El Gobierno revisará 2.700 normas que pueden suponer barreras a la unidad de mercado

• De Guindos apunta que es "un proceso de limpieza de burocracia"
• Reparte entre las CC.AA. 1.342 millones para políticas activas de empleo

Luis de Guindos, tras el Consejo de Ministros.

El Gobierno ha identificado 2.700 normas estatales y autonómicas que pueden suponer barreras a la unidad de mercado por obstaculizar el libre acceso y ejercicio de las actividades económicas, por lo que las revisará en el marco del plan de racionalización normativa que acompaña a la Ley de Unidad de Mercado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado que se trata de "un proceso de limpieza de burocracia que tendremos que definir en un plazo de seis meses".

Del total de las normas identificadas, aproximadamente un 30% son estatales y un 70% de rango autonómico, agrupadas en 29 sectores económicos. En este contexto, el Ejecutivo propondrá la posible modificación o derogación de las normas estatales.

En el caso de las leyes estatales, un 27% están relacionadas con agricultura, alimentación y medio ambiente, otro 21% con transporte y vivienda, un 20% con industria y un 14% con sanidad.

Cambios en el primer semestre de 2014

La modificación en el ámbito estatal se llevará a cabo en el primer  semestre de 2014, como ha adelantado el ministro. No obstante, muchas de estas normas ya están  siendo modificadas en este sentido como el proyecto de Ley General de  Telecomunicaciones, el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios  Profesionales o la modificación prevista de la Ley de Bases de Régimen  Local.

Además, revisará en conferencias sectoriales u otros mecanismos de cooperación en el caso de la normativa autonómica.

Para conseguirlo, los diferentes departamentos ministeriales que han participado en este proceso convocarán más de 25 conferencias sectoriales u otros mecanismos o comités, durante el primer trimestre de 2014 (o plazo de tres meses desde la aprobación de la Ley). Estas conferencias sectoriales podrán contar, en virtud del texto legal, con la contribución de los operadores económicos.

1.342 millones para políticas activas de empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 1.342 millones de euros para el desarrollo de políticas activas de empleo.

La cantidad corresponde a los fondos del presente ejercicio, 2013, y por primera vez, los fondos se repartirán conforme a objetivos  de manera progresiva, ya que se comienza con un 8% del importe total  ligado a la consecución de las metas comprometidas por las autonomías en  2012, una cifra que el año que viene se elevará hasta el 40%.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha apuntado que el dinero tiene "la finalidad esencial de inserción laboral de las personas que están desempleadas" y complementa las aportaciones de las propias comunidades autónomas en sus políticas activas de empleo.

Santamaría ha explicado que de los 1.342 millones, 951 se destinarán a acciones de Formación Profesional, 361 a medidas de fomento al empleo, la contratación y la igualdad de oportunidades y 30 millones a la modernización de los servicios de empleo.

Andalucía es la comunidad que más recursos recibe para políticas activas de empleo, casi 300 millones de euros y La Rioja la que menos, no llega a 9 millones, cifras que son proporcionales a la población.

También ha aprobado un importe de 7,8 millones para  ayudas previas a la jubilación ordinaria vinculadas a la reestructuración de empresas.