Los nueve vocales del consejo de Administración de Adif se niegan a declarar ante el juez

Los nueve vocales que formaban parte del consejo de administración de Adif en diciembre de 2011, cuando entró en funcionamiento la línea entre Ourense y Santiago en la que descarriló el Alvia el 24 de julio de 2013, se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez instructor.

Esta ha sido la decisión adoptada por Carlos María Juárez, Gerardo Luis Gavilanes, Mercedes Rodríguez, Carlos Bartolomé y Javier Hurtado; el pasado lunes, por Juan Ángel Mairal y Mercedes Caballero, y el día 23, por Juan Carlos Cáceres y Félix Díaz.

Este miércoles están convocados el director del gestor ferroviario en 2011, Antonio González Marín, y el entonces responsable de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte.

Los argumentos esgrimidos por los vocales del consejo para no declarar, han señalado fuentes judiciales, son que todavía permanecen sin resolver por la Audiencia Provincial los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra sus imputaciones, y que sus letrados no han contado con el tiempo necesario para leer el sumario.

El magistrado Luis Aláez, que apura esta investigación puesto que en breve ocupará su nueva plaza en el juzgado de lo penal número 1 de Santiago de Compostela, ha seguido desde el primer momento una línea de investigación que apunta a una causa múltiple y no únicamente al despiste del maquinista imputado, Francisco José Garzón Amo, que no redujo la velocidad.

Hasta la fecha, han trascendido cuatro peritajes que son provisionales y que coinciden en que la instalación de la seguridad implantada en la vía en la que se produjo el siniestro no era la idónea.

A la vista de esos informes, el juez considera a los miembros del Consejo de Administración "potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva, previsto y penado en el artículo 350 del Código Penal, y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones de los artículos 142 y 152 del Código Penal".