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La juez de los ERE pide información sobre las autorizaciones que firmó José Antonio Griñán

  • Reclama información sobre él y su sucesora en el cargo Carmen Martínez
  • La Junta de Andalucía niega que se esté apuntando al presidente autonómico
  • La juez imputa a Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de Trabajo
  • Solicita también datos de 796 prejubilados de Faja Pirítica de Huelva

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La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), Mercedes Alaya, ha recordado este martes que las ayudas investigadas fueron autorizadas por José Antonio Griñán, entonces consejero de Economía y ahora presidente de la Junta, y ha imputado a Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de Trabajo.

En un auto de 50 folios, al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla recuerda que las ayudas investigadas que requerían de aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Junta necesitaban la "previa autorización" del titular de Economía, que en las fechas investigadas eran Griñán y la actual consejera, Carmen Martínez Aguayo.

Se investiga "la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década, ya por la total carencia de procedimiento, ya por la concesión a determinadas personas", recuerda el auto, que cita una nueva línea de investigación que "pone de manifiesto la existencia de un determinado número de empresas que se habían beneficiado de manera ilícita de numerosas subvenciones".

El Gobierno andaluz niega que se apunte a Griñán

El Gobierno andaluz ha negado que la investigación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos se dirija hacia el presidente del Ejecutivo regional, José Antonio Griñán, que en el momento en el que se otorgaron algunas de esas ayudas era consejero de Economía.

Un comunicado de la Oficina del Portavoz del Gobierno asegura que la jueza que lleva el caso, Mercedes Alaya, en un auto conocido este martes, "se limita a solicitar información requerida por la representación del PP sobre la base de una falsa premisa".

En ese escrito remitido por la representación del PP al juzgado se cita a Griñán y a otra consejera "únicamente en su condición de titulares de la Consejería de Economía y Hacienda", pero se refiere "a una supuesta obligación de una autorización por su parte que realmente no existe".

El Gobierno asegura que la prescripción legal que se menciona "no afecta a los casos investigados" ni a la concesión de subvenciones, sino a operaciones de endeudamiento de la agencia IDEA.

Vida laboral de Matsa y 756 prejubilados de Franja Pirítica

La juez requiere a la Junta, entre otros, la vida laboral, listado de trabajadores y las ayudas oficiales percibidas por la empresa Minas de Aguas Teñidas (MATSA), donde trabajaba una hija de Manuel Chaves, expresidente de la Junta y vicepresidente del Gobierno.

Ello con independencia de la información general requerida sobre los 796 prejubilados de la Franja Pirítica de Huelva al sospechar posibles manipulaciones así como el plan  promovido por el Gobierno central en 2002 para estos trabajadores, cuando Zoido, el actual alcalde de Sevilla era delegado del Gobierno.

También ha pedido información del cierre de las Minas de Riotinto, de Almagrera, Navan Resources, Filón Sur y Nueva Tharsis, así como las ayudas concedidas por cualquier consejería a Tharsis, Minas de Cala y Mina Las Cruces.

Mercedes Alaya expresa su sospecha de que las ayudas ilícitas hayan beneficiado a "otros grupos empresariales", por lo que la solicitud de información se hace extensiva "de manera especial a la Dirección General de Fondos Europeos", ahora dependiente de Economía.

También pide copia de todas las resoluciones de ayuda del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y su sucesora Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y que se identifique a sus directores y secretarios generales desde 2007 a la actualidad.

La juez enumera una serie de empresas que recibieron ayudas por encima de los 1.200.000 euros, entre ellas Santana Motor, la Franja Pirítica de Huelva, Altadis, Dhul, Pickman, Primayor, Astilleros de Sevilla, Cydeplast o Delphi.

Asimismo, ordena comunicar sus derechos como imputado a Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado provincial de la Consejería de Trabajo en Sevilla y beneficiario de la póliza de Calderinox.

El PP, personado como acusación, había pedido la imputación de diversas personas y la declaración de varios testigos, si bien la juez responde que se hará "según avance la investigación policial encomendada sobre esos extremos".

El auto recuerda que en 2002 se acordó un Plan Único del Gobierno Central para paliar la crisis de la Franja Pirítica en Huelva y Sevilla, por lo que dado que entonces el PP ocupaba el Gobierno de la nación, solicita dicho documento al secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, con objeto de que "conste a la mayor brevedad en la causa" al estar ya personado.

La Junta denuncia una trama de 18 empresas

Por su parte, la Junta de Andalucía ha remitido a la juez que investiga los ERE irregulares financiados por la administración autonómica un informe en el que denuncia una supuesta trama de 18 empresas que habrían recibido 20 millones de euros del denominado "fondo de reptiles".

La denuncia ha sido anunciada este martes por la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, en rueda de prensa, en la que ha explicado que se envió a la juez Mercedes Alaya el pasado 28 de octubre un informe en el que, según la Junta, unas dieciocho empresas habrían obtenido fondos públicos de manera irregular por un importe de unos 20 millones de euros.

La denuncia de la Junta recoge también que en esta supuesta trama se repite el nombre de al menos siete personas y, según Moreno, se circunscribe al entorno del ex director general de trabajo, Francisco Javier Guerrero, y la comarca de El Pedroso (Sevilla).

Con esta denuncia, la Junta pone bajo sospecha unos 30 millones concedidos del denominado 'fondo de reptiles', cerca de 700 millones, de los que 20 millones corresponderían a esta supuesta trama y otros diez millones a los 72 intrusos detectados en los expedientes de regulación de empleo.

"Estamos hablando de presuntas irregularidades que afectan a empresas, a nombres y a personas sobre las que recae la presunción de inocencia y el Gobierno andaluz nunca ha hecho público los nombres de los afectados", ha explicado.

Ha detallado que igual que se hizo con el informe de los intrusos de los ERE la Junta ha presentado esta denuncia que hace pública ahora porque "no estamos actuando en tiempo real y primero lo remitimos a la juez".

Respecto a la investigación de este fraude, ha recalcado que el Gobierno andaluz ha investigado y colaborado con la justicia desde "el minuto uno", y ha estimado sin la investigación de la Junta el juzgado "hubiera tardado muchos más meses y muchos más años".

Moreno arremete contra el "uso indecente" del PP

En este sentido, Moreno ha aprovechado para arremeter contra el "uso indecente y partidario" que el PP está haciendo de este asunto y ha denunciado que el PP "no persigue a los culpables, sino al Gobierno andaluz".

Preguntada por los 41 presuntos intrusos de la faja Pirítica de Huelva, Moreno ha comentado que el asunto está siendo investigado por el juzgado y ha remitido las explicaciones al actual alcalde de Sevilla y entonces delegado del Gobierno en Andalucía, el popular Juan Ignacio Zoido.

"Zoido participó activamente en la determinación de quienes eran las personas que tenían que acceder a las prejubilaciones. Por lo tanto este tema se verá oportunamente en los tribunales y le digo que Zoido tendrá mucho que decir sobre las irregularidades o no que se cometieran en este expediente", ha indicado.

Al margen del "fraude" detectado, Moreno ha defendido las "muchas" ayudas sociolaborales de la Junta, de las que ha dicho que han permitido sacar adelante a muchas empresas y trabajadores.

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