La infanta Cristina declara como imputada por presunto fraude fiscal y blanqueo en el caso Nóos

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ANA MARTÍN PLAZA 

La infanta Cristina declara este sábado como imputada por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales en el caso Nóos. El juez que instruye la causa, José Castro, la imputó por segunda vez el pasado 7 de enero para darle la "oportunidad" de explicarse sobre los indicios que ha encontrado contra ella como copropietaria de la empresa Aizoon al 50% junto a Iñaki Urdangarin.

El instructor del caso, que investiga el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, cree que los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a su esposo "difícilmente se podían haber cometido sin, cuanto menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa".

Castro quiere saber si la infanta conocía el origen presuntamente ilícito de los fondos de Aizoon y si su presencia en la empresa obedecía a servir de "escudo frente a Hacienda" para evitar inspecciones como le habría dicho el exasesor fiscal de Nóos Miguel Tejeiro al notario Carlos Masía, según testificó este último ante el juez.

Según han explicado a Europa Press fuentes cercanas a la defensa de la infanta Cristina, esta pondrá de manifiesto en su declaración la plena confianza que tenía depositada en su marido. La hija del rey argumentará que desconocía la presunta trama de desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos que puso en marcha Urdangarin con su exsocio, Diego Torres.

La infanta bajará la rampa para acceder a los juzgados en coche, como ha permitido el juez decano por motivos de seguridad. Hay más de 300 periodistas acreditados de unos 80 medios de comunicación.

La esposa de Urdangarin tiene previsto responder solo a las preguntas del juez, el fiscal y sus abogados. El juez ha decidido que la declaración se grabe solo en audio y que no se puedan usar ni móviles ni ordenadores en el juzgado.

El juez apunta a un doble fraude

Castro señalaba en su auto de imputación, de 227 páginas, que la infanta permitió que Aizoon, que ingresó casi un millón de euros procedentes de Nóos, "sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales".

El fraude que habría cometido la infanta, según el juez, sería doble: por una parte, por no declarar estos ingresos en su IRPF y, por otra, por haber pagado con dinero de Aizoon gastos personales, que además sirvieron para tributar menos por el impuesto de sociedades al presentarse como gastos de explotación de la empresa cuando no lo eran.

Según la Agencia Tributaria, los duques de Palma destinaron 700.000 euros de Aizoon a gastos personales, entre ellos, 436.000 euros a la rehabilitación de su vivienda en la zona alta de Barcelona, el conocido palacete de Pedralbes.

Una treintena de imputados en el caso Nóos

El caso Nóos saltó a la luz en julio de 2010 como pieza separada número 25 del caso Palma Arena -que investiga el sobrecoste del velódromo de Mallorca- para investigar el supuesto desvío de fondos públicos del Gobierno balear al instituto de Urdangarin.

Desde entonces, apunta Efe, la investigación se ha extendido a las administraciones de Valencia y Madrid y a la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social (Fcdis), sucesora del Instituto Nóos.

El caso acumula 54.000 folios de sumario en 55 tomos y suma una treintena de imputados, entre ellos Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, por presuntos delitos de fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Una imputación contra el criterio de la Fiscalía

El juez del caso Nóos imputó por primera vez a la hija del rey en abril de 2013 al considerarla "cooperadora necesaria" en los delitos imputados a Urdangarin por permitir supuestamente que su marido usara su parentesco con la Casa Real para hacer negocios.

La Audiencia de Palma suspendió la imputación un mes después, pero pidió al juez Castro que investigara si la infanta pudo cometer delitos contra la hacienda pública y/o blanqueo de dinero tras señalar que la infanta "debería saber o conocer" al menos desde marzo de 2006 que Aizóon "era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda".

Tras ocho meses de investigación, Castro imputó por segunda mes a la infanta el pasado mes de enero en contra del criterio del fiscal del caso, Pedro Horrach, que acusó a Castro de apoyarse en una "teoría conspiratoria" para "justificar la existencia de indicios delictivos" contra la hija del rey. 

El fiscal anticorrupción sostiene que la "tesis" del instructor se basa en una "absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa" por parte de los inspectores de Hacienda que habrían cambiado de criterios sobre la marcha para favorecer a la infanta.

La Fiscalía, no obstante, aunque no ve delito penal en la actuación de la infanta, pedirá a la hija del rey 600.000 euros de responsabilidad civil a título lucrativo. Una cantidad que tendrá que abonar en caso de que Urdangarin sea condenado.

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