Reino Unido, el primer país en abandonar la UE

• La victoria del 'Brexit' activa un incierto proceso que durará al menos dos años
• Martin Schulz lamenta el resultado pero dice que "no es una crisis de la UE"
• El proceso debe ser iniciado "inmediatamente", dice el líder del Parlamento Europeo

Un trabajador financiaro espera la apertura de las Bolsas tras conocer la victoria del 'Brexit'

El triunfo del 'Brexit' (la salida británica de la UE) en Reino Unido activa ahora un complejo e incierto proceso que implicaría una triple negociación: para acordar el proceso de salida, para definir el nuevo marco de relaciones entre la isla y los demás Estados miembros, y para redefinir los acuerdos con terceros países.

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha afirmado que "lamenta mucho" el resultado del referendo británico, pero asegura que estaban preparados y que esto "no es una crisis de la Unión Europea".

Schulz ha añadido que el proceso para la salida de del Reino Unido de la UE tiene que ser iniciado "inmediatamente". Una "situación de incertidumbre durante años" no es del interés de ninguna de las dos partes, ha declarado Schulz en la televisión pública ZDF.

Schulz: "No habrá una reacción en cadena"

El presidente del PE considera que el primer ministro británico, David Cameron, tiene parte de culpa en la derrota de los partidarios de permanecer en la UE y se ha mostrado convencido de que el 'Brexit' no tendrá como consecuencia la salida de otros países de la UE. "No habrá una reacción en cadena", pues "no creo que otros países se sientan alentados a emprender este peligroso camino", ha dicho Schulz.

A la pregunta de si la decisión del 'Brexit' realmente será aplicada, Schulz ha indicado que "no se puede consultar al pueblo y después decir que el resultado no me interesa".

El primer paso del proceso debe darlo Cameron notificando a sus homólogos europeos la decisión de los británicos de abandonar el club comunitario, tras lo cual se iniciarán los procedimientos relevantes:

• Estos comienzan con la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión (TUE), introducido por el Tratado de Lisboa con el fin de regular la retirada voluntaria de un Estado miembro. Esta notificación formal podría ocurrir muy rápido, en la cumbre europea que reunirá a los líderes de los Veintiocho el 28 y 29 de junio en Bruselas, ya que Cameron ha dicho en los últimos meses que, de darse el caso, la decisión de salir de la UE se aplicaría con carácter inmediato.
• Puesto que el artículo 50 del Tratado no establece una hoja de ruta del procedimiento de salida, haría falta una negociación entre el Reino Unido y la Unión sobre las condiciones en que se llevaría a cabo la retirada y el marco de sus relaciones futuras.
• Corresponde al Consejo de Ministros adoptar, por mayoría cualificada, el acuerdo de retirada en nombre de la Unión, previa aprobación del Parlamento Europeo (PE). El artículo 50 del TUE prevé que cuando haya un acuerdo, los tratados dejarían de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, o en su defecto a los dos años de la notificación.
• Las negociaciones serían tan complejas que probablemente requieran más de dos años, algo que podría complicar las cosas, ya que la extensión de ese plazo necesitaría un acuerdo unánime del resto de países miembros del Consejo, con la posibilidad de que alguno ponga pegas.
• Mientras se desarrolla el procedimiento de salida, la UE seguiría funcionando y adoptando decisiones. Pero el Reino Unido no participaría en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo de Ministros que le afecten.
• En cuanto a los eurodiputados británicos, el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, ha dicho que éstos podrían completar su mandato hasta el fin de la legislatura (2019), aunque apuntó que los euroescépticos del UKIP quizás optarán por abandonar el PE antes.
• Con la retirada del Reino Unido, este país se convertiría en un tercer Estado frente a la Unión. Esto supondría, según los expertos, la pérdida de acceso al mercado interior para las empresas británicas, y afectaría también a las relaciones económicas exteriores, la libre circulación o la recepción de fondos europeos.