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España obtiene un "rotundo suspenso" en regulación y transparencia de los 'lobbies'

  • Así lo señala Transparencia Internacional España en un informe
  • En él afirma que la regulación del lobby es "prácticamente inexistente"
  • Cree que se debería prohibir que la banca condone deuda a los partidos

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España obtiene un "rotundo suspenso" en regulación y transparencia de los 'lobbies'
España obtiene un "rotundo suspenso" en regulación y transparencia de los 'lobbies'.

España suspende de forma rotunda en los "tres aspectos cruciales" del lobby: transparencia, integridad e igualdad de acceso. Así lo señala un informe de Transparencia Internacional publicado este miércoles y en el que la ONG detecta tanto "puntos débiles en la actividad del lobby" como "vacíos legales y legislación inadecuada".

"En España no hay una normativa que garantice conocer en todos los casos quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos lo hace", asegura la organización en el informe, que es parte del proyecto Lifting the Lid on Lobbying, financiado por la Comisión Europea.

Por eso, Transparencia Internacional considera que el Gobierno "debe realizar un análisis de los riesgos asociados al lobby" con el fin de plantear una regulación de la actividad. El objetivo, señala el informe, "reducir riesgos de corrupción y mejorar la calidad de las tomas de decisiones en democracia".

Además, recomienda acotar, vigilar y controlar más el trasvase de políticos hacia la empresa privada y viceversa (las puertas giratorias). Y señala que se debería prohibir que los partidos políticos se financien vía donaciones y que las entidades financieras les condonen deuda.

Mejorar en transparencia, integridad e igualdad de acceso

El aspecto que requiere más claramente una mejora, según el informe, es la transparencia (10%), tanto por parte de los poderes públicos como por parte de los que ejercen lobby.

Para mejorarla, los representantes públicos deberían -entre otras medidas- "informar de manera clara de los contactos que mantienen en relación a cada medida o política pública e informar de sus agendas de trabajo", mientras que los lobistas -una vez que se cree un registro para ellos- tendrían que informar de sus actividades públicamente.

La integridad del lobby obtiene 35 puntos sobre 100. El análisis pone de manifiesto que España dispone de leyes relativas a restriciones pre y post empleo público y de códigos de conducta para representantes políticos y altos cargos, "pero que no se cumplen en todas las ocasiones". Para los que miembros de un grupo de presión no existe un código de conducta oficial.

En la igualdad de acceso a los representantes públicos por parte de los grupos de intéres y de los ciudadanos, aspecto que hace referencia a la consulta y participación pública en la toma de decisiones, España obtiene un 17%. El informe refleja que hay una gran informalidad en la influencia de otros grupos mucho más sectoriales, dedicados a la defensa de intereses empresariales muy específicos. "Y es aquí donde se producen la inmensa mayoría de los casos de inflluencia indebida e, incluso, de corrupción".

Los grupos de presión deben estar regulados

Transparencia Internacional considera que la figura del lobby, entendida como grupo de presión en favor de determinados intereses, es "positiva" para el funcionamiento de la democracia "si se desarrolla con transparencia e integridad y en un marco que garantice la inclusión de todos los segmentos de la sociedad".

Sin embargo, la falta de regulación de los lobbies eleva el riesgo de que caigan en prácticas "inadecuadas", como el tráfico de influencias o los sobornos. Eso sí, la ONG asegura que hasta el momento "no se conocen casos en los que lobistas profesionales hayan estado implicados en casos de corrupción".

"La mejora de la transparencia y la integridad en el ámbito del lobby contribuiría a distinguir el lobby de las actividades corruptas o faltas de ética, a equilibrar el campo de juego en la toma de decisiones y, en definitiva, a lograr mejores leyes y políticas para todos", señala Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional.