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Qué se investiga en la Operación Púnica

Quién es quién en la Operación Púnica

  • La Guardia Civil detiene a 51 personas de una presunta trama de corrupción

  • Está Granados, ex número dos de Aguirre, y el presidente provincial de León

  • Hay además al menos cinco alcaldes de Madrid arrestados en la operación

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Operación Púnica

El origen del nombre de la Operación Púnica desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) contra una presunta trama de corrupción se encuentra en el nombre científico en latín del granado, el árgol de la granada, Punica granatum

La Guardia Civil ha hecho un juego de palabras con el principal detenido, el ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, lo que le sitúa en el centro de la trama.

Este recurso ya fue empleado en su día para bautizar la Operación Gürtel (correa en alemán) en alusión al empresario Francisco Correa, el principal detenido de la trama corrupta que afectó a numerosos municipios del PP.

Medio centenar de personas han sido detenidas este lunes en el marco de la Operación Púnica contra una presunta trama de corrupción municipal y autonómica que habría adjudicado contratos públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.

Entre ellos hay varios políticos, entre ellos el ex secretario general del PP de Madrid y ex número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Este es el listado de los principales detenidos:

CABEZA DE LA TRAMA

Francisco Granados, ex número dos de Aguirre

Francisco Granados fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003, tras lo cual pasó a formar parte de los gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Primero fue consejero de Transportes y después de Presidencia, Justicia e Interior hasta 2011, cuando fue destituido. Hasta febrero de 2014 ocupó un escaño como senador, pero dejó la política tras la polémica suscitada con una presunta cuenta en Suiza que podría ascender a 1,5 millones de euros.

El juez le considera, junto a su amigo David Marjaliza, parte de una "organización criminal" y le atribuye ocho delitos: contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude, por lo que ha decretado para él prisión provisional sin fianza.

Granados es titular de "algunas de las cuentas" de las que Suiza ha informado como sospechosas de blanqueo de capitales "agravado".

David Marjaliza, empresario

David Marjaliza es, para el juez instructor, la "cabeza de un amplio entramado empresarial" que funcionaba como "núcleo de una organización criminal" cuya actividad estaba vinculada a "actuaciones administrativas". Es decir, uno de los empresarios conseguidores de la trama. 

Según el juez, en la trama investigada en la Operación Púnica se dedicaba a conseguir "promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas" y se habría aprovechado de "sus amplias relaciones personales y políticas para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros", a cambio de una comisión.

Además, el constructor habría creado un "complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios de su actividad, tanto la lícita como la delictiva". El juez ha decretado para él también prisión sin fianza.

Forman parte de su red y han sido imputados Ana María Ramírez, mano derecha de Marjaliza; Antonio Serrano, socio y testaferro, que participó en contratos públicos; Eduardo de la Peña, administrador de varias de sus empresas; y Antonio Cándido Ruiz, otro testaferro.

Alejandro de Pedro Llorca, empresario

Junto a David Marjaliza sería otro de los empresarios que habría actuado como 'conseguidor' de la trama de corrupción. Es también la "cabeza" de otro importante entramado de tráfico de influencias alternativo al de Marjaliza.

Presta servicios en Internet para "prestigiar" autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto (en 2011 fue responsable de la estrategia de posicionamiento para más de 50 candidatos en las elecciones municipales).

Estos trabajos le abrían una red de contactos con autoridades que le facilitarían la contratación en otros sectores (para sí o para otros) en Murcia, León y Madrid. El juez ha decretado para él prisión incondicional.

POLÍTICOS

Martín Marcos Martínez, presidente de la Diputación de León

Marcos Martínez es presidente de la Diputación de León y alcalde del municipio de Cuadros desde 1991 por el Partido Popular. Durante unos meses, entre octubre de 2007 y enero de 2008 fue senador y desde mayo de este año ocupa el cargo de presidente de la institución provincial tras el asesinato de Isabel Carrasco. Martínez es también presidente en funciones del PP de León desde la muerte de Carrasco. El PP de Castilla y León le ha expulsado del partido.

Habría puesto en marcha varios procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente fueron invitadas empresas vinculadas al "conseguidor" Alejandro de Pedro a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación.

Tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos. Ha regresado en diciembre a la Institución provincial como diputado no adscrito tras pasar 45 días en prisión y pagar una fianza de 30.000 euros.

José Carlos Boza, alcalde de Valdemoro

Es alcalde por el PP de la localidad madrileña de Valdemoro (71.500 habitantes) desde junio de 2011, y ya ha dimitido a consecuencia de la investigación. Boza se afilió al PP en 2005 y se forjó como político de la mano de Francisco Granados, como el propio alcalde recordó en su discurso de investidura agradeciéndole el haber sido "el responsable de que yo me hiciera en política".

Durante su mandato existen indicios de que se han favorecido de manera continuada a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios. Salió de prisión el 18 de diciembre tras pagar una fianza de 25.000 euros.

Gonzalo Cubas, alcalde de Torrejón de Velasco

Gonzalo Cubas, también perteneciente al PP, es cuñado de David Marjaliza. Fue elegido alcalde de la localidad madrileña de Torrejón de Velasco en las elecciones de mayo de 2011. Cuenta con una amplísima mayoría -8 de 11 concejales- en este municipio madrileño de 4.200 habitantes.

Seguía las instrucciones de Marjaliza sobre cuándo y a quien facturar, manteniéndole puntualmente informado de este y otros aspectos que atañen a sus sociedades. Estaría articulando un procedimiento para adjudicar a una empresa del grupo de Marjaliza unas obras subvencionadas para la rehabilitación de un río de la localidad. Está en libertad tras haber pagado una fianza de 60.000 euros.

José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena

José Antonio Alonso Conesa fue alcalde de Cartagena (Murcia) por el PSOE entre 1991 y 1995, así como diputado en el Congreso entre 1989 y 1996. El PSOE le ha suspendido de militancia tras conocerse su presunta implicación en la Operación Púnica.

Supuesto "cabeza" de un entramado de tráfico de influencias, se concertó con autoridades en Madrid, Murcia y León para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la administración a través de contratos públicos adjudicados a terceras empresas. Junto a Alejandro de Pedro, participa en su estrategia de mejorar la reputación en Internet de políticos. El juez le ha puesto en libertad sin medidas cautelares.

José María Fraile, alcalde de Parla

El socialista José María Fraile accedió a la Alcaldía de Parla en 2008 en sustitución del actual secretario general del PSM, Tomás Gómez, quien le consideraba su mano derecha. Estaba también procesado por un caso de prevaricación, por supuestamente despedir de manera irregular al jefe de la Policía Local en 2009.

Como regidor participa en los órganos de contratación del Ayuntamiento y sería conocedor de los pagos comprometidos por Cofely (la principal adjudicataria de los contratos de la trama), que obtuvo un contrato de 54 millones de euros. Se detectó que se había seleccionado como empresa auditora a Ruta Energética (vinculada a Marjaliza), que encubrió el pago de la comisión pactada por la adjudicación, y la entrega de cohechos a autoridades y funcionarios del Ayuntamiento que han intervenido en el contrato.

Ha presentado su dimisión tras pagar la fianza de 60.000 euros fijada por el juez para eludir la cárcel.

Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba

Agustín Juárez López de Coca, del PP, es alcalde de Collado Villalba (62.700 habitantes), en Madrid. El juez expone evidencias de que adjudicó un contrato a Cofely por 39 millones de euros y, a cambio, los miembros de la Corporación local implicados recibirían al menos de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros, materializados en un sistema de facturas falsas entre el grupo de empresas de Marjaliza y Cofely.

Está en libertad bajo fianza tras haber pagado 40.000 euros, con comparecencia mensual. Dimitió de su cargo después de que la dirección regional le amenazara con una moción de censura.

David Rodríguez, alcalde de Casarrubuelos

David Rodríguez Sanz, alcalde 'popular' de Casarrubuelos, el municipio más pequeño de la Comunidad de Madrid (3.300 habitantes) desde 2012.

Se pone totalmente en manos de Pedro García y Marjaliza para la redacción de los pliegos de un contrato de eficiencia energética, lo que le facilita a Cofely un conocimiento e influencia privilegiados sobre el contrato de cara a su adjudicación. Está en libertad con la obligación de comparecencia mensual. Ha sido el último de los seis alcaldes imputados en presentar su dimisión.

Antonio Sánchez Fernández, alcalde de Serranillos del Valle

Es alcalde de la localidad madrileña de Serranillos del Valle (3.800) por la formación Unión Democrática Madrileña (UDMA) después de que su partido alcanzara un acuerdo de gobierno con el PSOE en mayo de 2011.

Registró su dimisión después de que fuera "sorprendido" intentando llevarse documetnación del ayuntamiento. Salió de prisión tras pagar 25.000 euros de fianza, rebajada de los 60.000 euros iniciales.

José Javier Hernández, concejal en Valdemoro

José Javier Hernández, concejal de Hacienda de Valdemoro, habría favorecido de manera continuada a empresas vinculadas a Marjaliza y a otros empresarios. Está en libertad tras abonar una fianza de 60.000 euros.

Alejandro Utrilla, concejal de Medio Ambiente de Móstoles

Alejandro Utrilla Palombi, concejal 'popular' de Medio Ambiente de Móstoles. En este municipio se adjudicó a Cofely un concurso por 72 millones de euros, que concurrió en una situación de ventaja frente a otros, fruto de acuerdos previos. Utrilla se reúne con Cofely para abordar la entrega y justificación de 240.000 euros que la empresa tiene comprometida en este municipio. Está en libertad con la obligación de comparecencia mensual.

Avelino Pérez, asesor de IU en Parla

Avelino Pérez Pallarés, asesor de IU en la Concejalía de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Parla, estuvo encargado de la supervisión del contrato de 54 millones de euros adjudicado a Cofely en este municipio e intermediario en los pagos y la partida presupuestaria del contrato. (Libertad bajo fianza de 20.000 euros con comparecencia mensual).

EMPRESARIOS

José Luis Huerta (Waiter Music)

José Luis Huerta Valbuena, dueño de la empresa Waiter Music, adjudicataria históricamente de numerosos contratos públicos en municipios de Madrid y en empresas públicas de la Comunidad de Madrid, donde Granados ocupó cargos relevantes.

El Ayuntamiento de Valdemoro fue uno de sus principales clientes de 2004 a 2013. También contrató con empresas públicas madrileñas durante el mandato de Granados. El juez ha decretado para él prisión provisional eludible bajo fianza de 300.000 euros, la más alta impuesta.

Francisco Ruiz Valenzuela

El empresario Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela participa junto a Alejandro de Pedro en la articulación de los procedimientos públicos de contratación de la Diputación de León que están predeterminados a su adjudicación a empresas vinculadas a aquel. El juez le ha dejado en libertad con la obligación de comparecencia mensual.

Didier Maurice (Cofely)

Es Director General de la empresa Cofely España, filial de la multinacional francesa GDF Suez. Conocedor y partícipe de los delitos contra la administración pública de los que se ha servido esta sociedad para adjudicarse contratos públicos millonarios en diversas administraciones, haciendo uso de una red de tráfico de influencias como práctica habitual para lograr dichos contratos y articulando una trama de facturas e informes falsos para acometer el pago de los cohechos comprometidos. Está en libertad tras haber pagado una fianza de 100.000 euros.

Constantino Álvarez (Cofely)

Constantin Álvarez de la Cueva es director comercial de la empresa Cofely España. Se le imputan los mismos delitos que a Didier Maurice. También ha eludido la prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros.

José Antonio Hernández (Cofely)

Jefe de centro operacional de Cofely, es también conocedor y partícipe de los delitos, como sus compañeros Maurice y Álvarez. Elude la prisión provisional tras depositar una fianza de 100.000 euros.

ORGANISMOS PÚBLICOS

José Martínez Nicolás, jefe de Informática de Madrid

José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid. Participa en la trama de facturas falsas que se emplean para pagar los trabajos realizados por Alejandro de Pedro de reputación de altos cargos de la Comunidad de Madrid.

Está en libertad con la obligación de comparecencia mensual, aunque ha dimitido de su cargo.

Jesús Noberto Galindo, secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia

Su carrera vinculada a la administración pública comenzó a finales de los ochenta, siendo director del Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Los Alcázares.

Después ha sido director de la empresa pública Región de Murcia Turística S.A., adscrita a la Consejería de Turismo; miembro del Consejo Asesor de Turismo de la Región; director del Centro de Cualificación Turística de Murcia, y gerente del Plan de Formación Turística, entre otros cargos. Además, ha colaborado en varios proyectos internacionales para el fomento del turismo.

TÉCNICOS MUNICIPALES

Antonio Borrego

Jefe de Gabinete de Jose María Fraile en Parla. Gestiona uno de los cohechos acordados que se habría materializado mediante una supuesta donación de Cofely y controla la ejecución del contrato, siendo conocedor de todos los parámetros irregulares de su preparación y adjudicación. Ha salido de la cárcel tras pagar una fianza de 60.000 euros.

Alfredo Ovejero

Jefe de gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro. Conocedor y participe de los contratos irregulares concedidos por el Ayuntamiento. Ha pagado una fianza de 25.000 euros.

José Luis Navarro

Arquitecto municipal en Valdemoro. Forma parte de la trama de Marjaliza y empresas vinculadas a este arquitecto habrían intervenido en importantes proyectos urbanísticos en la localidad de Valdemoro, cuya aprobación y desarrollo dependen en buena medida de informes y autorizaciones del departamento que dirige el propio arquitecto municipal. Ha pagado una fianza de 100.000 euros.

Marco Durán Benítez

Técnico municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle (UDMA). Alteró la valoración de las ofertas de un concurso de un contrato de eficiencia energética del municipio para favorecer la adjudicación del mismo a Cofely, con la connivencia del alcalde. Está en libertad con la obligación de comparecencia mensual).

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