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El Tribunal Constitucional levanta la prohibición de los toros en Cataluña

El Tribunal Constitucional anula la prohibición de las corridas de toros en Cataluña

  • Alega que es porque invade competencias del Estado

  • La tauromaquia ha sido declarada por el Estado patrimonio cultural

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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el artículo 1 de la Ley catalana que prohíbe las corridas de toros y que fue aprobada por la Generalitat en 2010 porque invade la competencia del Estado, al haber sido la fiesta nacional declarada patrimonio cultural inmaterial de España.

El alto tribunal ha resuelto por mayoría que el Ejecutivo catalán fue más allá de las atribuciones que le conceden las transferencias de gestión que ejerce en materia de espectáculos y de protección de los animales. Ha sido anulada con el voto favorable de ocho de sus miembros. Otros tres magistrados han votado en contra y formularán un voto particular, han informado fuentes del órgano de garantías.

El argumento principal de la sentencia señala que Cataluña tiene competencia en materia de espectáculos públicos y por tanto los puede regular, al igual que sucede en cuanto a la protección de animales.

La tauromaquia, patrimonio cultural inmaterial

Ello le permite vetar un espectáculo público determinado para proteger a los toros, pero no puede llegar hasta prohibir una fiesta que es patrimonio cultural inmaterial por decisión del Gobierno central, según han informado fuentes del TC.

Ahí es donde las competencias catalanas invaden las estatales y en ese punto cuenta también otro elemento clave: las leyes dictadas por el ejecutivo central (2013 y 2015) por más que sean posteriores a la norma catalana ahora anulada, tienen validez, entre otras razones porque nunca han sido recurridas ante el propio TC.

Así han informado las citadas fuentes, que han añadido que el Constitucional ha aceptado desde esta base el recurso que le planteó el Grupo Popular en el Senado. El fallo se fundamentará en una sentencia que será notificada en los próximos días y que contará con el voto particular de los tres magistrados discrepantes.

La ponente de la sentencia aprobada este jueves es la magistrada Encarnación Roca, propuesta por CiU para el TC con el acuerdo del PP y del PSOE. En síntesis, la magistrada considera que las competencias de la Generalitat le permiten gestionar la protección de los animales y también los espectáculos de importancia cultural y económica, pero no prohibirlos.

Las reacciones no se han hecho esperar entre los partidos catalanes, que en su mayoría -salvo el PP- rechazan la decisión del Tribunal y llaman a oponerse a que los espectáculos taurinos vuelvan a la región.

El PP recurrió la ley

El PP recurrió un apartado de la Ley de Protección de los Animales catalana ese mismo año y, en concreto, un apartado del artículo que prohibía las "peleas de animales y otras actividades".

Dicho apartado prohibía también "las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros". Quedaban excluidas de esa prohibición las fiestas de toros sin daño al animal.

Según dicho recurso -avalado por 50 senadores-, la prohibición catalana vulneró la Constitución porque iba más allá de lo que le permitía el decreto de transferencias a las comunidades autónomas en materia de espectáculos. El decreto permitía a las Comunidades Autónomas la regulación de los mismos, pero no la capacidad de prohibirlos.

El recurso se basaba también en el principio constitucional no escrito de la unidad del orden económico nacional, que estaría contravenido por la decisión del Parlamento de Cataluña.

Pero el PP no ha sido el único contrario a la prohibición. Según el sector taurino, el origen de aquella ley atendía más a razones nacionalistas que animalistas. El ejemplo, aducen los defensores de la tauromaquia, es la "doble moral" de que los "correbous", festejos populares con reses bravas tradicionales en el litoral mediterráneo, se siguen celebrando en la actualidad en Cataluña.

La decisión del TC crea jurisprudencia que podría evitar casos similares en otras regiones españolas, como la iniciativa que actualmente se encuentra en trámite en Baleares. La lucha por la vuelta de los toros a Barcelona la han emprendido conjuntamente la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña y la Fundación del Toro de Lidia.

Un lustro sin toros en Cataluña

El pasado 25 de septiembre se cumplió un lustro de la última corrida de toros en Cataluña, la misma fecha en la que el mundo del toro inició una cruzada para revocar una prohibición que, según ese sector, atentaba contra la libertad y la legalidad.

La prohibición de las corridas de toros en Cataluña entró en vigor el 1 de enero de 2012, convirtiéndose en la segunda comunidad autónoma en suprimir la lidia, tras Canarias, donde estos festejos quedaron suspendidos en 1991 al aprobarse la Ley de Protección de los Animales.

En Cataluña, la prohibición se inició con la aprobación el 28 de julio de 2010 por el Parlament de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que en 2008 impulsó la plataforma PROU (¡Basta!, en catalán). La citada ILP fue admitida a trámite una vez consiguió el respaldo de 180.000 firmas, tres veces más de las requeridas.

El Parlament aprobó la iniciativa con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. La iniciativa contó con el respaldo mayoritario de CiU, ERC y de ICV-EUiA, frente al voto en contra del PPC y Ciudadanos, así como de la mayoría de los miembros del PSC, partido que dio libertad de voto a sus diputados.

La prohibición de la lidia no afectó a espectáculos como los "correbous", festejos taurinos muy arraigados en algunas partes de Cataluña en los que no muere el animal y que se protegieron con la proposición de ley que aprobó el Parlament el 22 de septiembre de 2010.

Años antes, ya el 6 de abril de 2004, Barcelona se había convertido en el primer municipio de España en proclamarse ciudad antitaurina, a raíz de una declaración institucional que aprobó el Ayuntamiento, en votación secreta, con 21 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. La Monumental de Barcelona acogió la última corrida de toros antes de la entrada en vigor de la prohibición, el 25 de septiembre de 2011.

El PP, en defensa de las corridas

Las iniciativas en Cataluña contra las corridas de toros motivaron un efecto contrario en otras comunidades autónomas que, gobernadas por el PP, como Madrid, Valencia y Murcia, iniciaron en marzo de 2010 los trámites para declarar la fiesta de los toros Bien de Interés Cultural (BIC). El Partido Popular lideró la ofensiva contra la prohibición de los toros en Cataluña en todos los ámbitos.

El 29 de julio de ese mismo año registraba en el Congreso una proposición de ley para instar al Gobierno a garantizar la fiesta de los toros dentro y fuera de España.

El grupo parlamentario del PP en el Senado fue el encargado de presentar, el 28 de octubre de 2010, el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana, que finalmente ha resuelto este jueves el Tribunal Constitucional.

A lo anterior, se sumó la ILP que el 22 de marzo de 2012 presentó en el Congreso la Federación de Entidades Taurinas de Catalunya para declarar la tauromaquia Bien de Interés Cultural (BIC), avalada por 590.000 firmas.

La citada ILP llegó a las Cortes en 2013 y tras superar los trámites en Congreso y Senado, se aprobó la Ley para la Regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural que, tras su publicación en el BOE, entró en vigor el 12 de noviembre de 2013.

Desde 2011 la tauromaquia es Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial en Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia y desde 2014 en Castilla y León.

Pese a que los toros están prohibidos en Canarias desde 1991, en esa comunidad nunca ha habido polémica al respecto, ya que llevaban años sin celebrarse corridas en las islas y no se trataba de una tradición arraigada.

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