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Un policía hace guardia ante un grupo de manifestantes frente al Congreso de los Diputados en junio de 2015
Un policía hace guardia ante un grupo de manifestantes frente al Congreso de los Diputados en junio de 2015.

Amnistía Internacional: "España es el doctor Jekyll y mister Hyde de los derechos humanos"

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Amnistía Internacional denuncia en su informe anual las restricciones en España a la libertad de expresión y de reunión debido a la aprobación de nuevas leyes, además de criticar el "uso excesivo" de la fuerza por parte de la Policía y una política de "doble rasero" en materia de derechos humanos.

La organización, que ha publicado este miércoles su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, advierte de que la entrada en vigor el pasado julio de la Ley de Seguridad Ciudadana -también conocida como Ley Mordaza- y la reforma del Código Penal ha limitado de forma "desproporcionada" el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. 

Restricciones a la libertad de expresión y reunión

"La Ley de Seguridad Ciudadana ha establecido límites adicionales sobre dónde y cuándo donde celebrarse las manifestaciones, y se ha notorgado amplias competencia a las fuerzas de seguridad que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestren 'falta de respeto' o graben imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias", recuerda Estebán Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Sobre la reforma del Código Penal, Beltrán ha criticado que es "tan vaga" que el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión ha alertado de que puede penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringir desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión. "Y precisamente esto es lo que hemos podido ver en el caso de los titiriteros encarcelados en Madrid el pasado 6 de febrero", ha señalado.

"Oídos sordos" a los organismos internacionales

En el ámbito internacional, Amnistía Internacional denuncia que España ha tenido "una política de doble rasero" o de "doctor Jekyll y mister Hyde". Por un lado, ha dado positivos, señala, pidiendo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se autolimiten en el uso del veto, y participando en la adopción de resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad. Sin embargo, ha hecho "oídos sordos" a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura alegando que no está obligada a cumplir esas decisiones.

España, señala Amnistía, ha recibido llamadas de atención por la modificación de la Ley de Extranjería para expulsar a refugiados y solicitantes de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla, las llamadas "devoluciones en caliente", contrarias al derecho internacional. 

Inmigrantes subsaharianos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla Inmigrantes subsaharianos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla

También ha sido interpelada por no haber regulado el delito de tortura ni desaparición forzada tal y como establecen los estándares internacionales; por haber dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación irregular; y por el incumplimiento del Tratado sobre Comercio de armas con la venta de buques a Arabia Saudí.

En Ceuta y Melilla, además de estas expulsiones automáticas y colectivas, AI ha documentado el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad contra personas que intentaban entrar de forma irregular en las ciudades españolas fronterizas con Marruecos.

La acogida de refugiados, una asignatura pendiente

La acogida de refugiados sigue siendo una asignatura pendiente. España, señala Beltrán a RTVE.es, ni cumple sus compromisos ni reforma "un sistema de acogida que te condena a la indigencia".

El Gobierno se comprometió a reubicar a más de 17.000 personas de Grecia e Italia, pero sólo han llegado 18 en 2015. Y lo mismo ocurre con los reasentados procedentes de Jordania o Líbano. De 854 han llegado 90. Mientras tanto, cientos de personas esperan hacinadas en el CETI de Melilla, sin la debida atención médica y psicológica.

Amnistía insta a España a que este año no sea una oportunidad perdida y aproveche su asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU para velar por la protección de los derechos humanos.

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