La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha pedido a la Junta informes sobre 40 casos nuevos, entre ellos un millón de euros entregados a UGT, e información sobre los 119.000 euros pagados al bufete de Manuel Olivencia, suegro del presidente del PP-A, Javier Arenas.
La juez de instrucción 6, en un auto, requiere directamente a la Junta para que, a la vista de la "cronología, importancia de las cantidades otorgadas y circunstancias de algunas empresas", informe sobre 40 expedientes nuevos.
Estos se unirán a los 67 que ya investiga el juzgado y que fueron solicitados el pasado 16 de abril, incluidas las pólizas individuales que fueron resultado del examen de los expedientes verificados por la Junta, añade el auto.
Entre otros, la juez Mercedes Alaya pide a la Consejería de Empleo andaluza que informe sobre las ayudas de "más de un millón de euros" entregados entre 2009 y 2010 a la Federación Regional de Industrias Afines de la UGT, los 3.743.000 euros en ayudas a Cervezas Alhambra en 2003 y otros 559.000 en 2010, y otros 3.265.000 euros entregados a la Fábrica San Carlos.
Minas de Riotinto, La Jarosa Desarrollo Turístico de la Sierra Norte, Corral del Conde de Sierra Morena o Autologística de Andalucía son otras tantas empresas que serán investigadas.
En cuanto al bufete del catedrático sevillano Manuel Olivencia, cuya hija está casada con Javier Arenas, la juez requiere a la Junta para que remita copia de los contratos de servicios y facturas por asesoramiento, que en este caso ascendieron a 104.000 euros en marzo de 2002 y 15.000 euros en julio de ese año. En este apartado, la juez incluye otras once facturas que no superaban los 15.000 euros cada una cobradas por Estudios Jurídicos Villasís de Sevilla y 14 facturas de Alpha Corporate.
Las peticiones de la juez se completan con las historias registrales de varias empresas de El Pedroso (Sevilla), localidad natal del exdirector general de Empleo imputado Francisco Javier Guerrero, donde han aparecido numerosos "intrusos" que estos días están declarando ante la juez como imputados.
En abril pasado, cuando trascendió la posible relación del bufete Olivencia con la investigación de los ERE, el PP acusó al PSOE de "no tener escrúpulos" al intentar comparar a un jurista de prestigio como Olivencia con los intrusos aparecidos en los ERE irregulares financiados por la Junta y con comisionistas "de poca monta".
En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, calificó entonces de "burda maniobra" la información de que la Junta abonó casi 120.000 euros al bufete Olivencia-Ballester.
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