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El Tribunal Supremo investigará a Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo

El Supremo abre causa contra Rita Barberá por presunto blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia

  • En el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa

  • Se investigan operaciones de blanqueo en 2003, 2010 y 2011

  • Los concejales recibían billetes de 500 por donaciones al PP

  • Barberá dice que estudiará el auto y no acude hoy al Senado

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El Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PPRita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa, y designa instructor al magistrado de la Sala Cándido Conde-Pumpido.

Se acoge así el criterio del Ministerio Público, que el pasado mes de julio solicitó por escrito al alto tribunal que designara un magistrado instructor del asunto.

En esta pieza separada, con 47 personas investigadas (imputadas) más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. La investigación se relaciona con varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros a los que se les daba en el Consistorio valenciano el nombre de "pitufeo".

Rita Barberá se ha excusado ante la dirección del grupo popular en la Cámara Alta y este martes no acudirá a las sesiones constitutivas de las dos comisiones de las que forma parte, según han explicado fuentes de este grupo parlamentario. Barberá ha comunicado que ahora quiere "estudiar" el auto.

El Supremo decide ahora si procesa o archiva el asunto

El Supremo deberá decidir ahora, posiblemente tras citar a la propia Barberá, que comparecerá como imputada pero voluntariamente, si pide el suplicatorio al Senado para proseguir el proceso contra ella o si archiva el asunto.

"Resulta imprescindible continuar la investigación sobre los hechos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla", dice el Supremo.

Se trata de aclarar si, bajo la cobertura de diversas aportaciones de asesores y cargos del PP en Valencia de 1.000 euros -que todos los investigados reconocen haber efectuado- se oculta el afloramiento de dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del Grupo Popular.

Todo apunta hacia la secretaria del Grupo María del Carmen García-Fuster, que era la persona que operaba de facto con las cuentas bancarias. También se investiga el origen del dinero supuestamente blanqueado.

Barberá fue una de las personas que reconoció la aportación de 1.000 euros

El auto del Supremo se hace eco de los indicios siguientes sobre la implicación de Barberá, aportados por el juez de Valencia: Por un lado, "María Rita Barberá fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada".

Además, ella "ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, María del Carmen García Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia".

Existía además "una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones dentro del Grupo desde el año 1991 en que fue designada aquélla".

"Debe significarse sin embargo", añade el juez, que no hay testigos que impliquen una intervención directa y personal de Rita Barberá en la entrega del dinero.

Pieza separada del caso Imelsa

Los primeros indicios partieron de una investigación sobre determinadas irregularidades en la Concejalía de Cultura y la Diputación Provincial, así como en el de la empresa pública Imelsa y la dependiente de la Generalitat valenciana CIEGS.

En ese contexto se tuvo conocimiento de una conversación telefónica -cuya escucha se hizo con autorización judicial- según la cual se habría realizado un ingreso mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento, donativo que fue reintegrado con dos billetes de 500 euros.

En esa conversación se hacía referencia a la secretaria del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento como la persona que habría entregado los billetes, y se citaba a Rita Barberá.

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