelares adoptadas en su día por otras menos gravosas y menos restrictivas de derechos fundamentales".

El expresidente de la Comunidad de Madrid está imputado, entre otros delitos, de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.

El juez ha tomado esta decisión en consonancia con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que este martes se ha pronunciado a favor de dejar en libertad bajo fianza a González, cambiando así el criterio que había mantenido en las otras tres ocasiones que el expresidente de Madrid había pedido su puesta en libertad y se había pronunciado en contra.

"Actividad delictiva colectivamente ejecutada"

Pese a adoptar su libertad bajo fianza, el juez sigue considerando que tanto González como su hombre de confianza en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión- "se han prevalido de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones".

"Resulta evidente que no se trata de una actividad delictiva individual ni localizada en un momento temporal determinado, sino que muy al contrario estamos presuntamente ante una actividad delictiva colectivamente ejecutada", asegura el magistrado.

Según el juez, tanto González como Rodríguez Sobrino tenían "pleno conocimiento" de que se estaban cometiendo delitos en la operación de la compra en 2001 de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, que pudo ocasionar un desfalco de unos 70 millones de euros a las arcas públicas y que se hizo con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente autonómico.

Castellón cree que pudo ser González quien encargó y posteriormente ocultó un informe sobre la operación, que se extendió desde 2001 hasta 2012, realizado por un despacho de abogados y pagado con fondos públicos, aunque no se ha concretado todavía el importe exacto.

Respecto a la compra de la brasileña Emissao en 2013, García Castellón determina que aunque esta se efectuó cuando González ya no era presidente del Canal, el inicio de la operativa se llevó a cabo mucho antes y dice que existen indicios que demuestran que González y su hombre fuerte en Sudamérica se beneficiaron "ilícitamente" del patrimonio de la Comunidad de Madrid mediante el abuso de su posición.

1,2 millones de comisiones ilegales con Canal Golf

Acerca de las irregularidades en la adjudicación de la construcción y gestión del Canal Golf, Castellón eleva a 1,2 millones de euros el importe total de comisiones ilegales que los investigados pudieron obtener a costa del erario público.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional recuerda en este auto lo expuesto por el juez que comenzó instruyendo la causa, Eloy Velasco, quien dijo que González intercedió para que el gobierno regional aprobara en 2007 el proyecto de la construcción de dos campos de golf en Chamberí declarando las obras de interés general y dando luz verde al operativo del Canal de Isabel II en el momento en que era presidente del consejo de administración del mismo.

El proyecto siguió adelante gracias a la intermediación de la Comunidad de Madrid y se adjudicó al consorcio Green Canal Golf, a pesar de que la mejor oferta provenía de otro licitador que le aventajaba en 11 puntos. Dicho consorcio estaba integrado por varias empresas, entre ellas Tecnoconcret, participada por su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero y a través de la cual desviaron los fondos públicos del Canal.

Durante los seis meses que lleva en prisión la defensa del expresidente madrileño ha solicitado su puesta en libertad en otras tres ocasiones anteriores pero la Audiencia Nacional siempre lo ha rechazado por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, y también por entender que ejerció un "papel decisivo" en la trama de corrupción.

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