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Crimen de Isabel Carrasco

Raquel Gago recurrirá su condena al Tribunal Constitucional y pedirá el indulto al Gobierno

  • El Supremo aumentó su condena de 12 a 14 años como cómplice de asesinato
  • "La decisión no es justa y seguiremos recurriendo hasta que se nos permita"
  • La Audiencia de León se declara incompetente sobre su ingreso en prisión

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La policía local Raquel Gago, durante la última sesión del juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco
La policía local Raquel Gago, durante la última sesión del juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco.

La defensa de la policía local Raquel Gago ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la condena de 14 años que le ha impuesto el Tribunal Supremo por su complicidad en el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco y pedirá un indulto al Consejo de Ministros.

El letrado Felipe Lozano, que ha ejercido este viernes la defensa de Raquel Gago en la vista celebrada en la Audiencia de León para decidir sobre su ingreso en prisión, ha explicado que ante el TC presentará un recurso de amparo debido a "supuestas vulneraciones" de sus derechos que se han producido a lo largo del proceso. Además, acudirán al Consejo de Ministros para solicitar el indulto con suspensión de la pena.

La propia Raquel Gago he hecho uso de su derecho a cerrar la vista y, con voz entrecortada, ha expresado su desacuerdo con la decisión del Supremo y ha anunciado que agotará todas las vías legales a su alcance contra la condena que le ha sido impuesta.

"La decisión no es justa y seguiremos recurriendo hasta que se nos permita", ha subrayado Gago, que también ha reclamado que se permita seguir en libertad provisional hasta que se resuelvan las nuevas iniciativas.

Por su parte, el letrado de la defensa ha avanzado en declaraciones a los periodistas al abandonar la Audiencia que presentará un recurso de amparo ante el Constitucional y, además, solicitará el indulto.

"En el caso del recurso lo vamos a fundamentar debidamente porque creemos que no se han respetado sus derechos constitucionales", ha declarado el letrado.

Condena aumentada de 12 a 14 años

Lozano ha expresado su confianza en que el tribunal atienda este último recurso después del revés que sufrió su patrocinada, de la que ha dicho que esté "nerviosa", al aumentarle el Supremo la condena de 12 a 14 años, por complicidad en asesinato y tenencia ilícita de armas.

El Supremo confirmó las condenas de 22 y 20 años para Montserrat González y su hija Triana Martínez, respectivamente, y elevó en dos años la pena para Raquel Gago.

Esta condenada por el asesinato de Isabel Carrasco perderá su empleo como agente de la Policía Local de León después de la sentencia del Supremo ya que el Ayuntamiento mantenía un expediente de suspensión de funciones vigente hasta el fin del procedimiento judicial, que concluye ahora y conllevará su expulsión del Cuerpo. En la actualidad, Gago recibía un sueldo de casi mil euros, correspondiente a su salario sin los complementos.

Una vez que su condena sea firme deberá devolver a las arcas municipales las cantidades cobradas desde la apertura de su expediente, unos 24.000 euros, según han confirmado a Efe fuentes municipales.

Raquel Gago fue encarcelada pocos días después del asesinato de la dirigente del PP por su presunta implicación en los hechos, aunque fue puesta en libertad provisional el 29 de enero de 2015 bajo fianza de 10.000 euros.

La Audiencia de León no decide sobre su ingreso en prisión

Por otra parte, en la vista celebrada este viernes la Audiencia de León se ha declarado incompetente para decidir sobre el ingreso en prisión de Gago.

El presidente del Tribunal, Carlos Álvarez, ha expuesto sus dudas sobre la competencia de la sala para determinar sobre este caso, y finalmente, tras reunirse con las partes, ha acordado trasladar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

La Fiscalía y la acusación particular habían solicitado el ingreso inmediato en la cárcel, en virtud de lo elevado de la condena y lo que consideran un evidente riesgo de fuga.