La Junta de Andalucía recurre la imputación de la exministra Magdalena Álvarez en los ERE

• El Gobierno regional recurre el auto de citación de 20 altos y ex altos cargos
• El 25 de julio está citado a declarar el primero, el ex interventor general
• El vicepresidente Valderas (IU) dice que el recurso defiende el Estatuto
• PSOE e IU frenan la propuesta del PP-A de celebrar un pleno de los ERE

La Junta de Andalucía recurre el último auto de la juez Alaya en el caso de los ERE

La Junta de Andalucía ha recurrido el auto en el que la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, imputó a 20 altos y ex altos cargos del Gobierno regional, entre ellos, la exministra socialista Magdalena Álvarez, que fue consejera de Economía y Hacienda (1994-2004), según han informado fuentes autonómicas a Europa Press.

El pasado martes el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, señaló que el auto era "perfectamente recurrible" y defendió a los imputados como personas "honestas, honorables y que han hecho un buen servicio a Andalucía".

La Junta está personada como acusación particular y el PP andaluz ya ha anunciado que presentará "inmediatamente" una petición a la juez Alaya para que les aparte del caso, ya que "no se puede ser defensa y acusación", según ha argumentado la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, que ha criticado que el Gobierno regional "salte al otro lado", según recoge EFE.

Además de Magdalena Álvarez, que actualmente es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la juez ha citado a declarar como imputados al actual  viceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente  Lozano Peña, y al ex interventor general de la Junta de Andalucía  Manuel Gómez Martínez.

Un "calendario razonable"

La juez explicó en su auto que los citaba para aclarar su "participación" en el presunto "dispendio" de fondos públicos en la concesión de expedientes de regulación de empleo de forma irregular.

Sobre la imputación de la exministra Magdalena Alvarez, en el auto  judicial la juez Alaya señalaba que "fue la  persona que dictó las  normas en las que se recogía el concepto  presupuestario de las transferencias de financiación a  través de la  orden de 4 de junio de 2003".

Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción remitió un escrito a la  juez en el que señalaba la necesidad de fijar un "calendario razonable" para la declaración de la veintena de imputados por "la necesidad de avanzar en la instrucción de la presente causa garantizando adecuadamente los derechos y garantías" de todos ellos.

El único que de momento tiene fecha para declarar es Gómez Martínez, que tendrá que acudir al juzgado el próximo 25 de julio.

Rechazo al pleno extraordinario sobre los ERE

El caso de los ERE sigue sacudiendo los cimientos de la vida política andaluza. Tras la imputación de los exdirigentes socialistas y el recurso presentado este jueves por la Junta, la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha rechazado, con los votos de PSOE-A e IULV-CA,  la propuesta del PP-A de realizar este mes de julio un pleno monográfico y extraordinario sobre el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE).

Durante el debate de la propuesta, el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Carlos Rojas, ha criticado duramente el rechazo de PSOE-A e IULV-CA a este debate sobre los ERE en la Cámara autonómica llegando a advertir de que, si no la aceptaban, como finalmente ha ocurrido, estarían manifestando con su actitud que "este Parlamento no sirve para nada".

"El fraude de los ERE es tan colosal que si este Parlamento no está en investigar y analizar las responsabilidades políticas es que este Parlamento no sirve para nada", ha lamentado.

Frente a ello, el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, y el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, han recriminado al PP-A que traiga esta propuesta a la Diputación Permanente después de haberse producido en el seno de la Cámara una comisión de investigación al respecto y "más de 600" respuestas, entre comparecencias orales y preguntas escritas, sobre este caso, informa Europa Press.

Valderas: El recurso defiende la "legitimidad" del Estatuto

Por su parte, el vicepresidente andaluz y consejero de Administración Local y  Relaciones Institucionales, Diego Valderas, de Izquierda Unida, ha manifestado este  jueves que el recurso interpuesto por la Junta persigue defender el Estatuto de  Autonomía y la "legitimidad" de unos presupuestos de la comunidad  aprobados por el Parlamento.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla recogidas por Europa Press, Valderas ha  manifestado que el Gabinete jurídico de la Junta tiene autonomía para  tomar decisiones y, en este caso, toma una decisión "que es la de  defender el Estatuto de Autonomía, a la comunidad autónoma y al  Parlamento andaluz, que aprueba la Ley de Presupuestos".

Para Valderas, el auto de la juez, más allá de situar a personas,  "va contra los presupuestos de la Junta de Andalucía, aprobados por  el Parlamento de Andalucía".

Ha indicado que los Servicios Jurídicos de la Junta "hacen lo que  tienen que hacer: defender el Parlamento y unos presupuestos que  están legítima y democráticamente aprobados y que el auto de la juez  Alaya pone en cuestión".

Con ese recurso, estamos, según ha recalcado, ante una defensa del  Estatuto de Autonomía y de lo que significa la aprobación por parte  del Parlamento de unos presupuestos que son "legítimos  democráticamente".

Contundencia frente a la corrupción

Asimismo, el vicepresidente ha señalado que el Gobierno andaluz  dijo ayer claramente que no va a gastar "ningún dinero" en la defensa  de ninguna de las personas imputadas, si bien tendrán "los derechos"  aquellos que sean declarados inocentes, lo que es "lógico, razonable  y de sentido común".

"Lo que queda claro es que, en este momento, la Junta de Andalucía  no va a intervenir en costas ninguna con respecto a defensa ninguna",  según ha sentenciado Valderas.

Ha insistido en que tiene que haber contundencia frente a la  corrupción y celeridad por parte de la justicia, porque cuando la  justicia se "hace lenta, se hace menos justicia" y estamos en la  necesidad de llegar hasta el final, "alcance a quien alcance y caiga  quien caiga".

La Junta de Andalucía ha informado de que basa su recurso en una "posible y futura petición de nulidad de la instrucción", ya que ha advertido que es una estrategia procesal "que barajan las defensas".

En un comunicado, el Gobierno andaluz ha añadido que el gabinete jurídico ha reclamado en el recurso, una mayor motivación del auto de imputación de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Esto se debe a que la "escasa" fundamentación de las imputaciones puede "comprometer" la validez de la instrucción y "poner en peligro" la recuperación del dinero.