La Fiscalía Anticorrupción pide a Alaya que envíe la causa contra Chaves y Griñán al Supremo

• Considera "agotada" la investigación sin dirigir el procedimiento a los aforados
• Pide abrir piezas separadas para cada ayuda para "activar" la instrucción
• Decreta el embargo de bienes a dos ex directores generales de Presupuestos

Los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que eleve ya al Tribunal Supremo la parte de la investigación sobre los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y sobre otros cinco ex altos cargos autonómicos por ser todos ellos aforados. El Ministerio Público ha pedido también a la instructora que abra una pieza separada para cada una de las ayudas investigadas con el fin de "simplificar y activar el procedimiento".

En un escrito remitido este mismo lunes al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe y Europa Press, Anticorrupción considera ya "agotada" la investigación llevada a cabo por Mercedes Alaya "en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero".

Por este motivo, pide que eleve la parte al Tribunal Supremo la parte de la instrucción referente a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo, todas ellas "personas que gozan de fuero" por ser actualmente diputados (nacionales o autonómicos) y senadores.

La juez Alaya abrió la puerta a la imputación de los dos expresidente de la Junta de Andalucía y de estos cinco ex altos cargos en septiembre de 2013 cuando les dio "traslado como imputados" (aunque la propia juez reconocío que no podía imputarles por ser aforados) de las actuaciones llevadas hasta entonces en el caso de los ERE por si querían personarse.

El pasado mes de diciembre, la Audiencia Provincial de Sevilla anuló este auto de Alaya por no ajustarse a derecho y pidió a la instructora que motivara mejor su decisión. Días después, la instructora volvió a 'preimputar' a los siete. La juez les acusó en su segundo auto de conocer las advertencias sobre las presuntas irregularidades en el sistema de financiación para pagar prejubilaciones y subvenciones a empresas en crisis.

Anticorrupción pide dividir la causa en piezas separadas

En el escrito remitido este lunes al juzgado de Alaya, la Fiscalía Anticorrupción propone abrir una pieza separada para cada una de las ayudas investigadas, que serían enjuiciadas por separado; otras diligencias sobre el "pago y destino" de las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras; y una última causa sobre el "procedimiento específico" utilizado por la Junta para pagar las ayudas.

Sobre este procedimiento, el escrito recoge que desde 2000 ha tenido "básicamente tres variantes": la suscripción de convenios individuales entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el convenio marco de 17 de Julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA -que requería de convenios particulares para cada ayuda- y finalmente la encomienda de gestión de 2010.

El avance de la instrucción ha puesto de manifiesto -señala el escrito- que el menoscabo de fondos públicos no se ha restringido a los "intrusos" de los ERE, sino que "realmente las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Trabajo se han venido realizando sin sujeción al procedimiento legalmente establecido para la concesión y pago de subvenciones y ayudas públicas".

Más de un centenar de ayudas de prejubilación

Ello ha desembocado en varios hechos de apariencia delictiva: los denominados "intrusos" incluidos en el ERE de una empresa donde nunca trabajaron, la "propia ayuda socio laboral" que vulneró "los más elementales principios" de la actividad pública y supuso un "importante menoscabo de fondos públicos", y las denominadas "ayudas a empresas".

A ello añade el enriquecimiento presuntamente ilícito de las empresas, despachos y mediadores que cobraron sobrecomisiones debido a la falta de control en las pólizas "que sistemáticamente eran abonadas por la Junta de Andalucía sin sujeción a procedimiento alguno".

"Para tener una idea aproximada de la extensión de la causa", el escrito recoge que el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas informó de 126 ayudas sociolaborales de prejubilación, con 582.189.272 euros pagados, y 275 ayudas a empresas y otros, por las que se pagaron 127.761.211 euros.

Embargo a los ex directores generales de Presupuestos

Además, la juez Alaya ha notificado este lunes dos decretos de embargo de pisos, locales comerciales,  plazas de aparcamiento y de todas sus cuentas bancarias a los  ex directores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía  Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera para cubrir las  fianzas de responsabilidad civil de 46,6 y un millón de euros que les  impuso, respectivamente, la juez Mercedes Alaya.

Por medio de sendos decretos notificados este lunes a las partes  personadas, a los que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado  recuerda que el pasado día 27 de febrero se concedió a ambos un plazo  de diez días para designar bienes de su propiedad en que trabar  embargo, señalando ambos distintos bienes inmuebles.

Así, el juzgado embarga a Lozano un piso ubicado en Málaga y el 33% de otra finca urbana ubicada en Andújar (Jaén), mientras  que también decreta el embargo telemático de sus saldos bancarios y  de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.

En el caso de Buenaventura Aguilera, el juzgado le embarga una  cuarta parte indivisa de nueve bienes inmuebles ubicados en Priego de  Córdoba, entre ellos viviendas, locales comerciales y aparcamientos,  así como sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de  percibir de la Agencia Tributaria.

En ambos casos, considera que los bienes inmuebles embargados "no  se estiman suficientes teniendo en cuenta las cantidades que se le  exigen", por lo que acuerda "ir en busca de más bienes inmuebles" a  través de la averiguación patrimonial integral de bienes mediante la  aplicación informática del Punto Neutro Judicial (CGPJ).