UGT y CC.OO. piden a la Defensora del Pueblo que recurra la no actualización de las pensiones

• Solicitan a Becerril que presente un recurso de inconstitucionalidad
• Argumentan que no se puede aplicar una medida con carácter retroactivo
• Los sindicatos dicen tener una "sensación bastante positiva"

CC.OO. y UGT han presentado este lunes a la Defensora del Pueblo,  Soledad Becerril, una solicitud para que recurra ante el Tribunal  Constitucional el Real Decreto-ley que suspende la compensación a los  pensionistas por la desviación de precios de este año en la que alegan que hay  "fundamentos jurídicos sobrados" para ello. 

La delegación sindical que ha presentado esta demanda ha estado   encabezada por los secretarios de Política Social de CC.OO. y UGT,   Carlos Bravo y Carmen López, respectivamente, así como por los   secretarios generales de las organizaciones de pensionistas y  jubilados  de ambos sindicatos, Julián Gutiérrez (CC.OO.) y Santiago  Alejo (UGT).

Todos ellos han sido recibidos por Francisco Fernández Marugán,   adjunto primero a la Defensora del Pueblo, así como por Concepción   Ferrer i Casals, adjunta segunda, con quienes los responsables   sindicales se han entrevistado brevemente a puerta cerrada.

La reclamación sindical de que sea recurrida ante el  Constitucional  la eliminación este año de la compensación a los  pensionistas por la  desviación del IPC se basa en la vulneración del  artículo 9.3 de la  Carta Magna, que protege y garantiza la  irretroactividad de aquellas  disposiciones que restringen derechos  individuales.

"La última mentira de Rajoy"

Para Carlos Bravo, responsable de  Seguridad Social de CC.OO., la  no revalorización de las pensiones es  una medida que merece "el  máximo reproche social", pero, en esta  ocasión, al afectar a un  derecho ya acreditado, merece además un  "reproche jurídico" ya que el  Gobierno ha planteado este asunto "de  manera incorrecta".

Por su parte, la responsable de Política  Social de UGT, Carmen  López, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Mariano  Rajoy, de "mentir  día tras día" a los pensionistas diciendo que iba a  cumplir con la  Ley General de la Seguridad Social, que en su artículo  48 establece  el derecho de los pensionistas a ser compensados por la  desviación de  precios tomando como referencia el IPC de noviembre.

"Le hemos manifestado al señor Marugán que la Defensora del Pueblo   debe y tiene que poner un recuerdo, porque el Gobierno de Mariano  Rajoy  tiene que cumplir su palabra de que no tocaría la sanidad, la   educación y las pensiones. Esta es su última mentira", ha denunciado   López.

Los representantes sindicales aseguran que han salido con una "sensación  bastante  positiva" de su encuentro con los adjuntos de la Defensora  del Pueblo.  "Nos ha asegurado que van a estudiar en profundidad este recurso,   porque ellos también comparten que puede ser una lesión importante  para  el conjunto de los pensionistas", ha apuntado López, que ha  recordado  que los pensionistas tienen hoy una carga superior a la que  soportan  otros ciudadanos, pues muchos están teniendo que hacerse  cargo de sus  familias.

Ofensiva parlamentaria de los sindicatos

Paralelamente, los sindicatos han realizado una ofensiva  parlamentaria en los últimos días para instar a los partidos de la  oposición a que presenten recurso de inconstitucionalidad contra el  decreto de las pensiones.

Aunque parecía que la oposición en bloque se iba a unir en un  recurso único, algo que no ha sucedido nunca en Democracia,  finalmente no serán todos los Grupos Parlamentarios de la oposición  quienes se sumen a esta iniciativa, pero sí la mayoría, entre ellos PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y parte del  Grupo Mixto.

De este recurso conjunto se han descolgado ERC y  Compromís ante el veto de PSOE y UPyD a la entrada de Amaiur.

La base del recurso: no se puede suprimir un derecho de forma retroactiva

Sindicatos y oposición entienden que el decreto es  inconstitucional porque conlleva una aplicación retroactiva de las  leyes, lo cual está prohibido por la Constitución.

Según han explicado, la revalorización de las pensiones  es un derecho que los ciudadanos tenían garantizado hasta el decreto  ley y que comienza a generarse el 1 de enero de cada año, por lo que  el Gobierno no puede suprimirlo retroactivamente.

En los últimos meses, CC.OO. y UGT han acudido a la Defensora del  Pueblo en varias ocasiones para recurrir ante el TC normas aprobadas  por el Gobierno del PP, como la reforma laboral y el decreto  antidéficit que eliminaba la paga extra de Navidad de los empleados  públicos, aunque sus peticiones fueron rechazadas por Soledad Becerril.

Mientras tanto, los sindicatos siguen mostrando en la calle su rechazo a estas medidas. Este mismo lunes, y como  integrantes de la Cumbre Social, participarán en el más de medio  centenar de manifestaciones y concentraciones convocadas  para protestar contra la no compensación a los pensionistas y la  subida de las tasas judiciales, entre otras medidas.