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El fiscal de Nóos pide 19 años y 6 meses de cárcel para Urdangarin por el caso Nóos

  • También pide para el exsocio del duque 16 años y medio de prisión
  • Considera que la infanta Cristina es resposable civil a título lucrativo
  • Solicita una multa de 3,5 millones de euros para el duque de Palma
  • Manos Limpias pide sentar a la infanta en el banquillo de los acusados

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Foto de archivo de Iñaki Urdangarin y su abogado, Pascual Vives.
Foto de archivo de Iñaki Urdangarin y su abogado, Pascual Vives. EFE

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha pedido este martes 19 años y 6 meses de prisión para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo, mientras que para su exsocio, Diego Torres, solicita 16 años y medio de cárcel y una multa de 3,8 millones de euros.

En el escrito de calificación de 576 páginas que ha entregado este martes al juez José Castro, el fiscal considera que ambos urdieron y lideraron una trama empresarial con la que lograron acceder de forma "directa e inmediata" a los fondos manejados por las Administraciones, eludiron los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviaron así hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

Asimismo solicita que se juzgue por el caso Nóos a catorce personas, empezando por los dos principales socios del Instituto Nóos, Urdangarín y Torres; la esposa del segundo, Ana María Tejeiro, responsable de personal de la entidad, y un hermano de ésta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable.

En cuanto a la mujer del duque, la infanta Cristina, solicita al juez que archive la causa aunque pide que la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros. Según el fiscal, no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin. Por ello, reclama asimismo que haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros.

Para reclamar la fianza, Horrach se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

Los delitos de Urdangarin y su exsocio

En cuanto a las penas que solicita para el duque de Palma, Horrach pide seis años de cárcel por malversación en concurso medial con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; dos años por fraude a la administración; 3,5 años por estafa en concurso con falsedad; seis años por delitos contra Hacienda y dos años por blanqueo.

El fiscal reclama además que Urdangarin sea condenado a pagar una multa de 3,5 millones de euros y a 15 años de inhabilitación absoluta y 8 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como a seis años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

También pide que asuma el pago de una responsabilidad civil de unos 1,47 millones de euros, además de responder como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con su esposa, hasta la cuantía de 587.413 euros.

Para Torres, el fiscal pide 16 años y 6 meses de cárcel (seis años por presunta malversación en concurso con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; dos por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; tres por delito contra Hacienda y dos por blanqueo, así como 3,8 millones de euros de multa.

Igualmente pide que asuma el pago de una responsabilidad civil de unos 1,47 millones de euros y que responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con su esposa, hasta la cuantía de 1.144.240 euros.

Urdangarin y Torres lograron "ingentes cantidades de dinero"

Horrach considera que Urdangarin y Torres lograron que el Instituto Nóos fuera adjudicatario de "ingentes cantidades" de dinero procedente de fondos públicos, eludiendo de forma ilícita la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública, mediante el uso fraudulento de convenios de colaboración.

Si la autoría intelectual de los proyectos corresponde a Torres, el fiscal atribuye a Urdangarin la vertiente institucional y comercial y el aspecto deportivo de algunas iniciativas, ya que era "el gancho ideal para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios".

Posteriormente desviaban el dinero a empresas de su propiedad con facturas por servicios ficticios que a veces incluso duplicaban, hasta un total de 5,8 millones de euros entre 2004 y 2007. Torres obtuvo 2,6 millones de beneficios y Urdangarin 1,8, según los cálculos de Horrach.

Había empresas sin plantilla y empleados ficticios que trasvasaban de unas a otras sociedades y las sociedades cruzaron facturas entre sí por hasta 8 millones de euros, relata en su escrito.

Urdangarin y Torres crearon además presuntamente una estructura societaria fiduciaria opaca en un paraíso fiscal para ocultar a los verdaderos beneficiarios y obtener beneficios fiscales.

Para Ana María Tejeiro pide dos años de prisión por blanqueo de capitales y una multa por el valor de los bienes blanqueados que asciende a 961.666 euros. Para el que fuera contable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, cuñado de Torres, el fiscal reclama una condena de dos años de prisión y una multa de 470.900 euros. Para calcular su pena, el fiscal tiene en cuenta la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia porque presentó un escrito relatando las prácticas corruptas del grupo Nóos.

Urdangarin siguió vinculado a Nóos

Urdangarin presidió el Instituto Nóos desde el 23 de septiembre de 2003 hasta el 20 de marzo de 2006, si bien el fiscal considera que su cese y abandono del cargo fue "sólo aparente, ya que siguió vinculado a dicha asociación y desarrollando labores para ella al menos hasta mediados del año 2008".

Él y Torres crearon la entidad para "contar con la cobertura que brindaba una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro" y usarla para acceder a ayudas, subvenciones y convenios de colaboración con entidades públicas, "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas" a las que presuntamente se dedicaban y "evitar suspicacias por parte de terceros" al financiarse básicamente con fondos públicos.

Los socios eran los "líderes indiscutibles" del Instituto Nóos y conformaban "un círculo cerrado de toma de decisiones" del que mantenían apartados a los demás, según el escrito del fiscal.

La esposa de Torres, Ana María Tejeiro, y sus cuñados Miguel y Marco Antonio Tejeiro, eran subordinados como responsables de recursos humanos, secretario y gestor jurídico, y contable, respectivamente.

El fiscal considera que los otros dos miembros del Instituto Nóos, el secretario de las infantas Carlos García Revenga como tesorero, y la infanta Cristina como vocal, "eran simples elementos decorativos" para dotar de apariencia exterior de solvencia a dicha entidad, dada su posición social e institucional, pero "no intervinieron en la gestión ni desarrollaron labor alguna".

La presentación del instituto como entidad para realizar investigaciones, con apariencia de solvencia técnica y científica y simulación de búsqueda del interés social sin ánimo de lucro "no era más que humo", según el fiscal.  Nutrir de recursos económicos procedentes de organismos públicos las entidades mercantiles propiedad de Urdangarin y Torres era "el verdadero objetivo".

Otros imputados

Acusa también al expresidente del Govern y del PP balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas; al ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester; al exdirector de la Fundación Illesport de Baleares, Gonzalo Bernal; al exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, y el exsecretario del Ibatur, Miguel Ángel Bonet.

De la trama valenciana pide que se abra juicio contra el exsecretario de Turismo de la comunidad, Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Jose Manuel Aguilar; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y la que fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Elisa Maldonado. El fiscal también acusa a la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen.

Deja fuera a seis imputados: además de la infanta Cristina, también a Miguel Tejeiro (secretario del Instituto Nóos), al asesor fiscal Salvador Trinxet; el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el ex director general de la Fundación Madrid 2016, Miguel Ángel de la Villa, y su ex director financiero, Gerardo Corral.

Manos Limpias pide sentar a la infanta en el banquillo

Por contra, el sindicato Manos Limpias ha pedido este martes al juez del caso Nóos que lleve a juicio a la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública por los que reclama para ella un total de 8 años de prisión.

Con su escrito de conclusiones a la instrucción del caso Nóos, en el que ejerce la acusación popular, el sindicato deja en manos de Castro la decisión de que la hermana del rey sea juzgada junto a su esposo, para quien pide penas que suman 26 años y medio de cárcel por diversos delitos de corrupción.

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