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Referéndum en Cataluña

El Govern llama a votar en 2.315 colegios: "Aunque intenten cerrarlos, se votará, y el resultado tendrá validez"

  • Anuncia que 7.235 personas velarán por la votación en 6.940 mesas electorales
  • Junqueras dice que hay un plan alternativo de votación ante el cierre de colegios
  • Un conjunto de personas "con credibilidad" harán de junta electoral
  • La Generalitat da un paso más y presenta la urna: de plástico y con el logo oficial
  • El Govern presenta querellas contra Maza y el fiscal general de Cataluña
  • Claves del referéndum | ¿Quién es quién? | ¿Qué ha pasado desde el 9N?

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Junqueras, Turull y Romeva anuncia el dispositivo para el referendum y presentan la urna que se utilizará el 1-O

"El domingo se votará desde las 9:00 de la mañana hasta las 20:00 de la tarde". La Generalitat de Cataluña sigue adelante con su referéndum independentista del 1-O, a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional, y llama a votar a 5.343.358 catalanes en los 2.315 colegios electorales que estarán abiertos "en todo el territorio catalán". Y avisa: aunque se intente cerrar los colegios, "los ciudadanos votarán" y el resultado tendrá toda la validez y la legitimidad".

Así lo han explicado el vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, el conseller de Interior, Jordi Turull, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raúl Romeva, que han comparecido desde el International Press and Broadcasting Center habilitado en Barcelona para dar a conocer el dispositivo electoral del domingo en el que habrá 6.249 mesas electorales y 7.235 personas para velar por la votación.

En un paso más en su desafío soberanista, el Govern ha exhibido este viernes por primera vez el modelo de urna que quiere instalar en los colegios electorales previstos para el 1 de octubre. Una urna de plástico blanco, con tapa negra y con el emblema de la Generalitat en el centro.

Junqueras, Turull y Romeva, junto con la urna del referéndum del 1-O.

Junqueras, Turull y Romeva, junto con la urna del referéndum del 1-O. EFE

"Si alguien pretende asaltar colegios electorales en otro gesto antidemocrático, los ciudadanos de Cataluña podrán votar este domingo", ha avisado Junqueras, que no ha querido desvelar, eso sí, cuál es la alternativa preparada por la Generalitat para que se pueda votar en caso de que los colegios queden precintados, tal y como ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Académicos y profesionales "con credibilidad" harán de junta electoral

En relación al resultado del referéndum y ante la ausencia de una Sindicatura Electoral- sus miembros dejaron el puesto para eludir las multas del Tribunal Constitucional- Turull ha explicado que "un conjunto de personas con credibilidad académica, profesional y personal" actuará como junta electoral para certificar los resultados.

Tampoco ha dado los nombres para evitar que sean apercibidos por el Gobierno central, ha dicho, y se darán a conocer el mismo domingo.

Según ha explicado Turull, la mayoría de miembros de la mesas electorales han recibido ya su citación y, en caso de no haberlas recibido aún porque "haberse violado" el secreto postal., "se seguirá el procedimiento de cualquier otra jornada electoral".

Preguntado por la posibilidad de que la Generalitat haga, tras el domingo, una declaración unilateral de independencia, Junqueras se ha limitado a decir: "Actuaremos con responsabilidad, respetando la voluntad mostrada por los ciudadanos y con diálogo".

A horas del 1-O, hay discrepancias entre las fuerzas independentistas y entre los dirigentes del PDeCAT en relación a ese escenario tanto si no se puede celebrar el referéndum como si se celebra y gana el 'sí'.

El Govern pide "no caer en provocaciones" y anima a votar "con civismo"

Junqueras se ha mostrado convencido de que los ciudadanos depositarán su voto "con el civismo mostrado hasta ahora" y, en este sentido, ha pedido no "caer en las provocaciones".

Tanto el vicepresidente como los consellers ha lamentado la "represión" y los "ataques a la libertad de expresión" que, a su juicio, ha cometido el Gobierno de Mariano Rajoy y han asegurado: "A cada problema, una solución para que todos los ciudadanos puedan votar en calma".

El conseller de Asuntos Exteriores, Raúl Romeva, ha sostenido que celebrar un referéndum "no es ilegal ni es un crimen" y ha defendido que la Generalitat ha intentado negociar los términos del referéndum con el Estado, pero la respuesta ha sido "represiva", y ha aseverado que siguen dispuestos a negociar, aunque condicionado "a la voluntad de la mayoría" en Cataluña que se exprese en las urnas.

En la rueda de prensa, algún periodista ha expresado quejas por haber tenido que pagar 10 euros para asistir a la rueda de prensa. Es el importe que han tenido que pagar las decenas de informadores que han acudido al International Press and Broadcasting Center, habilitado en Barcelona para cubir el referéndum, gestionado por la empresa Mediapro.

Querellas contra Maza y el fiscal superior de Cataluña

Por otro lado, la Generalitat de Cataluña ha presentado querellas contra el fiscal general del Estado, José Ángel Maza, y el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respectivamente, por prevaricación y usurpación de funciones, al entender que han actuado "fuera de la ley" y con "abuso de derecho" para impedir la celebración del referéndum.

El conseller de Justicia, Carles Mundó, ha anunciado un recurso contra el auto de este jueves de la juez del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas ordenando a las fuerzas de seguridad el precinto de los colegios electorales. Una medida que considera "desproporcionada", y que vulnera, en opinión del Govern, "los derechos de los ciudadanos que quieren votar".

Otro de los frentes jurídicos abiertos por el Govern es el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ante el cual han presentado recurso los miembros de la Sindicatura Electoral que cesaron de sus cargos tras multarles el Constitucional. Ante el TEDH también se han presentado recursos por la detención ordenada por un juez de Barcelona de los altos cargos del departamento de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

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