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El juez del 'caso Bárcenas' abre juicio oral al PP como responsable civil de la caja B

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El juez del 'caso Bárcenas' abre juicio oral al PP como responsable civil de la caja B

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado abrir juicio oral al PP como responsable civil subsidiario en relación con la caja B del partido por delitos fiscales cometidos en el pago de las obras de reforma de su sede en la calle Génova, por lo que le pide depositar en diez días una fianza de 1,2 millones.

El juez de la Audiencia Nacional que ha sustituido a Pablo Ruz adopta esta decisión en el auto de apertura de juicio oral [ver .pdf] al considerar al partido responsable de los delitos por los que también acuerda sentar en el banquillo a seis imputados: los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente del partido Cristóbal Paéz y a los empleados de Unifica, el estudio de arquitectura que reformó la sede central del PP en Madrid, Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero.

A los tres exdirigentes 'populares' Bárcenas, Lapuerta y Páez se les atribuyen nueve delitos, de pertenencia a organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral, apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública. Estos dos últimos delitos son los que se imputan a los tres trabajadores de Unifica.

Las donaciones no declaradas en 2008, delito fiscal

El juez argumenta que el PP debe responder como persona jurídica como consecuencia de la "relación de dependencia" que Bárcenas, Lapuerta y Páez tenían con la organización.

De la Mata cree que "las donaciones contrarias a la ley" que el Partido Popular (PP) presuntamente recibió en el año 2008 y no declaró a Hacienda constituyeron un delito fiscal que es imputable a "quien actuara como administrador o responsable legal de la formación política" y por el que, en todo caso, la formación debe responder como responsable civil subsidiario.

De esta forma, el juez sigue el criterio de su antecesor en la instrucción, Pablo Ruz, y considera, en contra de lo sostenido por la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, que la formación presidida por Mariano Rajoy debió presentar una declaración por el Impuesto de Sociedades de 2008 que incluyera el 1.055.000 euros que recibió ese año en concepto de donativos privados.

No solo eso, señala que el PP no recogió en su declaración "el conjunto de donaciones recibidas en dicha anualidas" que fueron "anotadas en la contabilidad paralela" e integraban la denominada caja B de la formación.

Estas "aportaciones privadas", según explica, fueron destinadas a "pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas".

Como consecuencia, el PP dejó de pagar a Hacienda "una cuota de, al menos, 220.167,04 euros", una cantidad que supera el umbral del delito fiscal, establecido en 120.000 euros.

Fianza de 1,2 millones de euros para el PP

En el auto de apertura de juicio oral del procedimiento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 establece que el PP tendrá que afrontar una fianza de 1,2 millones de euros, que se desglosa en algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, encargada de renovar la sede central de los 'populares' en la calle Génova de Madrid, y 220.000 euros por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008, en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros.

Sobre el dinero que Unifica cobró en negro por las obras de la sede del PP, el juez sigue el criterio de la Abogacía del Estado y señala que "la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda Pública es también predicable de quien no tiene responsabilidad en el pago del tributo".

Para los seis restantes imputados el juez fija fianzas que oscilan entre 8,9 millones de euros de Bárcenas y Lapuerta y los 6,1 millones para el arquitecto Gonzalo Urquijo y las empleadas de Unifica Belén Garcia y Laura Montero.

Al sexto de los acusados, el exgerente del PP Cristóbal Páez, le impone fianza de 7,4 millones de euros. Además de al PP, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuye a Unifica la condición de responsable civil subsidiario en el procedimiento, al tiempo que le impone una fianza civil de 4,5 millones de euros.

Estas cantidades, un total de 43,5 millones de euros, incluyen el concepto de multa, la responsabilidad civil y el tercio que establece la ley.

El juez da un plazo de 20 días a las defensas para que presenten sus escritos de defensa. Tanto los acusados como los responsables civiles subsidiarios disponen de diez días para depositar en el juzgado las fianzas impuestas por el juez si quieren evitar el embargo de sus bienes.

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