La conmoción causada en Irlanda por el escándalo de los sacerdotes peredastas vuelve al candelero con la publicación de un informe que acusa a los responsables de la diócesis irlandesa de Cloyne, al sur del país, de "ignorar" las denuncias presentadas hace tan solo tres años.
La investigación fue ordenada por el Ejecutivo de Dublín hace tres años, después de que un órgano de supervisión de la Iglesia reconociera que el exobispo de Cloyne, John Magee, se tomara "con poco o ningún interés activo abordar casos de abusos sexuales contra menores hasta 2008".
En las 400 páginas hechas públicas este miércoles, se acusa al que fuera secretario privado de los papas Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, de entorpecer las investigaciones sobre presuntos casos de pederastia denunciados en su diócesis entre 1996 y 2009.
En uno de los casos referidos en el informe se explica que un sacerdote admitió haber abusado de al menos cuatro menores, pero sus superiores no se molestaron en investigar si hubo más agresiones y tampoco trasladaron a la Policía toda la información ofrecida por ese religioso.
En el informe, la juez Yvonne Murphy también critica al "número dos" de esa diócesis, monseñor Denis O'Çallahan, por "bloquear" denuncias y no seguir las directrices marcadas en 1996 por el Vaticano para abordarlas.
En este sentido, la juez elevó sus críticas hasta las más altas instancias de la Iglesia Católica pues calificó de "totalmente inútil" la posición de Roma respecto a las citadas directrices por explicar a las autoridades irlandesas que éstas eran, simplemente, "material de lectura".
En consecuencia, dice el informe, la actitud del Vaticano ofreció "carta blanca" a dirigentes como Magee, quien "ofreció apoyo y consuelo" a otros compañeros que, "como O'Callaghan", disentían de la posición oficial de la Iglesia sobre casos de abusos.
En 2009, otro informe también elaborado por Murphy, concluyó que en la archidiócesis de Dublín, la mayor del país, las autoridades católicas ocultaron el abuso de niños cometidos por curas entre 1975 y 2004.
Según decidió el pasado abril el Alto Tribunal de Dublín, algunos capítulos de este documento se mantendrán en secreto hasta que la Justicia dicte sentencia sobre el caso de uno de los sacerdotes citados en la investigación.
El pasado mes de mayo, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, William Levada, envió a todas las Conferencias Episcopales del mundo una circular en la que expresaba el deber de la Iglesia de dar una respuesta adecuada a los casos de abusos sexuales cometidos por los sacerdotes, mediante la aplicación del derecho canónico y, a la vez, teniendo en cuenta las leyes civiles.
Así, desarrolló una serie de "líneas-guía" para el tratamiento de los abusos sexuales, supervisado por un grupo permanente de trabajo en cada sede eclesiástica.
Las medidas se sumaron a las anunciadas por el papa Benedicto XVI el pasado verano, cuando introdujo el delito de pedopornografía para quien trafica con imágenes de menores de 14 años y elevó a 20 años la prescripción de estos delitos a partir de que la víctima haya cumplido los 18. Hasta ahora, estas infracciones caducaban a los 10 años.
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