El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha denunciado este miércoles que existe "presión" social y una "violencia de género estructural" que se ejerce sobre las mujeres embarazadas para que aborten.
Gallardón ha respondido así en el Congreso, en la sesión de control del Gobierno, a la pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez, sobre si el Ejecutivo seguía teniendo la intención de reformar la ley del aborto para "recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".
El titular de Justicia ha afirmado que los cambios que elabora el Gobierno, previstos para otoño de este mismo año, van dirigidos "a aumentar la protección del derecho por excelencia de la mujer: el de la maternidad".
El ministro asegura que la reforma del aborto no supondrá recorte de la libertad de las mujeres porque la voluntad del Gobierno es proteger sus derechos ante una sociedad que, en su opinión, presiona a las embarazadas.
La sociedad actual, ha dicho, "en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo".
Si se observa la realidad, ha proseguido, se descubre que "muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras".
Muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres
A su juicio, cuando se produce un "supuesto embarazo no deseado" el entramado social hace a las madres "responsables únicas" de conflictos o situaciones problemáticas ante las que "el legislador no debe ser indiferente".
"Es insuficiente una legislación que se limite a proteger la vida del no nacido mediante la tipificación penal del aborto y que no preste atención a la situación de la mujer embarazada que debe de estar protegida", ha sentenciado.
Para Ruiz-Gallardón, es "absolutamente insuficiente" una normativa sobre el aborto que se limite a despenalizarlo "sin remover los obstáculos reales que impiden a la mujer su derecho a ser madre, abandonando además la protección del concebido".
La Ley que el Gobierno piensa promulgar, ha explicado, "se va a inspirar en el derecho de la mujer a la maternidad" porque ninguna embarazada "se debería ver obligada a renunciar" a ella por un conflicto familiar, laboral o social.
"Vamos a insistir en la formación, en la información, en la prevención y en la promoción de la inserción sociolaboral de las mujeres embarazadas, y en establecer garantías para conciliar su vida laboral, personal y familiar", ha pormenorizado.
Vamos a insistir en la formación, en la información
Ruiz-Gallardón ha dicho que la nueva normativa pretende que "se evite cualquier tipo de discriminación", estando para ello "cerca de las mujeres más vulnerables", de aquellas que están en paro, de las menores de edad, de las inmigrantes o de las que tienen alguna discapacidad.
Con este objetivo, ha asegurado que todas las administraciones públicas tendrán que trabajar conjuntamente para que los servicios sociales, la educación, la sanidad, la vivienda, el transporte y el empleo "sean prioritarios" para la mujer embarazada.
"Lo que vamos a hacer es defender el derecho y la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad", ha remachado.
Por su parte, la parlamentaria socialista ha acusado al ministro de llevar a cabo esta reforma para "atender sus compromisos" con los sectores que representan al "fundamentalismo" en España, mediante "la imposición al estado de derecho de una moral religiosa que tiene a sus espaldas la sistemática oposición a los derechos de las mujeres".
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