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Jueces, fiscales y abogados estudian llevar al Constitucional las nuevas tasas judiciales

  • Los secretarios judiciales dicen que la ley les convierte en "meros recaudadores"

  • El Observatorio de Violencia Doméstica dice que frenarán las denuncias.

  • Los sindicatos advierten de que vulneran la tutela judicial efectiva

  • Los consumidores denuncian que se crea una "justicia para ricos y otra de pobres"

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Abogados, jueces y fiscales van a estudiar cómo hacer que el Tribunal Constitucional se pronuncie contra la nueva Ley de Tasas Judiciales, que se publica este miércoles en el BOE y que, aunque el jueves entra en vigor, tardará una semanas en aplicarse.

Esta posición conjunta frente a las tasas judiciales fue tratada este miércoles en Madrid en un encuentro que mantuvieron Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales.

Según informó el CGAE, uno de los acuerdos alcanzados en esta reunión es "aunar esfuerzos para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas Judiciales". Para ello pretenden poner en marcha un "frente común de abogados, jueces y fiscales contra las últimas leyes del Ministerio de Justicia".

Los secretarios judiciales las creen "una injusticia"

Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha rechazado las nuevas tasas judiciales, que consideran una "injusticia" y que son "dudosamente" compatibles con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

En un comunicado, el SISEJ ha criticado al Gobierno por lo que considera "una nueva denigración" hacia su sector que convierte a los secretarios judiciales en "meros recaudadores" y ha advertido de que la medida supone "excluir deliberadamente" a muchos ciudadanos del acceso público a la justicia.

Asimismo, el sindicato también ha considerado "graves e injustificados" los recortes aplicados por el Gobierno a los empleados del sector público y ha destacado que las tasas se incluyeron en el Decreto Ley por el procedimiento de urgencia.

El Observatorio de Violencia Doméstica cree que frenarán denuncias

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, ha advertido de que la Ley de Tasas Judiciales supondrá "un freno" para que las víctimas de esta violencia "rompan el vínculo con su agresor".

En rueda de prensa, Montalbán ha lamentado que la enmienda que pedía excluir de este pago los procesos de divorcio tramitados a través de los juzgados de violencia sobre la mujer no fuese aceptada. "Se la enviamos a todos los partidos, pero se ha tramitado tan deprisa que no hubo tiempo para nada", ha afirmado.

Tras la entrada en vigor mañana de esta ley, presentar denuncias seguirá siendo gratis, pero las demandas de divorcio para aquellas mujeres sin hijos supondrán unos 100 euros, y alrededor de 800 más interponer recursos de apelación.

"Esto dificultará mucho las separaciones en las que víctima y agresor comparten vivienda (las más habituales) o algún negocio", ha proseguido Montalbán, para quien "solo oír hablar de que hay que pagar tasas echará atrás a muchas mujeres".

Para varias organizaciones feministas, como la Comisión de Investigación Malos Tratos a Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Progresistas, la de Mujeres Jóvenes (FMJ), la de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres las nuevas tasas, perjudicarán de "forma gravísima a las mujeres y en especial a las mujeres victimas de violencia de género".

Estas organizaciones sostienen que estas nuevas tasas judiciales que entran este jueves en vigor "agravará sin género de dudas la dominación del hombre sobre la mujer, mediante el control económico ejercido sobre la misma, y servirá para reforzar dicho dominio, dejando en manos del agresor el acceso a la justicia, que tanto hemos demandado para las mujeres"

UGT y USO dicen que vulneran la tutela judicial efectiva

Los sindicatos UGT y USO han mostrado su rechazo a la ley de tasas judiciales en sendos comunicados, al considerar que su aplicación convierte a los usuarios de la justicia en "diferentes" ante la ley según su capacidad económica, lo que "vulnera el derecho a la tutela efectiva".

En concreto, la Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato UGT ha calificado de "regresiva" y "franquista" la ley y ha recalcado que las tasas solo se aplicaron entre 1959 y 1986, cuando el entonces presidente Felipe González las eliminó. USO, por su parte, ha tachado la medida de "recaudatoria" y ha afirmado que las tasas no mejorarán "ni la justicia ni el acceso en igualdad" a ella.

Tanto UGT como USO coinciden en la posibilidad de que las nuevas tasas hagan económicamente inviable a los parados recurrir sus despidos, que en primera instancia puede llegar a costar 500 euros, tal y como afirma UGT. 

Facua denuncia una "justicia para ricos y otra para pobres"

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que las nuevas tasas supondrán "la implantación efectiva de una justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos".

A través de un comunicado, Facua alerta de que la nueva Ley de Tasas "abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento".

Según esta asociación de consumidores, la aplicación de estas tasas "es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" y es contraria a la Constitución, que en el artículo 24 previene contra la "indefensión" de los ciudadanos ante los tribunales.

Además, según este colectivo de consumidores, en caso de que un consumidor pierda en primera instancia y opte por apelar, tendrá que asumir una tasa de 800 euros por recurso, a lo que se le sumaría el depósito judicial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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