El Ministerio de Hacienda ultima este fin de semana la negociación con las autonomías sobre sus planes económicos de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha expresado su preocupación por el caso de Asturias, ya que un Gobierno en funciones no puede adoptar compromisos de ingresos y gastos.

Por ello, Hacienda ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudien la aplicación de la nueva Ley de orgánica de Estabilidad Presupuestaria ante la imposibilidad de Asturias de aprobar su plan económico.

En una nota de prensa, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que la nueva Ley de Estabilidad exige la aprobación del plan económico financiero o, en caso contrario, "la aplicación de medidas coercitivas y, en último extremo, la tutela de las cuentas de la región por la Administración del Estado".

Este sábado el ministro Cristóbal Montoro ha presidido una reunión de su Departamento en la que se ha analizado el plan económico financiero de cada comunidad autónoma de cara al Consejo de Política Fiscal del próximo 17 de mayo.

En esta reunión se han precisado los contenidos de los diferentes planes económicos, sus ajustes en cuanto ingresos y gastos y, en algunos casos, se han solicitado precisiones respecto a la aplicación de nuevas medidas de educación y sanidad.

Evitar otro caso como Asturias

Dentro de los planes presentados, este Ministerio ha mostrado una especial "preocupación" por Asturias dado que la situación de un Gobierno en funciones impide que el mismo adopte compromisos en materia de ingresos y gastos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Por tanto, en este caso, la Intervención General del Estado y el Servicio Jurídico deberá estudiar las consecuencias de una posible no aprobación del plan económico y financiero en el marco de la ley.

Un caso parecido, según el Ministerio, ha tenido lugar en el plan de pago a proveedores de las entidades locales. Así, no se han aprobado los planes de ajuste de las corporaciones locales que han rechazado los mismos.

Esto ha provocado que estas entidades locales no puedan suscribir los préstamos previstos en el plan y tengan que retener de la participación de ingresos del Estado las cuantías que procedan para la devolución de los importes a los proveedores.